No se trata únicamente de que no se han determinado responsabilidades en los casos de los asesinatos Jehry Rivera y de Sergio Rojas, sino de que las constantes amenazas, hostigamiento y acciones violentas contra los procesos de recuperación de tierra gozan de la misma impunidad, lo cual aumenta el riesgo de que los homicidios se repitan.
Así lo hicieron ver Pablo Sibar, del pueblo Bröran; Lesner Figueroa, del pueblo bribri de Salitre, y Marcony Lacayo, maleku, durante una conferencia de prensa ofrecida en la Asamblea Legislativa este jueves, en conmemoración del segundo aniversario del asesinato de Rojas, quien fue líder de la lucha por la recuperación de tierras indígenas. También se había anunciado la participación de Doris Ríos, del pueblo cabécar de China Kichá, pero no pudo asistir.
“Es un día muy doloroso” dijo Sibar, quien hace 40 años junto a Sergio Rojas fundó el Frente Nacional de Pueblos Indígenas (Frenapi), lidera el proceso de recuperación en la finca Crun Shurín, en Térraba y es miembro del Consejo de Mayores del pueblo Bröran.
Dimensionó esa pérdida al expresar que “es muy difícil criar personas como Sergio Rojas, tener líderes de la calidad de Sergio Rojas”, recordó que en 2010, durante una protesta para presionar por la aprobación del proyecto de ley de autonomía para los pueblos indígenas, “nos sacaron arrastrados de esta Asamblea Legislativa, por lo que nos vimos obligados a tomar la tierra por la vía de hecho”.
Sibar, quien recibe constantes amenazas de muerte, criticó el hecho de que por ello “nos llaman ladrones”, al tiempo que destacó que un año después del asesinato de Rojas, también fue asesinado Jehry Rivera. “El gobierno dice que son hechos aislados, pero no lo son, Recibimos amenazas día a día y no se si al venir aquí estamos cavando nuestra propia tumba”, dijo sin tapujos.
De seguido, el líder Bröran explicó que “la tierra indígena tiene una vida” y que se requiere seguridad “para seguir como pueblo y que nuestros hijos y nietos se sientan orgullosos. Somos recuperadores de nuestra identidad”.
Por ello, insistió en que “si mañana uno de nosotros es asesinado, no queremos que digan que son hechos aislados” y proclamó que “No queremos ser peones de los finqueros que viven usurpando nuestras tierras, las leyes y convenios se tienen que cumplir”.
Colaboraron para realizar la conferencia de prensa el Instituto Tecnológico (ITCR) y el Conare, el Programa Kioscos Sociambientales, la Escuela de Geografía y la Escuela de Antropología, el CIAN-UCREA, todos de la UCR, el CICDE de la Unversidad Estatal a Distancia (UNED) y las organizaciones Ditso, Voces Nuestras y la Coordinadora de Lucha Sur Sur.
Asedio de terratenientes
Por su parte, Lesner Figueroa, coordinador del Consejo Ditsö Iriria Ajkónuk Wákpa, del pueblo bribrio de Salitre, informó que en los diferentes territorios indígenas de la zona sur “ahorita se vive el asedio de terratenientes” y como ejemplo de ello recordó que casos en los territorios de Cabagra y Térraba, en los que “se han agrupado los no indígenas, señal clara de que en algún momento puede que algún compañero o compañera ya no esté con nos nosotros”.
“Por culpa del Estado, que no toma medidas claras hacia el saneamiento territorial, y para que se cumpla la ley”.
De seguido mencionó las “amenazas serias” que viven, como el caso de Sibar y subrayó que “amenazaron a Sergio hasta que lo mataron. Si algo sucede pueden claramente echarle la culpa al Estado costarricense por su inacción”.
Figueroa explicó la importancia de la recuperación de territorio, en el que “vivimos nuestras prácticas culturales, día a día nuestra espiritualidad”. Y fustigó “no se ha hecho nada por parte del Estado”.
Maleku Li Uroteca Márama es el movimiento de recuperación de tierras al que pertenece Marcony Lacayo, quien en primer lugar ofreció un mensaje desde la perspectiva de respeto a la natiraleza, pues aseveró que “en las montañas cuidamos los recursos naturales, otros talan”.
De seguido, proclamó que “hoy Sergio Rojas nuevamente toca puertas y estamos aquí; hoy está aquí Sergio Rojas y está en el corazón de los indígenas”.
“Nuestro mandamiento es no a la destrucción de cuencas y montañas, pero las han querido convertir en potreros, quieren que les paguemos porque destruyeron las montañas”, dijo.
Amenazas cotidianas e impunes
Como invitado en la conferencia participó Osvaldo Durán, del Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) y de la Comisión del Consejo Nacional de Rectores (Conare) para Peritaje Sociocultural.
Tras recordar que “las universidades como instituciones públicas tenemos el mandato de acompañar y hacer cumplir la ley”, observó que normativa como la Ley de Acceso a la Justicia para Pueblos Indígenas (No. 9593), la Ley Indígena (No. 6172), el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) o las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sencillamente “no se aplican”.
Se refirió entonces a las amenazas recibidas por líderes como Pablo Sibar, ofreció un ejemplo publicado en redes sociales donde sin escrúpulos se habla de su muerte y aseveró que sise tratar de otra personas, no indígena, se realizaría investigaciones y se determinarían medidas cautelares.
Durán citó datos de la Coordinadora de Lucha Sur Sur, según los cuales sólo en la zona Sur durante 2020 se dieron 88 agresiones de diferentes tipos contra los pueblos originarios.
“Los asesinatos de Sergio Rojas y Jehry Rivera son la concreción de ese tipo de amenazas” y advirtió que “el conflicto puede ser más serio, con una escalda de violencia mucho mayor”.
En la conferencia también participaron las diputadas Nielsen Pérez, de Acción Ciudadana y quien preside la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, así como la independiente Nidia Céspedes y el frenteamplista José María Villalta.
Pérez lamentó que tras dos años del asesinato de Sergio Rojas, “no vemos acelere en el proceso de investigación con pericia técnica y ciencia; más bien vemos desidia”. Por ello solicito al Poder Judicial y a la fiscalía “los máximos esfuerzos”.
Tomó prestado del escritor afrocostarricense Quince Duncan el término de “etnocidio cultural” para describir la situación de los pueblos indígenas y se refirió a los recientes casos de hostigamiento en procesos de recuperación en el territorio bribri de China Kichá y dijo “al Poder Judicial: hay racismo, no hay perspectiva cultural”.
Céspedes por su parte se solidarizó con las personas recuperadoras de ese sitio y aseveró que a los pueblos originarios “Costa Rica no los ve como ciudadanos” y se indignó porque “nadie ha pagado por los crímenes de Sergio Rojas y Jehry Rivera”.
El diputado Villalta hizo un llamado a “no olvidar la memoria y el legado de la vida de lucha de Sergio Rojas, pero también su muerte”, la cual calificó de “crimen de estado por acción y omisión”, pues “las autoridades no actúan para proteger la vida”.
De seguido, advirtió que “si algo le pasa a Pablo Sibar o a cualquier otro, ese crimen va a pesar sobre la espalda del Estado y de todos nosotros”.
Villalta apuntó que “la única forma coherente de honrar a Sergio Rojas y a Jehry Rivera, es no olvidando ese legado de lucha”, pero insistió en que esos asesinatos no pueden quedar en la impunidad.
De seguido fustigó a los tres poderes del Estado: “En la Asamblea Legislativa sigue durmiendo el sueño de los justos el proyecto de ley de autonomía indígena, denunciamos al Poder Judicial, a la Fiscalía y a las autoridades complacientes que le hacen la masa aguada a los asesinos”.
Coincidió con quien se hablaron antes de él, en que “si queda impunidad, habrá más violencia; no pueden el gobierno y el Estado dejar que esto quede en impunidad”.
