Este miércoles un amplio grupo de organizaciones, activistas y representantes de programas y proyectos de la UCR, hicieron un llamado para insistir en que se respeten los derechos de las personas trabajadoras de la agroindustria en la zona Norte y Atlántica del país.
Mediante un pronunciamiento presentado en horas de la mañana, subrayaron con preocupación que parte significativa del aumento en casos detectados de infección por el coronavirus en esa región, se trata de personas que trabajan en “fincas y plantas empacadoras de productos para la exportación, especialmente la piña, seguida de la yuca y la naranja”.
Tras recordar que ese aumento de casos también afecta a población costarricense, las organizaciones y personas firmantes apuntaron que “a pesar de los señalamientos xenofóbicos de muchos sectores, queremos hacer eco en que las personas migrantes no son responsables directas de esta situación”, ya que muchas empresas se han beneficiado al imponer “precarias condiciones laborales y bajos salarios, muchas veces contraviniendo las normas establecidas”.
La situación es aún más grave cuando se trata de personas sin documentos, “las cuales entran en situaciones de exclusión y vulnerabilidad más acentuadas”. Sin embargo, “ignorando esta realidad, sectores empresariales, políticos y medios masivos de información han contribuido a la construcción de discursos de odio y xenofobia”.
Entre las instancias firmantes figuran el Consejo de Programas Institucionales de Acción Social y el Programa Kioscos Socioambientales, ambos de la UCR, el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (Cicde), de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), así como docentes a cargo de programas de trabajo comunal universitario (TCU) de la UCR, el Programa de Economía Social Solidaria de la Universidad de Costa Rica, la Asociación Cultural Abriendo el Surco, la Clínica de Migración, refugio y protección internacional, también de la UCR, la asociación ecologista COECOceiba Amigos de la Tierrra Costa Rica, o varios sindicatos.
También firmaron unas 98 personas activistas de diferentes comunidades e instancias.
Pasos necesarios
Tras llamar a que se respete la legislación nacional laboral y a que se sancione efectivamente a las empresas que la incumplan, el documento puntuaiza una serie de medidas necesarias entre las que destaca la aprobación del el expediente legislativo 21.706.
Se trata de un proyecto de ley que que lleva años en la corriente legislativa frenado por el sector empresarial, y en el que se autoriza a las autoridades de la Inspección de Trabajo a establecer sanciones directamente cuando determinen que se ha violado la legislación laboral, “sin tener que recurrir a largos procesos judiciales”.
También solicita la eliminación del decreto 41908-MGP-MTSS-MAG, el cual alargó una suspensión de las multas a las empresas que incumplen la Ley de Migración respecto a la obligación de regularizar a las personas trabajadoras que no cuenten con permisos. Consideran que esa norma es “un portillo para el incumplimiento de todas las demás normas laborales y el sostenimiento de las condiciones de precariedad laboral”.
