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Sugef comunicó prueba que evidenciaba problemas en Coopeservidores con nueve meses de atraso

La entidad aplicó una prueba de estrés a los resultados financieros de 2022 y desde entonces los datos de la cooperativa apuntaban a la insolvencia.

La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) comunicó con nueve meses de atraso los resultados de una prueba de estrés que evidenciaba los problemas de solvencia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Servidores Públicos, R.L. (Coopeservidores, R.L., conocida como CS).

Es pertinente recordar que el pasado 13 de mayo el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) ordenó la intervención de Coopeservidores por un período de 30 días, pues decisiones de su administración ponían en riesgo su estabilidad y solvencia.

La prueba de estrés —conocida como BUST por sus siglas en inglés— mide el Indicador de Suficiencia Patrimonial (ISP), que determina si una entidad tiene suficientes activos para hacer frente a sus deudas y obligaciones.

La medición aplicada a los resultados financieros de 2022 de varios entes financieros, mostró que ese indicador para la cooperativa estaría en el límite mínimo, en caso de que las condiciones económicas se mantuvieran estables (escenario base).

Sin embargo, en un escenario con condiciones económicas adversas, la capacidad de la empresa de responder a sus deudas, bajaría de lo permitido por el Reglamento de Suficiencia Patrimonial de la misma Sugef.

Según la ley para que una empresa se considere solvente, es decir, que puede responder a sus obligaciones económicas con los bienes que tiene, debe cumplir una suficiencia de 10% o más tanto en un “escenario base” como en un “escenario adverso”. No obstante, los resultados de la BUST demostraron que en un escenario adverso la suficiencia de Coopeservidores iría cayendo en el tiempo, con niveles de 11,9% en 2023, 9,5% en 2024 y 7,3% en 2025.

Mientras, en el escenario base alcanzaría niveles de 11,9% en 2023, 10,9% en 2024 y 10,8% en 2025, que roza el límite establecido.

Dicho índice estaba planificado para publicarse a finales de marzo del 2023, pero según informó la misma superintendencia, los resultados de la prueba no se comunicaron a las entidades, sino hasta diciembre de ese año y se publicaron por primera vez el 30 de enero del 2024.

La Sugef detalló a través de su oficina de prensa que la mencionada prueba es una herramienta prospectiva que sirve para tomar decisiones de manera anticipada con el fin de prevenir la debacle de entidades o del mismo sistema.

El economista y asesor legislativo Luis Carlos Olivares indicó que la prueba evidencia que el sistema financiero está saludable, “pero vemos claramente que a Coopeservidores le va mal, ¿por qué no actuaron en ese momento las autoridades?”, preguntó.

Cabe destacar que desde 2016 la Sugef realiza esa prueba para el Sistema de Intermediación Financiera, a fin de evaluar la capacidad de resistencia “de las entidades financieras a nivel individual, en dos escenarios macroeconómicos, uno base, con mayor probabilidad de ocurrencia, y otro adverso, que plantea un fuerte deterioro económico y financiero, con baja probabilidad de ocurrencia”, así como para “conocer el grado de avance de las entidades para desarrollar sus propios modelos de medición del riesgo de crédito”.

Según indica, la prueba que analizó datos de todo el 2022, se realizó durante el 2023 “y los resultados fueron comunicados a las entidades en diciembre de 2023 y publicados por primera vez, el 30 de enero del 2024 según lo acordado por el Conassif”.

No obstante, en enero del 2023 la misma superintendencia había detallado un plan de entrega de informaciones, según el cual recibirían de las entidades el cálculo del ISP en marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año y debían publicarlo “a más tardar al vigésimo día hábil del mes siguiente según corresponda”, además de que en la documentación se indica que los resultados anuales se divulgarían el 30 abril de 2023.

El economista dijo que “de acuerdo con el calendario establecido, la superintendencia supo del estado de la suficiencia patrimonial a más tardar en marzo (2023)”, es decir, que aunque hayan publicado el estudio meses después, ya conocían la situación y pudieron tomar medidas antes, agregó.

Faltó anticipar medidas

Olivares destacó que en el escenario “adverso” que planteó la prueba se basaba en la posibilidad de inflaciones de -1,7%, 0,6% y 4,5% en los tres años proyectados (2023, 2024 y 2025), que distan mucho de la realidad que hasta el momento ha enfrentado el país, con niveles negativos de inflación, por lo que la situación de la cooperativa se agravó aún más.

Además, el economista cuestionó si la Sugef ordenó acciones correctivas para prevenir ese escenario, pues de acuerdo con la norma, la cooperativa estaría en riesgo de caer en el peor nivel de irregularidad y debían, por reglamento, aplicarse restricciones a la distribución de utilidades, capitalización y otras medidas para reducción de los riesgos.

La superintendencia indicó que había establecido un requerimiento a Coopeservidores que impedía la distribución de los excedentes del 2022, “cuya condición suspensiva fue satisfecha hasta en mayo de 2023”, aunque no se detalló si la razón que motivó esa medida fue justamente por los deficientes resultados de la prueba de estrés.

Tampoco se conoce si la suspensión de entrega de excedentes fue parcial o absoluta, de modo que solo puede interpretarse, según Olivares, que en el “mejor de los escenarios” la relación entre el patrimonio destinado a enfrentar riesgos de la cooperativa y sus obligaciones era inferior al 9% y en el peor (si no se pagó nada) significaría que “la situación es muy grave”, pues implicaría que el dinero dispuesto para cubrir riesgos representaba menos del 7% de las obligaciones.

El economista analizó los resultados financieros entregados por Coopeservidores a la autoridad financiera y destacó que ya desde 2021 se evidenciaba una ajustada relación entre sus bienes y sus obligaciones, pero empeoró en 2022 cuando el valor de sus activos se redujo en ₡6.221.303.933 y sus obligaciones crecieron en ₡3.955.927.531.

Ahí, dice Olivares, es evidente que hay una serie de malas decisiones, que se puede inferir, se debe a que se dieron préstamos a personas que no podían pagar. “Esa es una situación riesgosa para el interés público, las autoridades tenían que actuar e incluso la ley les dice cómo actuar”, indicó.

UNIVERSIDAD consultó a la superintendencia si existen informes de auditoría de la cooperativa en los últimos dos años y pidió copia de esos documentos. La oficina de prensa en respuesta, se refirió solamente al BUST.

Este Semanario solicitó también copia de las actas de Junta Directiva en que se haya discutido el BUST 2022, pero al cierre de edición no se ha recibido esos documentos.

 

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