La empresa LGC Ingeniería de Pavimentos S.A. obtuvo contrataciones en 15 municipalidades, concentradas mayoritariamente en la provincia de San José (cuatro) y Puntarenas (tres, dos de ellas en la zona Sur).
UNIVERSIDAD realizó una revisión de datos de los años 2014 al 2021, utilizando la información pública en la Contraloría General de la República y el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), la cual arrojó grandes diferencias de los montos reportados como adjudicados entre ambas bases de datos. CGR reporta contratos por ₡391 millones y Sicop reporta contratos por más de tres veces ese valor, como se señala en una tabla adjunta.
Los datos se revisaron a partir de las acusaciones que el Ministerio Público le imputa preliminarmente al dueño de LGC, el ingeniero Luis Guillermo Chavarría Bravo, quien sostuvo comunicaciones con empresarios de Also Frutales S.A., empresa vinculada filialmente a la gran constructora H Solís, una de las principales investigadas del caso “cochinilla”. El dueño de Also Frutales, Alejandro Acosta es cuñado de la empresaria Mélida Solís.
En la revisión de datos, el incremento de los contratos que aparecen en Sicop responde mayoritariamente a dos contrataciones que el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) le dio a LGC para la supervisión de obras de Meco en San José y en Puntarenas de H Solís.
Otra de las sumas que se presta para la diferencia de los montos es un contrato con la Municipalidad de Carrillo en Guanacaste, que Sicop señala ocurrió en el 2020 por ¢56 millones. Se enviaron correos al alcalde y a proveeduría municipal para recibir declaraciones del caso, pero no se recibió respuesta al cierre de este artículo.
También se encuentran variaciones en una contratación por demanda del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) que, vía electrónica, afirmó que se contrataron servicios de laboratorio a LGC por ₡58,5 millones y ₡20,4 millones, con dos contratos en el 2015 y 2017 respectivamente. La CGR únicamente señala un contrato del 2015 por poco más de ₡2 millones; el ICE asegura que no sabe por qué los datos del ente contralor no se ajustan a las demandas de más servicios.
“Las contrataciones citadas constaban de 35 pruebas de laboratorio –para la primera– y 41 –para la segunda–. Todas tenían el objetivo de evaluar los componentes utilizados en la construcción del Proyecto Sifón–La Abundancia, en el que el ICE brindó un apoyo en la supervisión”, explicó el ICE a este semanario.
El caso de Sifón-La Abundancia es uno de los tramos de la carretera a San Carlos de los cuales también se han mencionado atrasos constructivos y abandonos en distintas administraciones.
En el caso de las municipalidades que se consultaron para este artículo, varias de ellas acusaron que las diferencias entre las cifras enviadas en razón de que el uso de Sicop fue estandarizado inclusive hasta el año 2020.
Sarapiquí, San José y Cartago: las “munis” que erogaron más dinero
Las otras tres municipalidades con erogaciones más altas para la investigada consultora LGC fueron consultadas sobre la información desplegada en CGR y Sicop.
De estas, la Municipalidad de San José confirmó que se le contrató para la verificación de los materiales de la mezcla asfáltica por ¢37,8 millones, en el 2018; y, en consorcio con el ingeniero Gabriel Vargas, una contratación por demanda en el 2020, misma que continúa vigente. Vía correo electrónico, el proveedor de la Municipalidad de San José, Gerardo Chavarría, enumeró que desde el 2010 la Municipalidad de San José obtiene su mezcla asfáltica de la empresa constructora Meco.
En el caso de Cartago, este semanario tampoco recibió respuesta a la solicitud de declaraciones enviada a los correos de la alcaldía y la proveeduría.
Los contratos enumerados en Sicop en CGR suman ₡37,1 millones, son dos contrataciones por demanda para “control de calidad de los materiales y procesos constructivos” de vías en el cantón central de Cartago.
