Arbitraje internacional a favor del Comex

Sociedades de Suiza que figuran como accionistas de Gas Z deben pagar $1 millón a Costa Rica

Entidad gubernamental niega que se trate de sociedades de papel sin bienes registrados como indicaron medios suizos.

El Ministerio de Comercio Exterior (Comex) aseguró que espera recibir próximamente el pago de poco más de $1 millón –más intereses corridos– adeudado por las sociedades Cervin Investissements S.A. y Rhone Investissements S.A., tras el laudo arbitral desfavorable que estas tuvieron en una demanda interpuesta contra el Gobierno de Costa Rica como accionistas de la empresa mexicana distribuidora Gas Z.

Dichas sociedades anónimas, registradas en Suiza, elevaron en el 2012 ante el Centro Internacional de Arreglo de Disputas entre Inversionista Extranjero y Estados (Ciadi) una demanda contra Costa Rica por $75 millones (unos ¢43.800 millones al cambio actual).

(El Ciadi es un mecanismo adscrito al Banco Mundial, mediante el cual, ante una controversia entre un Estado y un inversionista extranjero, el Estado y la empresa designan a un árbitro cada uno, y el Ciadi nombra al tercer integrante, quien preside el órgano arbitral).

Las firmas mencionadas alegaron que el rechazo de sus solicitudes de aumentos tarifarios al gas licuado de petróleo (GLP), presentado ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), carecía de sustento y motivación, y les causó daño económico.

El arbitraje internacional finalizó en marzo del 2017 con un laudo que determinó que no hubo daño económico, y condenó a las sociedades demandantes al pago de costas del proceso por $1.045.487,24 (unos ¢612 millones), el cual a la fecha no se ha hecho efectivo.

Comex confirmó que, según lo acordado por la Comisión Interinstitucional de Solución de Controversias Internacionales en materia de Comercio e Inversión, contrató a la firma Altenburger Ltd. Legal en Suiza para identificar bienes de ambas firmas.

“Como resultado de esta contratación, se notificó a las empresas suizas, quienes han manifestado su voluntad de pagar el monto adeudado, y ya se brindó la información requerida para concretar este pago que se espera recibir próximamente”, contestó el Ministerio a UNIVERSIDAD por correo electrónico.

Gas Z es una empresa mexicana y, al no haber un tratado bilateral de protección de inversiones entre México y Costa Rica, las empresas invocaron el tratado que existe con Suiza para presentar la demanda.

En semanas recientes, medios suizos pusieron en duda la conformación de esas empresas inscritas en el cantón de Valais y las describieron como “sociedades de buzón”.

Por empresas de buzón se conoce a las sociedades anónimas que no poseen bienes, cuentas bancarias o actividades empresariales conocidas, y generalmente son simples tenedoras de acciones con un buzón registrado.

Cervin Investissements S.A. y Rhone Investissements S.A. no registran siquiera un sitio electrónico. En la web lo que aparece con el nombre de “Rhone Investissements” es una empresa de bienes raíces ubicada en Lyon, Francia.

Detrás de las dos firmas registradas en Suiza estaría el millonario mexicano Miguel Zaragoza, quien desde el 2014 está envuelto en una disputa legal por la propiedad de sus empresas en México y otros países, lo que incluye a Gas Z en Costa Rica dentro de un proceso de divorcio con su exesposa Evangelina López.

Un juez de familia falló a favor de López, quien tomó posesión de Gas Z, y la disputa desembocó en una crisis de abastecimiento de gas licuado de petróleo (GLP) en Costa Rica en el 2015.

Desde entonces, al frente de la empresa hay administradores de López, pero Cervin Investissements S.A. y Rhone Investissements S.A. intentan ahora retomar el control, luego de que en julio pasado un juzgado de apelaciones en Texas anuló la sentencia anterior.

COSTOS

Comex informo que para la defensa del país en el proceso de Gas Z en el Ciadi se contrató a la firma Baker Botts LLP, y el costo fue de $1,25 millones durante los cinco años que duro el arbitraje.

Con el monto que el tribunal ordenó a los inversionistas cancelar por concepto de costas procesales, el Gobierno de Costa Rica recuperaría casi la totalidad de lo utilizado en los servicios legales contratados, destacó la entidad.

En cuanto a la firma contratada en Suiza para ubicar los bienes de las sociedades deudoras, el costo, en una primera etapa, es de 5.000 francos suizos (aproximadamente ¢3 millones), y solamente se cancela el trabajo ejecutado, aseguró Comex.

Costa Rica ya identificó los bienes de estas sociedades, que cumplen con la condición de inversionistas suizos, y así lo confirmó el tribunal arbitral. Como resultado, los inversionistas han manifestado su voluntad de cancelar el monto adeudado, por lo que no es posible afirmar que se trate de sociedades de papel y sin bienes registrados, afirmó el Ministerio.

En los últimos cinco años, el Gobierno ejerció la defensa en cinco procesos de arbitraje internacional en el Ciadi por reclamaciones de inversionistas contra el Estado costarricense.

El costo de la defensa ha sido de $4,8 millones (unos ¢2.808 millones), equivalente a un 1% de del monto de las reclamaciones, según la información suministrada por Comex.

De los cinco procesos, tres ya se resolvieron positivamente, incluido el relacionado con Gas Z. Los otros dos son el planteado por la empresa española Supervisión y Control S.A. (conocida como Riteve), que exigía 261 millones de euros (unos ¢182.000 millones), y el del Parque Nacional Marino Las Baulas en Guanacaste, en el que un grupo de inversionistas reclamaron $49 millones por el trato recibido en las expropiaciones dentro de los linderos del parque.

Estos casos implicaban una reclamación total de más de $400 millones (unos ¢234.000 millones). Sin embargo, “gracias a la buena gestión realizada en la defensa de estos procesos, en la que se invirtió apenas un 1% del monto reclamado por los inversionistas”, estos tres arbitrajes concluyeron con resultados favorables para el Gobierno de Costa Rica, eliminando para el país el riesgo de resarcimiento por los elevados montos reclamados, subrayó el Ministerio de Comercio Exterior.

Mientras tanto, sigue pendiente de resolución el arbitraje del caso Las Olas, proyecto turístico en Playa Esterillos, donde los inversionistas alegan que fueron objeto de una expropiación indirecta y, al amparo del tratado de libre comercio (TLC), reclaman $70 millones.

El otro es el reclamo de Infinito Gold por la clausura del proyecto minero en Crucitas, donde la empresa canadiense exige el pago de $94 millones, después de que había amenazado con demandar al país por $1092 millones.

El Ciadi es un mecanismo adscrito al Banco Mundial al que se le critica la falta de transparencia en los procesos y un supuesto sesgo favorable a los inversionistas mostrado en sus laudos arbitrales.

Casualmente, aduciendo los efectos negativos que el mecanismo tiene para las economías de los Estados, un grupo de 230 profesores y académicos estadounidense, encabezados por Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, recomendaron al Presidente Donald Trump retirar las cláusulas sobre arbitraje de inversión en el Tratado de libre Comercio de Norteamérica y en cualquier futuro tratado de Estados Unidos.


Opacidad

El profesor de derecho internacional público, Nicolás Boeglin, ha señalado los costos que tiene para los Estados el sistema de arbitraje internacional de inversión en el Ciadi, el cual, además, es objeto de críticas por la opacidad de sus procesos.

El catedrático de la Universidad de Costa Rica dijo que una de las principales críticas que se le hacen a ese mecanismo internacional es que aplica reglas del arbitraje comercial en asuntos de interés público, los cuales implican cuestiones ambientales, de salud pública, derechos de pueblos indígenas y otros; temas que los árbitros comerciales conocen poco.

De esa manera, se toman decisiones de interés público que no dan pie para ninguna transparencia que se espera por parte del Estado, comentó.

En el caso de Costa Rica, Comex es la entidad a cargo de la defensa del Estado en el Ciadi, y “estamos sin saber cómo Comex está defendiendo a Costa Rica, con qué argumentos, en temas que no le competen exclusivamente y de los que conocen poco”, señaló.

El problema es que Comex lo que hace es contratar un bufete, usualmente en Washington, al que le entrega la estrategia legal de la defensa, a diferencia de lo que hacen países como Argentina o Ecuador, que tienen una instancia del Estado que defiende directamente la posición del país ante el Ciadi, comentó el académico.


 

 

 

 


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