La Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) utilizó como referencia subastas realizadas en Estados Unidos, México, Honduras y Perú para determinar los precios base de las frecuencias de radiodifusión en Costa Rica, debido a la “falta de información clave” sobre el mercado local.
Así se señala en el oficio 08138-SUTEL-DGM-2025, titulado como Informe sobre la valoración económica del espectro para servicios de radiodifusión sonora y televisiva, en el que queda en evidencia que la entidad no tenía disponibles insumos esenciales sobre los posibles oferentes, como su capacidad de pago, los costos de inversión y operación, y la estructura de ingresos y gastos.
Ante esas carencias, la superintendencia, a cargo de este proceso por iniciativa del Gobierno, descartó diferentes modelos para estimar el precio del espectro para radio y televisión, optando al final por una metodología conocida como benchmarking, que se basa en realizar los cálculos a partir de referencias de otros países.
“Esta metodología presenta importantes ventajas, entre ellas, una menor complejidad en el cálculo e inmediatez de comprensión, así como la utilización de resultados objetivos, ya corroborados en otros mercados al corresponder a resultados de subastas ejecutadas y adjudicadas; ventaja muy relevante frente a los análisis que involucran gran cantidad de proyecciones y supuestos como en los modelos de costos”, dice el informe.
“Lo que se hizo fue eliminar de golpe y porrazo la industria nacional existente y no convocar nuevos oferentes. Se atenta, evidentemente, contra la libertad de expresión del país y la diversidad cultural”, Juan Manuel Campos.
El documento deja claro que no es común a nivel internacional que exista un cobro en los concursos de frecuencias de radiodifusión, por lo cual apenas se identificaron siete subastas en cuatro países. En el caso de radio, la Sutel logró localizar procesos en Estados Unidos, México y Perú, mientras que para televisión solo en México y Honduras.
“Y esos (son) mercados donde tienen inclusive un parque automovilístico que hace que la radio funcione, por ejemplo. Es muy delicado lo que se hizo y muy grave el punto al que llegamos”, dijo al respecto el abogado Juan Manuel Campos, especialista en regulación de telecomunicaciones.
Tras realizar el proceso de benchmarking, el informe señala que se siguieron varios pasos para hacer que los datos de referencia fueran comparables con “la realidad costarricense”, sin embargo, mientras se realizaban los cálculos, en el caso de la radiodifusión sonora, se llegó varias veces a conclusiones como que “los datos no siguen una distribución normal” o que “los resultados no son los recomendados”.
“Se concluyó que utilizar la base de datos completa para calcular un valor unitario promedio no resultaría adecuado, debido a la alta dispersión de los datos y a la presencia de observaciones atípicas. Por ello, se optó por aplicar un promedio simple al primer decil (una de las diez partes iguales en que se divide un conjunto de datos), el cual presenta la menor variación relativa y, en consecuencia, una mayor homogeneidad, lo que permite obtener un resultado más confiable y representativo”, señala el documento.
En lo que respecta a la radiodifusión televisiva, la Sutel determinó que la información recolectada de los únicos dos países analizados sí resultaba aplicable, por lo que se realizó un promedio del conjunto de datos.
Tras estos procesos, tanto para radio como para televisión, se incorporaron variables adicionales como la demanda de cada servicio o los plazos de concesión, entre otros.
Todo ello tuvo como resultado los exorbitantes precios base que impidieron la participación de decenas de emisoras y televisoras a lo largo y ancho del país.
El proceso licitatorio establecía, en tres concursos bajo la modalidad de subasta, costos iniciales que iban desde los $9.643 (unos ₡4.8 millones) para radio AM hasta los $1,6 millones (unos ₡800 millones) en el caso de la televisión. Para las frecuencias FM con alcance nacional, de tipo híbrido (IBOC), los precios iniciales estaban fijados en $386.102 (unos ₡195 millones). En televisión y FM había costos menores —aunque todos millonarios— si se ofertaba solo por regiones específicas.
En declaraciones previas a UNIVERSIDAD, la superintendencia había indicado que el cálculo de los precios se hizo a partir de la instrucción del Gobierno de que se considerara “el valor de mercado del recurso escaso”, además de que existe la posibilidad de pago en tractos y que la concesión es por 15 años, prorrogable por diez adicionales.
Estrepitoso fracaso
El informe referido de la Sutel indica que saldrían a subasta 30 canales de televisión, mientras que para radio se consideraron 50 emisoras para poner en concurso.
En sus conclusiones, el documento dice que los precios son razonables y que esta valoración “no establece una barrera de entrada que impida a los interesados presentar sus ofertas sino promover la competencia efectiva”.
Sin embargo, este lunes la entidad dio a conocer que apenas recibió 4 ofertas para canales de televisión, 20 para radio FM y únicamente 1 para radio AM. Es decir, que de concretarse la adjudicación solamente se asignaría alrededor de un 13% de lo disponible en televisión y un 42% de lo que estaba a disposición para radio.
En total, la superintendencia espera recaudar en este proceso impulsado por el Gobierno unos $9.8 millones (cerca de ₡4.900 millones), dejando apagadas decenas de emisoras y canales que ya confirmaron que no tuvieron la posibilidad de participar por los elevados costos.
Entre quienes se quedaron por fuera de la licitación están el Grupo Columbia, Radio Sinfonola, Radio Musical (incluye a Radio HIT), Onda Brava, Élite Radio, La Potente TV, Radio Santa Clara, Radio Sinaí, TV Sur Canal 14, TVN Canal 14, Cadena Radial Costarricense, Telefides y Canal 1, entre otros.
“Lo que se hizo fue eliminar de golpe y porrazo la industria nacional existente y no convocar nuevos oferentes. Se atenta, evidentemente, contra la libertad de expresión del país y la diversidad cultural”, manifestó Campos.
El abogado destacó que, pese a que existe una obligación respaldada por la Sala Constitucional de proteger “las diferentes variantes de la cultura”, en este caso no hubo una segmentación para dividir el concurso según los tipos de medios, como culturales, religiosos o comerciales: “Era el principio de un desastre anunciado y al final tuvimos un desastre ya formalizado”, dijo el experto.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara Nacional de Radio (Canara), Andrés Quintana, estimó entre 80 y 100 la cantidad de medios que no pudieron participar, contando radios y televisoras.
Quintana indicó que no solo existen barreras económicas, sino también técnicas, ya que se obliga a los operadores a instalar al menos 2 transmisores por región, que significarían 12 a nivel nacional, lo que dispararía las inversiones.
“Es algo técnicamente muy mal hecho, pero lo que hay que tener claro es que esa es la orden que tuvieron de Zapote, desde el Ejecutivo, que lo que querían era hacer algo que fuera muy caro para que no pudiéramos participar”, agregó el representante de Canara.
