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Tercera parte de los ahorros estimados de la Ley de Empleo Público en realidad provienen de regla fiscal

Así lo reconoció la exministra de Planificación Pilar Garrido, en una respuesta al exdiputado Pedro Muñoz, en cumplimiento de una sentencia de la Sala Constitucional para que la exjerarca brindara dicha información.

Aproximadamente una tercera parte de los ahorros proyectados por la aplicación de la Ley Marco de Empleo Público, en realidad, provienen de la aplicación de la regla fiscal, según una respuesta brindada por la exministra de Planificación Pilar Garrido al exdiputado Pedro Muñoz, a la cual UNIVERSIDAD tuvo acceso.

En el mismo documento, que Garrido tuvo que enviar el 8 de diciembre de 2021 en cumplimiento de una sentencia de la Sala Constitucional, se incluye la estimación de los ahorros por congelamiento salarial, tanto en el escenario original de la ley como en uno donde se excluyen las instituciones con autonomía y los Poderes de la República.

Los datos señalan que se trata del ahorro promedio anual durante la primera década; sin contemplar el ahorro por reemplazo de funcionarios que se contratan bajo la modalidad de salario global. Según las cifras; en el escenario original el ahorro era de 1,21% del producto interno bruto (PIB), mientras que en el de exclusión el dato fue de 0,74% del PIB.

“Como se había explicado en los documentos compartidos anteriormente, así como en otras comunicaciones de esta cartera, los ahorros consideran el efecto del congelamiento salarial que establece el escenario d) del artículo 11 de la Ley 9635, citado en el Proyecto 21.336. Se estima que, en promedio, este efecto representa alrededor de una tercera parte de los rendimientos potencialmente proyectados”, reconoció la ministra en el cumplimiento de la sentencia.

Al respecto, el economista e investigador Luis Paulino Vargas manifestó que habría que valorar si un ahorro financiero tan limitado valía la pena, teniendo en cuenta los altos costos sociales y políticos que implica:

“Si resulta que la tercera parte de los supuestos ahorros que la Ley de Empleo Público vaya a generar, en realidad provienen de la aplicación de la regla fiscal y del congelamiento salarial que la regla fiscal impone, ahí valdría la pena hacerse un cuestionamiento de todos los enormes costos en los cuales se ha incurrido para lograr este pequeño ahorro financiero que estaría generando la Ley de Empleo Público, porque para aprobarla no solamente se ha generado muchas tensiones sociales y políticas y mucho malestar entre un sector de la población, sino que se ha puesto bajo amenaza los principios más fundamentales en que se asienta el Estado costarricense y la institucionalidad pública y democrática de Costa Rica”, dijo el economista.

Igualmente, Vargas manifestó que, según el documento, se están proyectando ahorros “sobre la base de una hipótesis extrema” (“escenario d” de la regla fiscal), con congelamientos salariales por al menos una década:

“En realidad, esa opción es insostenible, generaría mucho malestar social y mucha presión política ya que provocaría una verdadera pauperización de las personas trabajadoras del sector público. Imposible sostener de esa forma los cuadros profesionales que las instituciones requieren. Es una apuesta al desmantelamiento y la parálisis”, advirtió Vargas.

Para esta nota no fue posible contactar a la exministra de Planificación Pilar Garrido, quien no contestó llamadas ni mensajes, a pesar de que estos tenían confirmación de lectura.

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