Un borrador de estudio de razonabilidad de precios de cara la contratación por parte de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) de cooperativas y una asociación para administrar diez áreas de salud fue rechazado como prueba en el caso Barrenador la mañana de este miércoles por el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública.
Ese Tribunal conduce una audiencia de apelación de las medidas cautelares impuestas a la Junta Directiva de la CCSS
Se trata de un documento dado a conocer hoy por el medio Multimedios, en el que se dijo que fue elaborado por el Área de Contabilidad de Costos de la Caja y que “no se encuentra por ningún lado los ₡12.400 millones de supuesto sobreprecio”.
Un aspecto curioso de ese reportaje es que consigna que el borrador fue enviado a los miembros de la Junta Directiva de la CCSS desde el 19 de marzo de este año, lo cual significa que desde entonces hasta el momento de votar la contratación, el sábado 6 de julio, pudieron haber preguntado por ese aparente borrador inicial.
En todo caso, desde el Ministerio Público al respecto se informó que la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) aclaró que la documentación que sustenta la investigación y que ha sido analizada por entes técnicos y por la Contraloría General de la República (CGR), “ha sido obtenida por medios oficiales”, como lo es el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), “donde se tiene un documento con fecha de 8 de abril del 2024, con ampliación del 10 de abril del 2024, que corresponde al único Estudio de Razonabilidad de Precios que ha formado parte de la licitación”.
Precisamente la información oficial que consta en Sicop muestra “el procedimiento de compra conocido por la Junta Directiva, según se consigna en sesión pública”.
La Fiscalía verificó la información con la Dirección Financiera de la CCSS, desde la cual se informó que “los documentos formalmente emitidos por esta Dirección y el Área de Contabilidad de Costos en relación con la licitación 2023LY-000002-0001101142 son los que constan en SICOP, no existe documentos previos oficiales en torno a este tema”.
Al momento en que el mencionado borrador fue rechazado como prueba, el Ministerio Público ordenó su secuestro “para investigar su proveniencia, análisis e investigación en el proceso penal”.
