“Cuando yo llegué, había muchas camas libres. Ahora hay gente que duerme en los baños porque no caben las muchachas. De hecho, hace poco metieron un camarote en cada pabellón, pero ya no hay espacio”, dice Dayanna Aguilera, una privada de libertad que purga una condena en la cárcel de mujeres Vilma Curling, por el delito de tráfico internacional de drogas.
Se “montó en la carreta” con un cubano llamado Ricardo, comenta Aguilera. El novio la indujo al tentador negocio de la venta y trasiego de estupefacientes. Vivía con él y traficaban hacia Cuba.
Dayanna ayudaba a Ricardo en el reclutamiento de personas para hacer traslados de dinero desde Cuba hacia Costa Rica. Almacenaban la droga en su casa y fueron capturados hace dos años y nueve meses. Ese error la tiene hoy en el antiguo Buen Pastor, una cárcel que cambió su nombre para honrar a una enfermera que luchó por la reinserción de las privadas de libertad.
Los delitos relacionados con el tráfico de drogas son los más comunes entre las mujeres del centro Vilma Curling, sin embargo, Dayanna dista de ser un caso tradicional. Tiene 34 años, sin hijos, toca saxofón y es diseñadora gráfica. Habla con elocuencia y fue parte del comité de privadas de libertad, un grupo que presiona desde dentro para vivir en mejores condiciones.
Sobrepoblación
En diciembre pasado, esta prisión reportó -por primera vez en varios años- una sobrepoblación del 3%, al reunir a 641 mujeres en un espacio para 621, según datos del Ministerio de Justicia.
Para enmendar esta situación, en enero las autoridades del centro añadieron un camarote más en cada dormitorio de los módulos de sentenciadas, lo que permitió aumentar la capacidad del centro a 658 personas.
Pero esta podría ser una solución del tamaño de una curita, si se toma en cuenta el ritmo de crecimiento del centro. En 2016 había unas 496 mujeres recluidas, cifra que aumentó a 641 a finales de 2018, un crecimiento del 30%, con base en datos obtenidos por el Mecanismo Nacional de la Prevención de la Tortura (MNPT), un órgano de la Defensoría de los Habitantes que hace visitas a centros de detención y vela por el cumplimiento de los derechos humanos a los privados de libertad.
Este órgano también encontró que entre el 6 de agosto y el 18 de noviembre anteriores, ingresaron unas 213 mujeres, mientras que solo salieron unas 147 en el mismo periodo. Esto hizo que en tan solo dos meses se llenaran 66 nuevos espacios.
Además, encontró que la infraestructura no es accesible para las adultas mayores. “En una celda individual (…) se encuentra ubicada una mujer adulta mayor que requiere la colaboración de otra privada de libertad, pues padece de esquizofrenia paranoide, hipertensión arterial y deterioro cognitivo no especificado. Esta mujer utiliza una silla de ruedas, y ni la entrada a la celda individual, ni el baño, ni el servicio sanitario se encuentran acondicionados con barras para garantizar la accesibilidad de la privada de libertad adulta mayor”, relata el informe del MNPT.
En la misma línea, Dayanna Sánchez ve un trato desigual. “Para los hombres hay cárcel de adulto mayor y adulto joven. Acá ponen a dormir a una señora de 70 con una muchacha de 20”, agregó.
Causas
Antonio Barrantes, director de la cárcel de mujeres, explicó que la construcción de nuevos espacios está fuera de su control, así como el ingreso o salida de privadas de libertad.
De acuerdo con Barrantes, hay un incremento en los ingresos por delitos de narcotráfico y de crimen organizado, lo que ocasiona el cumplimiento de plazos más amplios de prisión preventiva.
“Quiero ser respetuoso de la separación de poderes y de los jueces, pero hay ingresos de 10 o 15 días de preventiva y eso a veces no tiene sentido, pero hay que aceptarlas”, comentó.
El director del MNPT, Roger Víquez, afirmó que ante la escasez de personal, no se están realizando valoraciones extraordinarias, las cuales permiten trasladar privados de libertad a cárceles semiabiertas o a otorgarles beneficios.
“Nosotros recogemos información confidencial de funcionarios penitenciarios. Casi que ningún centro está haciendo valoraciones extraordinarias. La población penitenciaria creció y los funcionarios bajaron. Se atrasaron las valoraciones extraordinarias. Hay una violación de derechos laborales de los funcionarios”, dijo Víquez.
Dayanna Aguilera coincide con ese criterio y afirma que el problema es que a muchos “no se les brindan las oportunidades que daban antes”, como la posibilidad de hacer trabajo comunal o los traslados a cárceles semiabiertas.
“Ahora por cualquier cosa la gente viene acá. Conozco compañeras que terminan metidas por robarse un Cicatricure y no creo que eso sea para que alguien venga a vivir la experiencia de una cárcel, hay demasiada población penitenciaria”, agregó.
De hecho, UNIVERSIDAD reportó la semana anterior el caso de Nadya Paniagua, una prostituta que recibió una condena de diez años de cárcel por robarle ₡3.000 a un vendedor de periódicos. Esta decisión se basó en el testimonio del pregonero y de un policía que no presenció nada de lo ocurrido, pero que se había enterado por boca del ofendido.
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Por esta razón, el MNPT hizo una inspección a la cárcel de mujeres en noviembre pasado, en donde se encontró que la población recluida superaba la capacidad real en seis de diez módulos.
“La sobrepoblación en el Centro de Atención Institucional Vilma Curling es particularmente gravosa, dado que es un Centro Nacional en el cual se ubican las mujeres privadas de libertad de todo el país, y las posibilidades de un cambio de ubicación son prácticamente nulas, por lo que se condena a dichas mujeres a vivir en condiciones degradantes durante todo su proceso de prisionalización, tomando en consideración, además, que el centro no cuenta con infraestructura específica para mujeres, ni con módulos tipo casitas de oportunidades”, relata el informe.
Más reclusas, menos personal
Mientras aumenta la población penitenciaria, paradójicamente, se reduce el personal de atención técnica. En octubre de 2015, cuando la población era inferior, 25 profesionales estaban a cargo de las necesidades de las reclusas. Hoy ese número se redujo a 17 personas, distribuidas en las áreas de Dirección, Educación, Orientación, Derecho, Trabajo Social y Psicología.
“Esta situación en definitiva ha afectado el cumplimiento de las responsabilidades laborales que tiene a su cargo el personal penitenciario, siendo que, de una u otra manera, los procesos se ven debilitados ante dichas circunstancias, dado que la población femenina privada de libertad requiere una atención especializada”, advirtió el informe.