El tope de usura mantiene atorada a la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa. Los once diputados discuten la metodología que definirá las calidades del delito de la usura, en el expediente 20.861.
El último tropiezo llegó este martes, al mediodía, en la forma de un nuevo criterio de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef). Sugef sugiere subir el tope de usura al 45% (en diciembre, la misma entidad propuso un 42,3%) y, además, separar a los microcréditos con su propia tasa límite, de casi 61%.
Sugef reconoce los microcréditos como financiamientos que no excedan los ¢18 millones (40 salarios base) y que los soliciten “pequeños productores agropecuarios, microempresarios o emprendedores”.
La última metodología de la Sugef fue solicitada por el diputado Otto Roberto Vargas, opositor del proyecto de ley.
“Aquí nunca hemos discutido los microcréditos. El 18 diciembre, yo mandé una carta a la Sugef para que don Bernardo Alfaro (el superintendente) me diga cómo se manejaría el tema y que cuál cree que es la tasa aproximada para los microcréditos”, explicó Víquez sobre el trámite.
Durante la discusión, los diputados Vargas, del Partido Republicano Social Cristiano y María Inés Solís, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) defendieron los atrasos.
Solís citó como su preocupación la posible exclusión financiera: es decir, el criterio manifestado por la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) contra el proyecto de ley. La diputada explicó que, para asistir a la sesión, tuvo que pedir el espacio del diputado Rodolfo Peña.
“Voy a seguir dilatando porque me parece irresponsable aprobar este proyecto. Voy a seguir dilatando hasta que no tengamos todos los insumos para no sacar del mercado, para no quitarle las posibilidades de crédito a esas personas que se tendrían que ir”, aseguró Solís.
Antes de la aparición del documento, Hacendarios tenía pendiente un acuerdo para convocar una audiencia con tres jerarcas: el presidente del Banco Central (BCCR) Rodrigo Cubero; el superintendente de Sugef, Alfaro; y el presidente del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), Alberto Dent. El nuevo criterio de Sugef suspendió las audiencias hasta la próxima semana.
Seis diputados —Laura Guido; Welmer Ramos; José María Villalta; María Vita Monge; David Gourzong y Gustavo Viales —mostraron disgusto por la interrupción que causó el documento; en tanto la Comisión trabajó por dos semanas con la Sugef para consolidar la metodología del 42% como referencia del proyecto.
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Diputada Solís quiere un consenso
A principios de diciembre, el expediente 20.861 recibió un total de 42 mociones (27 mociones fueron presentadas por la socialcristiana Solís para que el BCCR fije la tasa de usura).
Tras el volumen de esas solicitudes de cambios del texto, la presidencia de la Comisión suspendió sesiones por dos semanas para organizar, en su lugar, una mesa de trabajo con Sugef, BCCR, Banca para el Desarrollo y, también, la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Costa Rica.
Después del receso de fin de año, los diputados regresaron a trabajar con los insumos de las cuatro instituciones.
“No puede ser que tengamos dos meses sin poder avanzar en otros temas porque no hay voluntad de acercarse a dar un resultado. Las mociones son dilatorias del debate y el único objetivo que tienen es que no se pueda dictaminar”, acusó la diputada Laura Guido del Partido Acción Ciudadana (PAC).
La diputada socialcristiana María Inés Solís aseguró que podría quitar sus mociones en el momento que la Comisión llegue a un consenso.
“Quiero ver esa moción, ¿dónde está la moción para dictaminar hoy? No existe la moción de consenso, doña Laura. ¿O será que me la tienen escondida a mí, que solo puedo venir cuando me dan una sustitución?”, increpó Solís a Guido.
“Esto no está dictaminado porque no tenemos insumos necesarios para no sacar al más pobre del sistema financiero formal, por eso seguimos dilatando. Quiero que sea una decisión responsable”, afirmó la socialcristiana.
El diputado Otto Roberto Vargas defendió el criterio técnico del BCCR (que propuso penalizar la usura en las tasas de crédito superiores al 57%).
“Yo no estoy en contra de que los costarricenses paguen menos intereses. Estoy a favor de que tomemos una decisión justa, que no vaya a dejar a un sector vulnerable fuera de ser sujeto de crédito. ¿Quién va a financiar al sector informal de este país?”, apoyó a Solís en el debate.
Diputados denuncian retrasos en dictamen
Para la mayoría de diputados en Hacendarios, la discusión busca el retraso del dictamen.
Los diputados Gourzong y Ramos tuvieron una reunión con el superintendente de Sugef durante el jueves 16 de enero. Gourzong afirmó que, ese día, hablaron de mejorar la tasa de usura y bajar el porcentaje “para que la tasa de usura no fuera la tasa en condiciones de extremas de estrés” (o sea, en los escenarios más costosos para los bancos y entidades).
“Qué pena me da este informe de don Bernardo Alfaro, lo consideraba más formal y serio”, dijo Gourzong.
Ramos también cuestionó el cambio de criterio de Alfaro, quien anteriormente estuvo anuente a bajar la tasa.
“¿En cuál cita que se le haga a un funcionario, en la cuarta o quinta, en cuál le creemos para tomar decisiones nosotros? Si le damos la larga, vamos a llegar a una tasa del 100%, a como lo veo yo”, dijo Ramos.
Por su parte, Villalta denunció que “el sector banquero ha logrado que el tema se quede en la Asamblea Legislativa” y urgió el dictamen del proyecto porque, aunque existe el delito de usura en el Código Penal, “se redactó de forma tal que nadie se le condena (por el delito)”.
“Esta Asamblea ha avanzado a muchos temas porque no hemos recurrido al obstruccionismo que se le está aplicando a este proyecto”, explicó Villalta.
La secretaria de Hacendarios, la diputada María Vita Monge (PUSC) aseguró que se opone a “permitir legalizar la usura” con las cifras del BCCR.
“Me duele ver que esos principios socialcristianos se están quedando de lado porque estamos protegiendo a una sola parte de la sociedad. No nos deja bien como partido, como socialcristianos”, advirtió a su compañera de fracción, Solís.
“No es justo. No podemos legalizar la usura. No es justo”, reiteró.
