El Directorio de la Asamblea Legislativa acordó suspender el servicio de bocadillos y alimentación del Congreso que abastece al cafetín del Plenario y a otras actividades protocolarias.
La decisión se tomó tras recibir criterios técnicos de la Proveeduría y el Departamento Financiero del Congreso, entidades que encontraron errores en el financiamiento.
La presidencia legislativa indicó que estas entidades hallaron irregularidades porque las inversiones se han venido costeando a través de la “caja chica” de la Asamblea, a pesar de que las normas de control interno piden que ese mecanismo únicamente se utilice para “gastos imprevisibles, urgentes y de bajo monto”.
La decisión empezará a regir a partir del próximo 18 de febrero y hasta la realización de una nueva contratación del servicio; sin embargo, la presidenta legislativa, Carolina Hidalgo, instó a los diputados a analizar la posibilidad de hacer un “cierre total” de los servicios de bocadillos que se ofrecen del cafetín.
Al respecto, Hidalgo señaló que el servicio de compra de bocadillos para el cafetín es “un gasto millonario que cada año se paga con recursos públicos”, el cual -desde su punto de vista “debería ser eliminado”.
Según la jerarca, esto iría en consonancia con las medidas de transparencia y austeridad planteadas por el Congreso, de forma que se pueda “seguir dando ejemplo a la ciudadanía”.
El Directorio del Congreso señaló que sólo en 2018 la Asamblea Legislativa presupuestó gastos por ¢30 millones en los servicios de cafetería del Plenario legislativo; además de unos ¢50 millones en alimentación para actos protocolarios.
Aparte de la oficialista Carolina Hidalgo, el Directorio legislativo lo componen el primer secretario Luis Fernando Chacón. del Partido Liberación Nacional (PLN), así como la segunda secretaria Ivonne Acuña, del bloque de diputados independientes Nueva República.
Ahora, la nueva contratación deberá realizarse bajo los procedimientos del Sistema de Compras Públicas (SICOP), un proceso que los diputados del Directorio acordaron iniciar de inmediato.
Para ello, el Congreso deberá definir los detalles del cartel para realizar la licitación, en el cual podrían realizar cambios sustanciales si así lo quisieran.
Según el director ejecutivo de la Asamblea, Antonio Ayales, el servicio ahora quedará suspendido mientras se saca la licitación y esta se termina de adjudicar, por lo que “sería muy difícil precisarlo”.
“Puede haber apelaciones y podemos hablar de seis a ocho meses, que puede ser un plazo razonable”, indicó.
Además, explicó que la suspensión es únicamente para la compra de bocadillos, en vista de que las contrataciones más básicas, como aquellas relacionadas con el café, los refrescos y las galletas, están vinculadas con otros procesos.
