La jefa de la Superintendencia General de Valores (Sugeval), Ana Lucía Fernández, realizó esta tarde una serie de recomendaciones a los diputados para evitar que se repitan eventos como el polémico ‘caso Aldesa’, la supuesta estafa que habría realizado dicha corporación a unos 500 clientes que invirtieron alrededor de $200 millones en proyectos inmobiliarios.
Fernández compareció este jueves ante los diputados de la Comisión para el Control de Ingreso y Gasto Público, quienes le convocaron para hablar sobre el caso y las posibles responsabilidades de Sugeval como entidad que supervisa (o supervisó) varias ramificaciones de Aldesa en materia de valores.
La superintendente comentó que la Sugeval solo regula las operaciones de Aldesa Puesto de Bolsa, Aldesa Sociedad de Fondos de Inversión, Aldesa Titularizadora y Aldesa Fideicomisos; pero que los hechos que ahora son cuestionados no se habrían realizado directamente a través de estas entidades, sino de organismos no regulados.
Al respecto, Fernández comentó que todas las entidades reguladas cumplieron con los requisitos de la Superintendencia, pero que los acuerdos privados que realizó el resto del Grupo Financiero Aldesa escapaban sus límites jurisdiccionales.
“La Sugeval no regula las actividades económicas de las empresas no financieras de este grupo y tampoco dispone de información financiera auditada de ellas que permita conocer con fidelidad la situación financiera de ese grupo económico”, comentó la encargada.
Ante esta situación, Fernández explicó que es importante realizar reformas estructurales a la Ley Reguladora del Mercado de Valores, pues la legislación actual implica que la Sugeval solo puede regular la intermediación pública (no privada).
Es decir, quedan por fuera las operaciones más riesgosas, como las inversiones que presuntamente ofreció el Grupo Aldesa a inversionistas sin alertar sobre el estatus de complejidad de las mismas.
“Entonces es muy importante que, si se identifica una mayor proporción de actividades de captación, como en este caso, de financiamientos, que la ley misma pueda decir cómo se pueden tipificar y que estos deben cumplir los mismos niveles de revelación de información, registro ante la superintendencia y tener sanciones, porque si no le ponemos sanciones no hacemos nada”, describió.
Asimismo, Fernández destacó que se debería realizar una reforma para agregar sanciones a auditores externos, como los que realizan los estados financieros; así como para los asesores de inversión, quienes pueden plantear negocios cuestionables o delictivos, pero cuyas “responsabilidades hoy no existen y no tienen sanciones”.
Estas son reformas en las que ya trabaja la Sugeval, según comentó la funcionaria, aunque también aprovechó para señalar que ya existen algunos proyectos en la corriente legislativa con avances en la materia.
Entre ellos, recordó el expediente 21.293 (sobre información para regulaciones) y el expediente 21.355 (de supervisión más amplia de las empresas reguladas).
Sugef: Hay viejas recomendaciones
En la comparecencia de este jueves también se apersonó el jefe de la Superintendencia General de Entidades Financiera (Sugef), Bernardo Alfaro; quien hizo especial énfasis en el expediente 21.355, que reforma a la Ley Orgánica del Banco Central y la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional.
En esa línea, Alfaro señaló que este es un proyecto que nace de viejas recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), las cuales ahora han sido rescatadas en el proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Sobre esta iniciativa, el superintendente señaló que responde a un vacío importante de los entes supervisores, quienes hoy tienen debilidades para la fiscalización integral de los grupos financieros en su totalidad.
“La OCDE dijo que esto urge remediarlo y por eso elaboramos este proyecto porque yo puedo tener dentro de un grupo financiero muchas operaciones. La Sugef, por ejemplo, tiene entidades fiscalizadas en las que tiene la potestad plena de ir al campo a ver cómo están y expulgar lo que los inspectores deseen, pero hay empresas que son parte de esos grupos financieros que no son entidades fiscalizadas”, describió.
Alfaro además indicó que su superintendencia no tenía nada que ver con las supervisiones de Aldesa, pues esa corporación “no tiene operadora de pensiones, no tiene intermediación financiera, ni comercializadora de seguros; pero sí un puesto de bolsa y una sociedad administradora de fondos de inversión, ambas de competencia de Sugeval”.
Sugeval se desmarca de ‘caso Aldesa’
Para la superintendente de Valores, el ‘caso Aldesa’ ilumina la necesidad de ampliar el marco legal y la regulación nacional.
Al respecto dijo que la Sugeval actualmente supervisa únicamente “la oferta pública de valores y los servicios de intermediación”, pero no así la oferta privada y que “no puede realizar actuaciones más allá de las expresamente permitidas por el marco normativo vigente”.
Al respecto, comentó que sería buena idea recuperar alguna propuesta de ley “para regular que en los casos de oferta privada de valores se dé una advertencia al inversionista cuando no está dentro del ámbito de la supervisión”, es decir, cuando realiza operaciones riesgosas.
Este, dijo, es un proyecto que ya se había presentado antes, pero que fue archivado por el Congreso en administraciones pasadas.
Ambas situaciones servirían para impedir que entidades reguladas ofrezcan servicios de inversión de alto riesgo a través de otros operadores de la misma empresa, como se sospecha que ocurrió con Aldesa.
Sobre el ‘caso Aldesa’, la superintendente señaló que la entidad ya atiende 17 denuncias contra Aldesa Corporación de Inversiones, todas recibidas desde febrero pasado. De ellas, 14 estarían relacionadas con los servicios de intermediación de puestos de bolsa y otras tres con inversionistas directos.
Sobre esas denuncias, dijo que “es importante recordar que Sugeval no cuenta con potestades legales para ordenar la devolución de dinero o el resarcimiento de daños y perjuicios, sino que únicamente puede interponer sanciones previstas en los artículos 57 o siguientes de la Ley Reguladora (vigente)”.
No obstante, subrayó que “de determinarse que los hechos no constituyeran infracciones al mercado de valores pero si existen evidencias de actividades delictivas, todo se remitirá al Ministerio Público, como entidad competente”.
El caso Aldesa:
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