Economía del Covid-19

Sugef pide atrasar proyecto de usura pese a que FMI y OCDE anuncian mejores créditos en el mundo

Proyecto de ley contra la usura crediticia se enfrenta a la oposición de bancos y autoridades de política financiera y monetaria, en contradicción con las medidas que toman otros países del mundo durante la emergencia por Covid-19

Mientras la Asamblea Legislativa negocia un proyecto contra la usura que cuenta con férrea oposición de bancos y sus reguladores, organismos internacionales económicos demuestran que las políticas del COVID-19 buscan reducir tasas de préstamos y ofrecer líneas de crédito menos exigentes para los deudores que las necesitan.

A pesar de eso, la Superintendencia de Entidades Financieras (Sugef) insiste frente a la Asamblea Legislativa que postergue la aplicación del proyecto de usura hasta el próximo año, según detalló a UNIVERSIDAD la cabeza de la institución reguladora, Bernardo Alfaro.

“Creo que en efecto hay que completar lo que indica el Código (Penal), de lo contrario carece de sentido. Mi propuesta consiste en posponer la aplicación de la tasa de usura para, al menos, enero 2021”, explicó Alfaro en una conversación por mensajes de texto.

La tasa de endeudamiento actual asciende al 60% de los hogares costarricenses. Las referencias propuestas por el expediente 20.861 son de 39% para créditos en general y de 55% para una diferencia de microcréditos que es menor a ¢675.300. Es decir, al entrar a regir la tasa de usura, por lo menos en 58,2% de las tarjetas de crédito tendrían que disminuir los intereses pactados.

En esta panorama, Costa Rica está aplicando readecuaciones individuales de crédito, las cuales están negociando individualmente los clientes con sus respectivos bancos. Un reporte del 20 de abril de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) dice que tenían readecuaciones de más de 2 millones de créditos;  un 86,1% de las personas que están negociando aplazar sus créditos, son titulares de tarjetas de créditos.

Sugef dice que la tasa de usura provocará “exclusión financiera” para personas que tengan baja capacidad de pago y a quienes las entidades bancarias les cobran intereses más altos para compensar por las probabilidades de impago.

Pese a que no hay forma de perseguir denuncias penales sin el proyecto de usura, el superintendente opina que el sistema financiero no tomará provecho de la vulnerabilidad de personas que vean disminuida su capacidad de pago durante la pandemia por COVID-19.

“Observando el comportamiento reciente del sector financiero en toda su amplitud: bancos, financieras, cooperativas, mutuales, y la forma en que le han tendido la mano a sus clientes, no los veo tratando de aprovecharse de la situación”, afirmó Alfaro.

El proyecto de ley 20.861 otorga referencias numéricas al artículo del Código Penal que tipifica el delito de usura.

El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) aseguran que los hogares y negocios necesitarán “liquidez” para recuperar el dinamismo con efectivo en mano.

“Mi posición precisamente se fundamenta en esas recomendaciones. Hay que darle flujo de caja a los hogares y a las empresas. Eso significa, que puedan ir tranquilamente a la entidad financiera y que esta le apruebe un crédito o le dé una tarjeta”, afirmó Alfaro a UNIVERSIDAD.

“El tema es que hay decenas de miles de costarricenses que están sufriendo ceses de empleo, rebajas y suspensiones. Cuando ellos vayan a sacar el crédito, los algoritmos van a decir que son ‘riesgosos’, precisamente porque sufrieron la afectación de la pandemia y por tanto la tasa de interés que les aprobarían podría exceder el máximo de usura. Van a quedar excluidos”, explicó Alfaro sobre lo que pasaría con la normativa vigente.

“Me parece más prudente dejar que volvamos a la normalidad, que las personas obtengan los créditos, que recuperen sus trabajos, y luego se pase la ley de usura”, afirmó el superintendente de Sugef.

El criterio de posponer la aplicación del proyecto de usura hasta el 2021 coincide con el criterio expresado por el diputado Erick Rodríguez, quien tiene en la mesa más de la mitad de las 48 mociones tramitadas para modificar el proyecto de ley.

“Le aseguro que no he visto, ni conversado, ni tenido ningún tipo de comunicación con don Erick Rodríguez, en al menos unos seis meses. Puede corroborarlo con él, si gusta. No tenía idea de que él hubiera propuesto un periodo de espera similar. Se lo juro por mis hijos”, respondió Alfaro sobre si existió comunicación entre Sugef y la curul de Rodríguez para esas modificaciones.

¿Qué piensan los proponentes del proyecto?

El superintendente de Sugef, Bernardo Alfaro, durante el trámite ordinario de la ley de usura. (Foto: archivo/Miriet Ábrego).

El lunes 20 de abril, el congreso aprobó una dispensa de trámite del proyecto. La posición de Sugef fue compartida en un comunicado de prensa que circuló durante el miércoles, tuvo también eco en comunicados de prensa de la Cámara de Bancos.

“Eso no es más que la posición de un banquero metido a regulador. Además, él nunca ha estado interesado en eficiencia del sistema financiero”, reclamó el diputado Welmer Ramos (Partido Acción Ciudadana), uno de los promotores del proyecto contra la usura.

“Si así lo hubiera estado, habría pegado el grito al cielo porque el Banco Central ha bajado 4 puntos por la tasa de política monetaria y bajó el encaje mímimo legal del 15% al 12%,  y las tasas activas que paga la gente, no disminuyeron en lo absoluto”, añadió Ramos.

Por otro lado, el diputado liberacionista David Gourzong opinó que la obstrucción al proyecto es un tema de sectores que están protegiendo su “metro cuadrado”.

“Se mueven del Estado a la banca y la banca al Estado. No tienen criterio ni compromiso social, están defendiendo su metro cuadrado”, dijo el diputado  David Gourzong a UNIVERSIDAD.

En el trámite legislativo, el proyecto tiene un total de 48 mociones que buscan modificar el plan y que tendrán que revisarse en una de las sesiones del plenario.

Si las mociones pendientes reciben, cada una,  una defensa de 10 minutos, el plenario tardará ocho horas solamente en escuchar a los diputados proponentes.

La carrera contra el tiempo se agrava porque, después del 1 de mayo, el proyecto podría salir de la agenda legislativa si así lo decide el Congreso.

¿Qué están haciendo otros países con los créditos?

La directora del FMI pidió medidas “extraordinarias” para mantener estable la economía y solicitó priorizar la seguridad de las personas durante la pandemia.

“Mejorar la liquidez para una gama más amplia de economías emergentes proporciona aún más alivio. Es importante destacar que también elevaría la confianza”, dijo la directora del FMI, Kristalina Georgieva, durante la semana pasada.

De acuerdo con la OCDE, los países de Europa y Asia están aplicando medidas como mejores préstamos para pequeñas y medianas empresas “extendiendo las tipologías de Pymes para las cuales las medidas están abiertas” y “de forma general, extendiendo el financiamiento público para respaldar a los deudores”.

El Banco Mundial recomienda “incluir medidas fiscales, tales como subsidios salariales y el aplazamiento de impuestos y contribuciones a la seguridad social” para las empresas pequeñas, con tal de dotarlas de dinero en efectivo.

“El acceso a préstamos subsidiados, garantías de crédito parciales y la provisión de capital o cuasicapital también podrían ser efectivos”, asegura el Banco Mundial en su informe La economía en los tiempos del COVID-19.

Japón

Según la OCDE, a marzo, el país reportaba una afectación del 95% de sus (Pymes). En política financiera, el país está ofreciendo mejores garantías de crédito, préstamos directos para Pymes y transferencias subsidiadas.

“El gobierno aumentó el volumen de facilidades de préstamos (sin interés y sin colateral) principalmente para micro, pequeñas y medianos negocios que fueron afectados por el Covid-19. El gobierno también mejorará accesos a préstamos con las mismas condiciones de instituciones financieras locales”, asegura información del FMI.

Zona Euro

Banco Mundial proyecta que “la Eurozona y los Estados Unidos experimentarán un costo económico de un billón de dólares”.

La OCDE informa que las instituciones financieras pueden operar con menos liquidez de la usualmente autorizada, para que presten a mejores intereses (créditos rápidos a 0,25% y menos).

FMI afirma que se pidió que los bancos no paguen dividendos por los años financieros del 2019 y 2020. El capital de reserva que tengan los bancos “deberá ser usado para apoyar hogares, negocios pequeños, deudores corporativas y para absorber pérdidas que provengan de estos deudores”.

Canadá

A marzo, OCDE informa una afectación importante en el 60% de Pymes. Desde el Gobierno, los “dueños de pequeños negocios recibirán un subsidio temporal que es igual al 10% de su planilla, por un periodo de tres meses”, lo cual les da liquidez inmediata.

Las instituciones financieras más grandes están ofreciendo “soluciones flexibles” que incluyen “una moratoria de seis meses para las hipotecas y la oportunidad de alivio de otros productos de crédito”.

FMI explica que, entre otras, una entidad de crédito agrícola tiene apoyo para prestar “$5.000 millones a productores, agronegocios y procesadores de alimentos”.

Panamá

De acuerdo con el Banco Mundial, Panamá tiene una de las perspectivas económicas más positivas en la región (el crecimiento proyectado es de -2% de su PIB).

El FMI dice que que la Superintendencia de Bancos permitió a los bancos que usen sus “provisiones acumuladas de cerca $1.300 millones o un 2% del PIB para que absorban el impacto de las pérdidas en créditos”. Los bancos no pueden cobrar interés por sobre los intereses que se dejen de pagar en este periodo.

“También permitieron que los bancos tomen reestructuraciones voluntarias con deudores que tienen problemas; los bancos pueden ajustar las condiciones de préstamos, reconocer periodos de gracia, reducir sus tasas de interés y eliminar algunos costos adicionales”, dice FMI.

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