Un empleado del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), asignado en las obras finales de la nueva planta eléctrica Reventazón, lo cuenta con menos malabarismos retóricos que las autoridades: “Lo que nos han dicho es que aquí ya acabamos y nos mandan a otras obras, de carreteras y eso”.
Internamente, la posibilidad de que el ICE intervenga en la construcción de obra pública se da por un hecho, aunque en el plano político sea solo un plan del Gobierno y otro de los temas en el recalentado debate sobre las potestades o límites que debería tener la institución a sus 66 años de edad.
[vc_column width=”1/2″][block_nine primary_title=”Contenido” second_title=”Relacionado” title_align=”left” posts_per_page=”2″ orderby=”date” order=”DESC” nav=”none” related_posts=”yes” related_by=”tags” codes_position=”4″ title=”hola” big_title=”yes” tags=”ICE”][/vc_column]
La confesión del trabajador en Reventazón –la megaobra que el ICE coloca como ejemplo de su capacidad constructora– coincide con las intenciones que desde la campaña electoral había anunciado el presidente Luis Guillermo Solís, consciente de que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) tiene algo de “transportes”, pero bastante menos de “obras públicas”.
En medio de un debate salpicado con indudables intereses económicos que se miden en el orden de los cientos de millones de dólares, de criterios ideológicos prejuiciados en ambos sentidos y de suspicacias sobre un posible impacto de esas obras en las tarifas eléctricas, el ICE parece tener claro su objetivo:
Nada en la ley le prohíbe poner al servicio de otras entidades estatales las palas, los cascos y la maquinaria, pero sobre todo un recurso profesional experimentado en jugar en grandes ligas de infraestructura.
Los criterios legales adversos no faltan, pero en el piso 13 del edificio de La Sabana insisten en la viabilidad jurídica, en su capacidad operativa y en la necesidad del Estado.
En el currículo institucional se acumulan muchos números: 230 kilómetros de carreteras construidas, 32 obras de generación eléctrica, 43 kilómetros de tuberías, ocho acueductos comunales y 111 kilómetros en túneles, que alcanzarían para cruzar Costa Rica en su parte más angosta.
Lo sensorial, sin embargo, puede resultar más convincente, como le pasó al diputado Fabricio Alvarado (Restauración Nacional), que visitó el proyecto Reventazón y concluyó que el ICE debe meter mano en el desarrollo de obra nacional, una de las mayores demandas populares y de las mayores incompetencias gubernamentales. Le impresionaron, por ejemplo, los taludes de la planta y no evitó compararlos con los problemáticos muros de la carretera 27, concesionada a un privado.
“Volví de ahí, hice unas consultas más y presenté entonces el proyecto de ley”, dijo en referencia al expediente 19.792, que reforma varios artículos existentes y que ya fue dictaminado en una comisión legislativa.
Esto, a pesar de una clara oposición de Mario Redondo (Alianza Demócrata) y Otto Guevara (Partido Libertario), a quien Alvarado atribuye la representación de grandes constructoras opuestas a que el ICE construya.
También están en contra la Cámara de la Construcción y la Cámara Costarricense-Norteamericana de Comercio, como expresaron en un reportaje de esta semana en el diario La Nación. El argumento principal es el alto costo de las obras a cargo del ICE y la distorsión que generaría en el mercado al participar sin necesidad de licitación.
La intención del ICE es participar mediante convenios con otras instituciones estatales y actuar como contratista al costo, sin las ganancias que deben tener las constructoras privadas.
El plan implicaría contratar personal por proyecto, sin tenerlo fijo y sin impactar las tarifas eléctricas o de telecomunicaciones, argumentaron el presidente del ICE, Carlos Obregón, y el diputado Alvarado.
Ambos, sin embargo, subrayaron que tampoco se pretende marginar a las constructoras privadas, con alguna de las cuales el ICE desarrolla otros proyectos. Un ejempo es la carretera Cifón-La Abundancia, adjudicada por el Gobierno a Sánchez-Carvajal con la supervisión del ICE, a pesar de una polémica que llevó a esta entidad a presentar una demanda contra la Contraloría General de la República (CGR).
La CGR ordenó al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) suspender el contrato de supervisión de la carretera con el ICE, pero una acción judicial ante el Tribunal Contencioso Administrativo le permitió al ICE ganar, de momento, el pulso a la CGR.
Según la resolución de medida cautelar de este 14 de junio, el ICE puede continuar dando servicio de supervisión de las obras a cargo de la constructora Sánchez-Carvajal, que ha manifestado estar satisfecha con el servicio del Instituto.
Esta pugna se generó a pesar de que el servicio dado por el ICE es solo de supervisión, pero refleja las trabas institucionales, los cuestionamientos jurídicos y la intensidad política alrededor.
“Al analizar la integralidad de las leyes, concluimos que sí es viable hacer obra pública, más allá de supervisión. Simplemente lo que hay es temor de algunos sectores que nos metamos en eso”, contestó Carlos Obregón en una entrevista con este Semanario.
“No quieren ver al Estado haciendo obras, como lo hizo el MOPT en el pasado; el Estado debe tener una capacidad básica de hacer. No debe verse como competencia, sino como una forma de permitir que se concreten obras que, por sus características y limitaciones legales, son difíciles con el sector privado y pueden resultar onerosas. Ahí es cuando el ICE puede entrar”, añade Obregón, que insiste en recalcar el apoyo que tiene de parte del gobierno de Luis Guillermo Solís.
Por eso confía en construir la primera carretera ajena o el primer acueducto, o puente o edificio, antes de que acabe esta administración, tal como parecen tenerlo asumido los empleados del ICE.
