Los servicios de seguridad en los muelles de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica de Costa Rica (Japdeva) fueron tercerizados a una empresa privada en medio de cuestionamientos sobre el análisis costo-beneficio, posibles vicios de inconstitucionalidad y la injerencia de la presidenta ejecutiva de la entidad en el proceso licitatorio.
El sábado 22 de octubre a las 6 a.m., una empresa privada asumió el control de los servicios de vigilancia y seguridad en las terminales Hernán Garrón Salazar y Gastón Kogan Kogan, operadas por Japdeva.
Aproximadamente 60 trabajadores de Japdeva fueron cesados de sus puestos, por la tercerización del servicio.
Según ha denunciado el Sindicato de Trabajadores de Japdeva y Afines Portuarios (Sintrajap), no se hizo el análisis de costo-beneficio, además de que la tercerización está costando ¢91 millones de mensuales, mientras que anteriormente la seguridad portuaria costaba ¢27 millones al mes, brindaba por la propia institución.
Sintrajap también denunció en días atrás que la única oferta de la empresa que se presentó al cartel fue declarada como infructuosa por parte de la comisión de licitaciones. Pero que la presidenta ejecutiva de Japdeva, Sucy Wing Ching, supuestamente “coaccionó” a dicha comisión técnica para que se corrigiera la decisión de declararla infructuosa y se le diera curso a la adjudicación.
Antonio Wells, secretario general de Sintrajap, dijo a UNIVERSIDAD que denunciaron penalmente a la presidenta ejecutiva de Japdeva e interpusieron un recurso ante un tribunal contencioso por supuestas irregularidades en el trámite de tercerización.
“El criterio de una comisión técnica recomendó a la junta directiva de Japdeva declarar infructuoso el cartel porque la empresa no cumple con los requisitos. Entonces la presidenta ejecutiva va a la comisión, donde ella no tiene que ir porque se vuelve juez y parte, llega a la comisión técnica tuerce brazos, coacciona, para pasar el asunto. Y después llegó a la junta directiva y lo aprobó. Esas irregularidades están ahí. Tenemos todas esas pruebas en el Contencioso”, añadió Wells.
Asimismo, el sindicato explicó que el trámite de tercerización tiene vicios de constitucionalidad, ya que un voto de la Sala Constitucional indicó que las actividades de seguridad nacional y control aduanero no pueden quedar en manos privadas, y la propia Ley Orgánica de Japdeva señala que la institución debe dar el servicio propio de resguardo y seguridad en la zona portuaria.
“Hay un voto de la Sala Constitucional reciente que dice que la seguridad de los puertos, aeropuertos y aduanas no puede ser pasado a manos privadas porque son potestades que tiene que tener el Estado; no puede delegarlo. Creo que están violando el fallo de la Sala Constitucional y también la ley de Japdeva”, detalló Wells.
Se trata del voto de la Sala Constitucional N° 2022016950, del 20 de julio de 2022, el cual señala: “La Sala entiende además que la concesión de las obras y servicios públicos a que se refiere este proyecto de ley, exceptúa todo aquello relativo a la seguridad nacional, control aduanero, migración y todo aquello que tenga que ver con funciones propias del Estado, las que son indelegables e irrenunciables y en modo alguno pueden quedar en manos privadas”.
Asimismo, Wells se refiere al inciso f del artículo 6 de la Ley Orgánica de Japdeva, que indica: “Como autoridad portuaria, corresponderá a Japdeva: f) Organizar servicio propio de resguardo y seguridad en la zona portuaria”.
Este medio consultó a Japdeva mediante su oficina de comunicación; pero la consulta aún se encontraba en trámite al cierre de edición.
Despidos habrían sido irregulares
La diputada del Frente Amplio, Rocío Alfaro, también reprochó la aparente intermediación de la jerarca de Japdeva a favor del oferente.
“Wing participó en una reunión de la comisión de licitaciones, donde no debería estar por ser esto un asunto técnico. Pero llegó para coaccionar las recomendaciones dadas y para que se corrigiera la decisión de declararla infructuosa. Por el contrario, darle curso a la adjudicación”, señaló Alfaro el pasado 8 de setiembre.
“Los trabajadores han sido despedidos de forma irregular”, afirmó Alfaro en un video difundido hoy.
“Le han entregado la seguridad nacional de nuestro país, de nuestros puertos, a una empresa privada que, según la información que tenemos, no ha cumplido con las especificaciones de un cartel que está cuestionado por razones constitucionales”, indicó la diputada.
“Vamos a tratar de gestionar todo lo que corresponda en términos de sus derechos laborales y la protección de la seguridad nacional de nuestro país”, agregó.
