No se trata de un caso aislado o de indicios esporádicos, la sombra de la persecución política ya se abalanzó sobre todas las fracciones legislativas de oposición, al alcanzar en cada una de ellas al menos un diputado que la denuncia.
Los legisladores dirigen sus sospechas hacia Casa Presidencial, en un momento en que confluye el discurso descalificador del presidente Rodrigo Chaves contra cualquier adversario, con acciones para duplicar las estructuras de inteligencia controladas por Zapote.
Una denuncia sobre el intento de crear una estructura paralela a la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) con un cuerpo paralelo para realizar labores de seguimiento coincide con el decreto de Presidencia para ampliar la normativa de la Unidad Especial de Intervención (UEI). (ver recuadro: “La sombra de la UEI”)
Asimismo, en los últimos tres años, los vehículos destinados a labores de inteligencia controlados desde Zapote se dispararon: pasaron de 7 consignados en los últimos cuatro gobiernos, a 21 en el actual. (Ver recuadro: “Flotilla de inteligencia aceleró…”).
Testimonio extendido
Las denuncias están en todas las bancadas: en el Partido Liberación Nacional (PLN), Francisco Nicolás afirmó que experimentó seguimientos vehiculares y amenazas, por lo que realizó denuncias; en el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Vanessa Castro denunció que le retiraron un contrato laboral luego de presiones del presidente Rodrigo Chaves; en el Frente Amplio (FA), los diputados Sofía Guillén y Ariel Robles también presentaron denuncias por incidentes de persecución; y a ellos se unió Johana Obando, del Partido Liberal Progresista (PLP).
Asimismo, no fue posible conversar con el diputado José Pablo Sibaja, de Nueva República (NR), pero sus compañeras en la Comisión de Tecnología han señalado que la divulgación de un video en una fiesta con la empresa Huawei insinúa una labor de seguimiento similar.
Nicolás resaltó que han percibido una labor de seguimiento, pero que se enfoca en los diputados de oposición más beligerantes y se incrementa al externar denuncias contra el Gobierno. “A los que somos críticos, se nos pegan vehículos. Para mí, andan buscado un escandalillo, amedrentarnos y ponernos nerviosos”, expresó.
Castro indicó que estas situaciones se complementan con las declaraciones del presidente. “Constantemente lo menciona a uno en las conferencias de prensa, en círculos privados. Actúan en diversas vías: ahora se presentó una denuncia anónima contra mí y mis compañeros Obando y Sibaja, pero sin hechos, citando como testigos a jerarcas del Gobierno”, dijo la diputada, quien consideró que se trataba de un machote de denuncia, porque en una parte se mencionó, sin ninguna justificación, a la contralora Marta Acosta.
Robles, por su parte, resaltó que se presentan diferentes situaciones: desde amenazas hasta advertencias, lo que lo obligó a tomar medidas para proteger su integridad y ser parte del programa de protección de testigos. “También me llegan alertas, que el Gobierno tiene videos míos, pero no los han hecho públicos porque supongo que son cosas poco interesantes”.
Temas prohibidos
Hay algunos elementos en común: Castro mencionó que las presiones en su contra se desataron a partir de su participación en temas tecnológicos que incomodaron al Gobierno, por lo que tuvo una reunión con el presidente hacia la mitad del 2022 para garantizarle que se abstendría de participar en temas donde se pudiera presentar un posible conflicto por su relación de asesoría con Repretel. En diciembre, le comunicaron su despido.
El tema tecnológico también ha sido un fuerte detonante en los casos de Obando y de Sibaja, que atribuyen los videos que se han divulgado sobre una cercanía con Huawei a sus críticas en materia de la quinta generación de telefonía móvil (5G).
El otro gran detonante, para Robles, es el tema de la corrupción, en su caso, resaltó que las denuncias ambientales en Gandoca-Manzanillo generaron un incremento en las presiones.
Pero no son los únicos casos. La contralora Marta Acosta también presentó una denuncia ante la Fiscalía; e incluso el mismo fiscal, Carlo Díaz, indicó, en octubre del año pasado, que lo enfrentaba, luego de que el Gobierno aumentó la presión contra el fiscal, tras los allanamientos por el caso Barrenador, de la CCSS.
El miedo al poder
Es evidente que las labores de inteligencia en el país no carecen de antecedentes (ver recuadro: “El gran Gobierno…”). Sin embargo, el nivel actual pareciera superar experiencias anteriores.
Para el historiador Vladimir de la Cruz, las situaciones superan cualquier contexto anterior, como las tensiones generadas por Alcoa, el TLC o el Combo ICE, por citar algunos. “Nunca se ha visto en el país una agresión tan directa y fuerte; se han presentado represiones y situaciones fuertes, pero eran contra movimientos y marchas, ahora hay agresiones contra personas”, manifestó.
El sociólogo Carlos Carranza también destacó que el país ha atravesado momentos álgidos de persecución, con eventos como el Gobierno de Tinoco, la Guerra Civil de 1948, la invasión de 1955 y el macartismo. “Pero ahora hay un tema más álgido: pareciera que la sociedad costarricense ha perdido la tolerancia, pareciera que en algunas partes se quiere que la fuerza sea lo que predomine en la acción política”, advirtió.
Estas situaciones estarían generando un efecto directo: una cultura de miedo, algo calificado por De la Cruz como algo desconocido para el país.
Es una apreciación que varios de los diputados dejaron ver. Castro resaltó que, en círculos políticos y empresariales, muchas personas expresan el deseo de “pasar bajo el radar del presidente”, porque se extiende el temor en el entorno político nacional. Nicolás también considera que hay una estrategia para callar a los opositores, mediante el chantaje, la extorsión y los escándalos.
Robles coincide con esta valoración. “Creo que se está creando una cultura de miedo, es un ejercicio que se da a todo nivel, una táctica política con características sistemáticas”.
En Casa Presidencial han descalificado estas denuncias y restaron valor a estas acusaciones, alegando que no tienen fundamento. Empero, las denuncias se acumulan, y la evidencia del interés de Zapote por fortalecer toda su estructura de inteligencia particular parecieran obligar a poner la lupa en estos casos.
Y hay temas en el tintero: el diputado Robles asegura que se debe discutir la protección de testigos y víctimas. “Es un programa valioso, pero tiene debilidades con respecto a lo que han vivido otros países, hay que fortalecer la protección de las personas que pueden ser afectadas por el aparato institucional”, enfatizó.
El Gran Gobierno te vigila
En 1949, la novela 1984 de George Orwell retrató una sociedad dominada por un Partido Único, que ejerce una vigilancia sobre los ciudadanos y espía incluso sus pensamientos, con el pretexto de mantener el orden. En Costa Rica, los temas relacionados con una organización que busca realizar labores de recopilación de información sobre los ciudadanos ha tenido diferentes capítulos en los últimos años.
La primera agencia: en 1963 se creó la Agencia Nacional de Seguridad, como órgano adscrito del Ministerio de Seguridad, durante la administración de Francisco J. Orlich. En el contexto de la Guerra Fría, se conformó un grupo de diez personas para recopilar información alusiva a grupos y personas radicales, de izquierda y de derecha, que representaran una amenaza potencial a la seguridad nacional.
Casa Presidencial al mando: la Agencia de Seguridad fue trasladada a Casa Presidencial, en 1986, mediante el decreto ejecutivo 16398. Esto dio origen a la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), durante la administración de José María Figueres, en 1994, con la ley 7410. Se le encargó informar directamente al Presidente en materia de seguridad nacional.
Los pulsos constantes: en el 2008 trascendió que Roberto Guillén, subdirector de la DIS, fue detenido por estar involucrado en un caso de estafa. Posteriormente, en 2018, se detuvo a un agente por supuesto vínculo con el narcotráfico, y en 2021 otro agente fue detenido acusado de una estafa millonaria. En medio de estas polémicas, en el 2008 se presentó el primer proyecto que planteó el cierre de la DIS, del diputado José Merino. Desde entonces, se presentaron otros seis expedientes buscando el cierre —el último recién en el 2023, de la diputada Priscila Vindas—, aunque también se presentaron textos para reorientar la DIS como Dirección de Inteligencia Estratégica Nacional o Dirección de Información Policial, fuera de Casa Presidencial.
El escándalo UPAD: en el 2018, Casa Presidencial creó una unidad para manejar y analizar datos provenientes de instituciones públicas, pero el decreto 41996-MP-MIDEPLAN, de octubre del 2019, generó el mayor escándalo en la gestión de Carlos Alvarado. La oposición lo acusó de acceder en forma ilegal a datos confidenciales de los ciudadanos y generar una unidad de espionaje, algo que Presidencia negó, pero el allanamiento de la Fiscalía a Casa Presidencial en febrero del 2020 provocó el fin de este proyecto.
La maniobra de la UEI: el decreto 44637 MP, “Reglamento de organización y funcionamiento de la Unidad Especial de Intervención”, también encendió alarmas al ampliar las funciones de este cuerpo de Casa Presidencial, inicialmente constituido para prevenir actos de terrorismo y narcotráfico, para poder realizar allanamientos y labores de inteligencia, reportando solo al Presidente, lo que fue calificado en esferas de la oposición como la base para “una policía política”.
Flotilla de inteligencia aceleró con Chaves
Los vehículos puestos a la orden de los servicios de inteligencia de Casa Presidencial alcanzaron un nivel no visto en Costa Rica con el Gobierno del presidente Rodrigo Chaves, que alcanzó el nivel de flotilla.
El diputado Francisco Nicolás solicitó información a Casa Presidencial sobre los vehículos que esta ha recibido en calidad de préstamo, provenientes del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD). La respuesta de la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, evidencia como se disparó la cantidad de vehículos para los servicios de inteligencia de Zapote.
Según el documento MP-DMP-OF-0814-2024, Presidencia tiene registrados 39 vehículos provenientes de los decomisos realizados por el ICD. Más de la mitad —21— están a disposición de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) y la Unidad Especial de Intervención (UEI).
No es una casualidad: según los mismos datos de Presidencia, prácticamente un 70% de esta flotilla se consignó durante los últimos tres años.
Durante las cuatro administraciones anteriores (Óscar Arias, Laura Chinchilla, Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado) se consignaron 7 vehículos para la DIS. En los últimos tres años, ingresaron 14 vehículos, 13 para la DIS y uno para la UEI. (ver gráfico). Es decir, este Gobierno triplicó la cantidad de vehículos destinados a servicios de inteligencia para Zapote.
Y no son automóviles de uso ocasional: según el reporte de Casa Presidencial, aproximadamente un 30% del gasto en combustible de la flotilla de Zapote ha correspondido a los vehículos asignados para estos cuerpos de inteligencia.
Adicionalmente, los datos de ICD también desmienten afirmaciones realizadas por el presidente Rodrigo Chaves, en el sentido de que los vehículos de este Instituto, en su mayoría, van al OIJ y al Poder Judicial. Según datos del ICD, desde mayo del 2022 se cedieron 220 vehículos decomisados, de los cuales únicamente un 2% se destinó al OIJ y al Poder Judicial. La mayoría se cedieron al Ministerio de Seguridad (29%), en segundo lugar apareció Correos de Costa Rica (19%) y en tercer lugar la Presidencia (16,3%).
La sombra de la UEI
En octubre del año pasado, trascendió también una denuncia ante el Ministerio Público de que en Casa Presidencial se había instalado una estructura paralela a la DIS, para dedicarse al espionaje político: una estructura en la sombra, de la estructura en la sombra.
Consultado sobre este tema por El Observador, el presidente Rodrigo Chaves calificó la denuncia como “anónima, sin fundamento y sin pruebas de ningún tipo”.
Sin embargo, no contribuyó a este descargo que solo semanas antes, el 11 de julio del 2024, Chaves había firmado el decreto 44637 MP, en reglamento para la organización y funcionamiento de la Unidad Especial de Intervención (UEI), en el que se especifica que el despacho de la Ministra de la Presidencia, mediante oficio MP-DMP-OF-2023-0865, del 27 de octubre de 2023, solicitó la reorganización administrativa de la UEI, lo que fue avalado por el Ministerio de Justicia y Paz tan solo tres días hábiles después, con el informe técnico MJP-SPSI-UPS-2023- 06-0053.
El decreto de 89 artículos encendió alarmas por la posibilidad de que ampliara de manera imprecisa y confusa las facultades de la UEI, como la posibilidad de que se estuviera tratando de modificar legislación mediante un decreto, según lo explicó Rodrigo Rosales, consultor jurídico externo de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).
La ANEP presentó un recurso de amparo ante esta situación, que la Sala Constitucional acogió el pasado 28 de noviembre. Rosales comentó que ello evidencia que los magistrados encontraron que tenía “suficiente andamiaje de materia constitucional para ser objeto de análisis”. El recurso todavía se encuentra en trámite en la Sala IV.
No es la única inquietud. En la Asamblea Legislativa, diputados de oposición advirtieron que el decreto ponía las bases para establecer una “policía política”, autorizando allanamientos sin órdenes judiciales, o ampliando funciones de “Inteligencia Táctica” para posibilitar la recopilación de información.
¿La justificación de Chaves para el decreto? “No le tengan miedo al Gobierno y mucho menos a este Presidente, que es profundamente democrático”, dijo en una de sus conferencias, el 27 de noviembre pasado.
Fracciones de oposición en la mira
En todas las fracciones legislativas de la oposición se han presentado legisladores que han percibido acciones de persecución en su contra. En el PLN, hay denuncias de Francisco Nicolás y Dinorah Barquero; en el PUSC de Vanessa Castro; en el FA, de los diputados Sofía Guillén y Ariel Robles; en el PLP, de Joanna Obando; y en NR, las grabaciones del diputado José Pablo Sibaja también parecieran evidencia de seguimiento. Con este último diputado no fue posible conversar, pese a las solicitudes de UNIVERSIDAD.
“En mi caso es notorio que ha habido seguimientos, fotografías… buscan un momento, una situación, un evento para anclar un chantaje, una extorsión, y lo hacen no solo con diputados”, Francisco Nicolás, diputado PLN.
“Hay mucha gente con miedo, es un concepto que no se visualizaba en el entorno político costarricense ni empresarial”, Vanessa Castro, diputada PUSC.
“Tenemos claro que esta persecución se da con los diputados más beligerantes, en el control político al Gobierno. Se está creando una cultura de miedo, es un ejercicio sistemático”, Ariel Robles, diputado FA.
“Hay una persecución política total. Está siendo utilizado el aparato institucional por el Ministerio de Seguridad, por el Poder Ejecutivo, por el presidente Rodrigo Chaves, para callar a la oposición”, Joanna Obando, diputada PLP.
