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Supervisora acusada de informes falsos obtuvo adjudicaciones por más de ¢821 millones desde Conavi

Recibió contratos en consorcio para inspeccionar obras del Conavi, Proveeduría advirtió que uno excedía en ₡369 millones presupuesto asignado. LGC Ingeniería de Pavimentos aparece vinculada a Also Frutales en presunto fraude de “cochinilla”.

La supervisora investigada y acusada dentro del caso “cochinilla” LGC Ingeniería de Pavimentos S.A., mantuvo cinco contrataciones con el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) desde el 2014 al presente, para un total de ₡821,6 millones.

De esta cifra, cuatro fueron adjudicados en el 2018, según datos del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop). Pero el 52% proviene de un único contrato al que Proveeduría del Conavi advirtió un exceso de ₡369 millones sobre el presupuesto asignado para su primer año, señalamiento que no frenó contratar al consorcio liderado por LGC para los siguientes tres años, con la supervisión de obras de Meco en San José (investigada y acusada por Fiscalía).

El dueño de LGC, Luis Guillermo Chavarría Bravo, figura preliminarmente imputado por los delitos de “estafa y falsedad ideológica” junto a dos empresarios de Also Frutales S.A., su dueño Alejandro Acosta Mora (cuñado de Mélida Solís, la empresaria imputada por delitos de corrupción de H Solís) y Juan Carlos Abarca Quesada.

“LGC emitió un informe favorable sobre el material, basado en información falsa porque el material analizado no correspondía al utilizado por la empresa, sino a un material que sí cumplía con las exigencias cartelarias”, expediente 19-000025-1218-PE.

El caso narrado por el expediente 19-000025-1218-PE dice que estos tres hombres y un colaborador “(…) de nombre Byron, indujeron en error a la empresa supervisora VIETO, para así obtener aprobación para la colocación de material en la ruta 145 (que comunica Abangares y Tilarán en Guanacaste) en favor de la empresa Also Frutales. Por lo tanto, mediante la simulación de hechos falsos, la empresa LGC emitió un informe favorable sobre el material, basado en información falsa porque el material analizado no correspondía al utilizado por la empresa, sino a un material que sí cumplía con las exigencias cartelarias dispuesto premeditadamente para dichas pruebas”.

Esta acusación del Ministerio Público también suma en el expediente que Abarca Quesada y Chavarría Bravo, en mayo del 2020: “a fin de encubrir los errores constructivos e irregularidades de la ejecución de los proyectos, dieron dádivas a los técnicos de laboratorio de VIETO no identificados y administradores viales, a fin de que estos manipularan los ensayos y emitieran informes favorables para generar los pagos en favor de la empresa Also Frutales”.

En el 2018 el Conavi adjudicó la licitación 2017LA-000009-0006000001 al consorcio Consorcio MSD Consultores y Constructores S.A. – Fonvar S.A. – LGC Ingeniería de Pavimentos S.A, cuya representación legal ante la administración la tenía Luis Guillermo Chavarría Bravo.

Este contrato le aseguró a la empresa de Chavarría la verificación de calidad de la ruta 606 en Puntarenas, entre los distritos de Guacimal y Monteverde. Precisamente esta ruta entronca, en Tilarán, con la ruta 145 sobre la cual tenía intereses económicos la empresa Also Frutales. LGC tiene uno de sus laboratorios fijos en Abangares de Guanacaste, cerca de la planta asfáltica de H Solís.

Por otro lado, la licitación 2017LA-000016-0006000001 señala que LGC formaba parte de otro consorcio encargado de la “verificación de la calidad, topografía, cálculo e inspección, de la Ruta Nacional No. 121” (que comunica a Santa Ana con Ciudad Colón). Esta contratación por ₡429,8 millones fue la que recibió las observaciones de la Proveeduría del Conavi porque la Dirección Financiera únicamente certificó ¢60 millones para el año 2018.

De acuerdo con una revisión de UNIVERSIDAD, LGC fue contratada como laboratorio y supervisora de proyectos viales por 15 municipalidades y otras ocho instituciones públicas. Entre ellas están Conavi, el Ministerio de Transportes Públicas y la Dirección de Aviación Civil, lista que se puede revisar en el artículo Supervisora imputada por “cochinilla” tenía contratos en 15 municipalidades de la GAM, Puntarenas y Zona Sur.

Supervisión de obras del Conavi en Guápiles, a cargo de LGC, en el 2017. LGC instaló un laboratorio temporal en la planta de mezcla asfáltica de la empresa Meco, encargada de esas obras. (Foto: tomada del sitio web de LGC).

Asimismo, el expediente señala que LGC tiene vínculos con dos personas parte de las “puertas giratorias” del sector público: el analista de contrataciones de Conavi Harold Obando (trabajó en LGC entre 2006 y 2009) y Jeffrey Ramírez Chaves, que trabaja para LGC pero también laboró para el MOPT.

Conavi justificó ₡429,8 millones, pero en 2020 pidió 50% más.

Un caso del 2018 demuestra que Conavi adjudicó la supervisión de LGC a un plazo de tres años, sobre un proyecto ejecutado por Meco y por el cual, en el 2020, pidieron 50% del monto original. El consorcio estaba conformado por MSD Consultores y Constructores S.A. Corporación Vane S.A – LGC y representado por el dueño de esta última, Luis Chavarría.

Se consultó a prensa de Conavi sobre este caso de contratación durante el martes, antes del cierre de este artículo. También se informó sobre el tema al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

El caso se relaciona con los fenómenos de contratación denunciados por el expediente “cochinilla” que, además de la concentración de contratos en empresas relacionadas a Meco y H Solís, también incluyen malversación de partidas públicas y el incremento de obras públicas por eventos no planificados.

Para la licitación 2017LA-000016-0006000001, el Sicop registra que

la asesora legal de Proveeduría del Conavi, Sylvia Morales, llamó la atención de que la Dirección Financiera de la institución emitió “una certificación por la suma de ¢60.000.000,00; la cual resulta insuficiente respecto del monto adjudicado al Consorcio” en mayo del 2018, diez días después de la instalación del último Gobierno.

La Gerencia de Construcción de Vías y Puentes respondió que para ese año las obras durarían 6 meses en ejecución, por lo que tendrían una “ejecución presupuestaria promedio por mes de ¢9,5 millones (…) tomando en cuenta los 429 millones adjudicados del contrato de consultoría y además considerando los 45 meses de ejecución de todo el contrato de obra, aproximadamente se estaría ejecutando el monto de ¢57 millones en el año 2018”. El documento fue firmado por Pablo Contreras, gerente a.i.

No obstante, El Sicop también registra que para abril del 2020 la Gerencia pidió ampliar el contrato por otros ​​₡219,7 millones, alrededor del 50% del monto original.

Según la solicitud, se debían aumentar “cantidades y plazos con el fin de contar con los servicios de consultoría adecuada, esto se debe al método constructivo que está ejecutando la empresa Meco que consiste en la ejecución de más de un puente en construcción al mismo tiempo, contrario a lo que establecía el cartel de licitación”. De acuerdo con Sicop, la solicitud de incremento del contrato fue negada por el mismo Pablo Contreras.

“La modificación es originada por causas imprevisibles, al momento de iniciar el procedimiento. Las cuales no se pudieron prever pese a haber adoptado medidas técnicas y de planificación mínimas cuando se definió el objeto de la contratación. Es la mejor forma de satisfacer el interés público”, dice la justificación del incremento que no aparece aplicado.

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