Televisora de Costa Rica S. A. accedió a pagar ¢3.724 millones por concepto de “tributos, intereses y multas”, luego de haber conciliado con el Estado una causa judicial donde la empresa estaba acusada de fraude a la hacienda pública.
La Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y Propiedad Intelectual informó mediante un correo electrónico que, como parte de la causa 08-000005-0618-PE, la televisora y la Procuraduría General de la República llegaron a una medida alterna al proceso judicial.
La empresa de televisión publicó además un campo pagado este 23 de diciembre donde anuncia la conciliación. Esta era una de las condiciones del acuerdo, informó la Fiscalía.
La Fiscalía acusaba a Televisora de la “no retención del impuesto a las utilidades”, explicó Tatiana Vargas, vocera del Ministerio Público, mediante un correo.
Esto se hizo “mediante la simulación de la venta de los activos intangibles (marcas) de televisora de Costa Rica a una sociedad pantalla, propiedad de la persona acusada, y así disfrazar las utilidades acumuladas como ingresos recibidos por venta de activos, los cuales no estarían sujetos al pago de impuestos”, señaló la vocera.
Según la acusación, Televisora de Costa Rica habría conformado una sociedad anónima bajo el nombre Television and Broadcasting Brand Managment S.A donde figura como accionista mayoritaria Olga Cozza de Picado.
Esta segunda sociedad de papel habría comprado derechos intangibles a Televisora de Costa Rica como las marcas comerciales, marcas de servicio y señales de propaganda.
La relación entre ambas empresas queda evidenciada en el propio sitio Teletica.com, que en sus Términos y Condiciones explica que sus marcas son “ son marcas registradas e imagen comercial de Televisora de Costa Rica S.A. o de Television and Broadcasting Brand Managment, S.A”.
Luego de la conciliación, la Fiscalía solicitará que el caso sea cerrado.
“Al ya haber sido cumplidos lo acuerdos, ahora procede que el Juzgado Penal dicte el sobreseimiento definitivo de la causa, ya que al cumplirse la reparación pactada, se extingue la causa penal”, señaló Vargas.
El caso fue inicialmente abierto en 2008 luego de un informe elaborado por la Administración Tributaria de Grandes Contribuyentes y la empresa alegó que sus conductas no constituían un acto ilícito. En 2011, la Fiscalía solicitó desestimar el caso y dos años después Hacienda solicitó que fuera reabierto.
La acusación original fue planteada el 26 de setiembre del 2015 y la audiencia preliminar para conocer los detalles fue agendada originalmente para julio del 2016. Sin embargo, fue postergada en varias ocasiones hasta finalmente celebrarse el 18 de noviembre, cuando se llegó al acuerdo.
Ante consultas de este medio, las autoridades de Hacienda señalaron que “como el caso se encuentra en sede judicial únicamente el Ministerio Público se puede referir al tema”.
