Escombros que no se sabe a dónde van a dar, asfalto donado sin mayores detalles o permisos y una que otra “falta a la verdad” es lo que ha encontrado la supervisión de la ruta 27 en los informes ambientales sobre la operación de esta carretera concesionada.
Además de errores de forma, con información que la supervisora ya ha alertado como incorrecta y que se vuelve a repetir en informes sucesivos, Getinsa halló que los rubros del Plan de Gestión Ambiental (PGA) no se cumplen y no se presentan pruebas de lo que el regente ambiental de proyecto afirma en sus reportes.
Como primer ejemplo, la supervisora reporta que en el PGA se indica que “No se cuenta en estos momentos con sitios de acopio temporal (para los residuos del perfilado de asfalto) en el área del derecho de vía”, aunque las evidencias de campo y la misma bitácora ambiental del mes anterior señalan que sí se estaba acopiando este “perfilado de asfalto” en el derecho de vía.
En el caso de la infiltración de líquidos contaminantes, los informes ambientales dicen que no se tienen bodegas dispersas con estos materiales en el proyecto, pero la supervisión dice otra cosa: “Esto es falso por cuanto los contratistas que hacen labores en los taludes establecen bodegas en los frentes de trabajo. En los IRA (Informes de Regencia Ambiental) de setiembre y octubre el mismo regente coloca fotos de las bodegas de uno de los subcontratistas”.
“El regente acepta en los IRA que la mayoría de los planes y monitoreos ambientales no se encuentran activos. Al respecto genera una No Conformidad (NC) por incumplimiento en la realización del monitoreo de calidad de aguas”, añade el documento en el cual se indica que esta es la primera vez que el regente ambiental apunta una “No conformidad” en sus reportes.
Según Getinsa, el propio regente ambiental del proyecto acepta que existen incumplimientos desde el punto de vista ambiental en la obra, pero no deja claro las medidas a tomar en cada caso, los responsables y los plazos.
La empresa que vigila la concesión de la ruta 27 halló también que los Informes de Regencia Ambiental hasta el mes de junio no se incluyeron indicadores de cumplimiento. “También se debe anotar que la concesionaria no ha presentado monitoreos ambientales aparte del monitoreo de aguas subterráneas”.
“También en la tabla del PGA indica que se cumple con indicadores que requieren hasta 30 visitas al mes, cuando el regente indica en la bitácora que realizó cuatro visitas en el mes de octubre”, añade.
La supervisora encontró que no hay planes de acción en el manejo de los materiales que caen con los deslizamientos ni con el “perfilado de la capa asfáltica” y señala que estos residuos se están depositando tanto en el derecho de vía como en fincas privadas, sin ninguna mitigación ambiental.
El asfalto que se retira con la labor de perfilado, señala la supervisora, es un material propiedad del Estado, sin embargo, la concesionaria se lo ha estado donando a municipalidades sin presentar ningún permiso para hacerlo.
“La Concesionaria no lleva un control de volumen ni de quién tiene acceso al material, de manera que no es posible determinar el paradero y uso del material generado lo cual puede resultar en impactos ambientales imprevistos o daños ambientales”, apunta el documento.
Al respecto, el informe vuelve a calificar de “falso” lo informado por el regente ambiental, quien dice que el material de corte de asfalto queda “almacenado y controlado”, cuando la supervisora verificó que se deja a la intemperie sobre el derecho de vía.
