El juicio contra Carlos Andrés Pérez, trabajador de la Refinería Costarricense de Petróleo acusado por supuesto atentato contra plantas conductoras de energía y de comunicaciones, se suspendió este viernes y continuará la próxima semana.
Así lo informó a UNIVERSIDAD el abogado defensor, José Miguel Villalobos. El litigante detalló que un familiar de uno de los testigos falleció y que por el estado de duelo, comprensiblemente, tuvo que posponerse la sesión, que estaba planificada para hoy.
Ayer, jueves, reinició el debate del caso, en el que se acusa al joven trabajador de sabotear las instalaciones de Recope en Moín (Limón) durante la huelga contra la reforma fiscal, que se llevó a cabo en setiembre del 2018.
Villalobos comentó que durante la jornada del jueves se escuchó a un testigo de Recope y uno de la Fuerza Pública y que están pendientes los testimonios de dos testigos de la fiscalía, uno de la defensa, la incorporación de la prueba documental y las conclusiones, por lo que esperan que el proceso termine el próximo viernes inclusive con la lectura del «por tanto».
Según la acusación, Pérez fue visto «huyendo» de la planta después de que una válvula de una esfera que guardaba gas LPG fuera dañada, justo cuando un barco se disponía a descargar el producto.
En noviembre del 2018 el Tribunal de Flagrancia de Limón le impuso a Pérez una pena de 2 años de prisión, negándole la libertad condicional e imponiendo seis meses de prisión preventiva mientras quedaba en firme la sentencia. Además, le inhabilitó por 10 años la posibilidad de laborar en el sector público.
En noviembre del 2019, sin embargo el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José anuló la sentencia y señaló anomalías en el proceso, obligando a realizar nuevamente el juicio.
El abogado defensor y la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP, que le ha respaldado a lo largo de todo el proceso), han afirmado en varias ocasiones que consideran que el proceso no es más que un inteno de penalizar la protesta social y de criminalizar al sindicato, pues no hay evidencia que vincule a Carlos Andrés con el delito que se le impugna y la acusación está «mal tipificada» desde sus orígenes.
«La posición de la defensa es que no hay ninguna prueba que determine la participación de mi representado en los hechos; segundo, que el tipo penal está mal redactado desde su origen en el año 70 y tercero, que los hechos tampoco se pueden probar en cuanto al peligro para la seguridad común», dijo Villalobos.
Albino Vargas, de la ANEP, le dedicó unas palabras al joven en un video divulgado por la organización. «Estamos con usted, Carlos Andrés. No se preocupe, usted es inocente. Esto es una lucha de clases que se ha venido dando del 2018. Estamos con usted y esto es parte de la criminalización de la protesta social de este gobierno que ha llevado ante los tribunales a muchos compañeros y compañeras del sector social que han estado en las calles. Carlos André, nuestro respeto, nuestra solidaridad y nuestro apoyo», dijo el dirigente.
Vargas afirmó que Pérez es un «perseguido político del nefasto gobierno de Carlos Alvarado Quesada» y que afronta el proceso «con la frente en alto, con un gran orgullo obrero, con una lucidez desde el punto de vista de que estuvo y ha estado siempre del lado de la justicia» pues su causa es justa.
