A finales del año pasado, científicos del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET) de la Universidad Nacional (UNA) denunciaron que más de 20 agroquímicos contaminan permanentemente las aguas de la laguna Madre de Dios.
Se trata de un estuario ubicado en Bataán, Limón, de relevante importancia biológica no solo porque alberga diversidad de especies de flora y fauna, sino precisamente por ser un sistema intermedio entre agua dulce y salada.
Este es un caso más que ilustra por qué es necesario un cambio en el ordenamiento legal que rige sobre la protección de los recursos naturales, que ahora reconocería que la naturaleza y los ecosistemas son titulares de derechos al igual que una persona.
Álvaro Sagot, abogado ambientalista que desde 2018 busca que la Sala Constitucional marque la pauta, explicó que de lo que se trata es de solventar el “seriesísimo” problema de la efectividad del derecho ambiental; es decir, que las leyes ambientales existentes no son suficientemente efectivas.
Él ha expuesto sus argumentos en una acción de inconstitucionalidad presentada contra la declaratoria de conveniencia del proyecto hidroeléctrico (PH) Diquís y en un recurso de amparo sobre la contaminación con mercurio en el sector de Crucitas de Cutris.
Según explicó, se trata de establecer limitaciones al uso de un territorio, terreno o propiedad, sin que tenga que darse una expropiación, de manera que no se pueda deforestar ni emprender procesos extractivos ni de contaminación de ningún tipo.
Tras la cumbre de Estocolmo en 1972 se introdujeron ideas como el principio precautorio y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Además, se creó la Ley Orgánica del Ambiente, la Ley de la Biodiversidad o la Ley de uso, manejo y conservación de los suelos.
“Pero parece que todo quedó en el papel; dicho de otra manera, estamos ante un seriesísimo problema de efectividad del derecho ambiental”, según Sagot. Esto lo confirma a la luz de la constante contaminación de ríos, mares o lagos, producto de las actividades agrícolas, como la industria piñera, la sobre explotación de los mares o la tala ilegal, así como la insistencia de algunos sectores en la minería (legal o ilegal) y en la exploración y explotación petrolera.
“El sistema económico -enfatizó Sagot- funciona con una visión totalmente antropocéntrica y economicista que da prioridad, a pesar de lo que dicen de las normas, a que no se ejecute o no sea efectivo ese derecho ambiental nacional”. De esa manera explicó que el reconocimiento de los derechos de la naturaleza lo que pretende es “hacer todo un vuelco”.
“Dentro del círculo de los que manejamos derecho ambiental, se llama ecologizar el derecho ambiental; también ecologizar las normas ambientales para que precisamente tenga que tomarse otra perspectiva en los juzgados para rescatar ese derecho que en realidad la naturaleza tiene, en la cual nosotros los humanos no es que estamos fuera, es que somos parte de ella. Esto es muy importante”.
Ya en América Latina se han dado pasos en esa dirección. La Constitución de Ecuador, promulgada en 2008, incluye un capítulo de “Derechos de la Naturaleza” y en su artículo 71 establece que “la naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos”.
En Colombia, en los años 2016 y 2018, se dieron sentencias en esa dirección. En el primer caso se reconoció al río Atrato como sujeto de derechos, mientras que en el segundo caso, que trató sobre el avance de la deforestación en la región amazónica del país, la Corte Suprema de Justicia reconoció a la Amazonía colombiana como sujeto de derechos.
“Cambiar el eje”
En 2011 las Madres de la Plaza de Mayo publicaron el texto La Pachamama y el humano, de Raúl Zaffaroni, entonces ministro de la Corte Suprema de Justicia de Argentina y actualmente juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
En una presentación del libro realizada en 2012, Zaffaroni explicó que el reconocimiento de los derechos de la naturaleza “no se trata de animalismo”; es decir, no se trata de “la protección al animal por meras razones de piedad”. También aseveró que tampoco se trata del ecologismo o el ambientalismo: “decir que tenemos que proteger a la naturaleza porque está a nuestro servicio y en consecuencia no podemos destruirla”.
De lo que se trata, según dijo, es de “cambiar el eje, no se trata de que la naturaleza sea para nosotros, nosotros estamos en la naturaleza, somos parte del planeta, de la Tierra, pertenecemos a ella. En consecuencia, tenemos el deber de interactuar con los otros entes de la naturaleza; es decir, convivir. Para eso necesitamos dialogar, y esta civilización soberbia no nos ha acostumbrado al diálogo”.
“La naturaleza también es persona”, aseveró y enfatizó que existen entes dotados de derechos que no son los derechos humanos. “La naturaleza tiene derechos y es persona, ¡caramba! no es fácil repensar el derecho desde este ángulo, repensar toda la doctrina jurídica desde este ángulo”.
Es claro que es una “soberbia de nuestra civilización industrial y postindustrial que me resulta irritante; una soberbia que pretendió colocarnos en la posición de únicos entes racionales. El resto, como no era racional, no recibía reconocimiento de titular de derechos”.
Ese deterioro de las condiciones de habitabilidad del planeta provoca conflictos que pueden fácilmente devenir en graves masacres, por lo que citó el caso de Sudán, “provocado por desertificación de gran parte del territorio, que obligó al desplazamiento de la población”.
Es así como en la medida en que la civilización “industrial, postindustrial, soberbia, narcisista” reconozca estos derechos de la naturaleza, coincidirá con “los valores de las culturas originarias y las culturas transportadas”, como la afrodescendiente.
Por eso destaca que “todo eso convive en nuestra América Latina” para que se dé “una nueva contribución al derecho constitucional comparado y al concepto del derecho”.
Sagot cree que es “verdaderamente fundamental hacer un vuelco de toda esa visión economicista y utilitaria que hemos tenido de la biodiversidad”.
Además, dijo que los ecosistemas no deben entenderse “como sitios a los que les podemos extraer y chupar todo y que todos los bienes son intercambiables, no interesan la vida, los bosques, los sistemas, ni los ríos, ni nada”.
De ahí que en un contexto de cambio climático y de protección de los bosques es necesario “ecologizar el derecho”; es decir, darle prioridad precisamente a los ecosistemas y al bosque.
Sagot aseveró que el proceso de cambio climático “se va a acelerar bastante por la generación de gases de efecto invernadero, porque en los bosques es donde se hace el proceso para fijar el carbono y se dan situaciones terribles, como los glaciares que empiezan a derretirse”. Por ello insistió en la idea del reconocimiento de derechos de la naturaleza y dijo que se trata en realidad de “redescubrir que todo está unido, que todo forma parte de un gran sistema dentro del cual estamos los humanos”.
