Emilio Arias, ministro de Desarrollo Humano:

Situación fiscal es “uno de los mayores riesgos” del sector social del gobierno

El jerarca del IMAS enfatizó que el Gobierno no dispuso ninguna medida que afecte programas sociales

Como ministro de Desarrollo Humano y presidente ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Emilio Arias tiene la responsabilidad de velar por que el gobierno cumpla con todos los programas sociales pero, en el marco de la crisis fiscal que atraviesa el país, esa tarea es hoy según sus propias palabras “uno de los mayores riesgos”.

Los programas sociales son una oferta que abarca desde sonadas iniciativas como la estrategia Puente al Desarrollo o la Red de Cuido, hasta programas de asistencia como las ayudas a personas en extrema pobreza, o el subsidio a los pescadores en tiempo de veda.

En total 191 mil familias reciben ayuda, según detalló Arias.

El funcionario no oculta la preocupación que genera la crisis de liquidez que atraviesa el Gobierno y que, el pasado mes de julio provocó un atraso en el giro de más de ¢9.700 millones para las transferencias que dan sustento a los programas de Avancemos, Red de Cuido, Atención Familias, Bienestar Familiar y Emergencias.

Ante esa crisis, el presidente Luis Guillermo Solís anunció una serie de medidas, que incluyen una priorización de pagos del Estado, según la cual después del pago de la deuda púbica, salarios y pensiones, se atenderán las transferencias “según su urgencia social”.

Arias aseguró a UNIVERSIDAD que aún no han tomado ninguna decisión que afecte a los programas sociales.

¿Ante la magnitud de los programas sociales, al día de hoy, cómo está la salud del sistema de captación de recursos para cumplir con esas obligaciones?

-Primero, hay que diferenciar lo que significan los presupuestos dados por ley, en el caso del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) por ejemplo, que son distribuidos. Adicionalmente, están los presupuestos que las instituciones autónomas o ministerios destinan al sector social.

Esas dos grandes fuentes de financiamiento son las que nos permiten distribuir los recursos del Estado, del sector social en la oferta programática existente: la que tiene el IMAS, como Avancemos, o la Red de Cuido; la que tiene el Ministerio de Educación Pública, como el Fondo Nacional de Becas (Fonabe); o la que tiene por ejemplo el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis).

Al día de hoy, todas las instituciones del sector social tienen presupuestados los recursos definidos por ley o que requieren según su plan operativo para satisfacer la demanda o para poder cubrir adecuadamente los programas que tienen asignados por ley. Pero para que este presupuesto sea efectivo, tiene que tener liquidez la Tesorería Nacional.

Las instituciones del sector social en este momento todas han cumplido con presupuestar los recursos, pero el pago efectivo a las familias de sus beneficios depende exclusivamente en este momento de la liquidez de la Tesorería Nacional. Entramos a una dependencia del sector social y sus instituciones, de la liquidez que tenga el Estado.

La situación fiscal del país que en gran parte afecta la liquidez de la Tesorería Nacional, es uno de los mayores riesgos que tiene el sector social para cumplir con su misión, porque no es un tema de presupuestar, de legalidad o administrativo de ejecución, sino de disponibilidad de efectivo en la Tesorería Nacional.

Esa es la realidad. Ahora, el Presidente toma una serie de medidas para todavía controlar más el gasto, incluso anuncia que el presupuesto del 2018 no podrá aumentar en los temas que legalmente no tengan compromiso. En ningún momento existe ningún tipo de acción que vaya en detrimento de presupuestar los recursos para cumplir con la oferta programática del sector social del gobierno.

Conforme el problema fiscal se agudiza, ese riesgo se eleva. El presidente ordena que se prioricen las transferencias según la “urgencia social”. ¿Cómo se determina esa “urgencia social”?

-Lamentablemente, el no solucionar el tema fiscal a corto, mediano y largo plazo lo que va a generar es un aumento en el nivel de riesgo de la liquidez y de obtener recursos frescos para poder suplir la oferta programática y las necesidades de la gente en condición de pobreza.

Hay una relación absoluta entre liquidez y posibilidad de hacer los pagos. Sin embargo, el Presidente en los anuncios que hizo y en las decisiones que tomamos en Consejo de Gobierno, se definieron en orden de prioridad claramente primero pago de salarios, segundo, pago de pensiones y tercero pago de transferencias sociales, todas aquellas que hacemos las instituciones del sector social y en proporción el IMAS en su mayoría.

Pero antes de las transferencias sociales está el pago de la deuda.

-Bueno, antes de las tres. Claro, si no pago deuda, amortizo menos y termino pagando más, entonces voy a acrecentar el déficit fiscal.

Es un obstáculo más a la hora de establecer las prioridades de esa “urgencia social”.

-El nivel de endeudamiento del país es tan grande, que la mayor tajada del Presupuesto de la República se va en pago de deuda.

En el caso del IMAS, tenemos una oferta programática variada para atención de familias en condición de pobreza. Luego tenemos beneficios de educación, como Avancemos, tenemos de cuido, de capacitación, de formación humana y de ideas productivas.

En un potencial escenario, que no es el actual porque se toman medidas correctivas para evitar que esto se acreciente, si tuviese que tomar decisiones de cómo priorizar, lo haría en ese orden: primero las necesidades básicas de las familias, garantizar el alimento de las familias en condición de pobreza.   Segundo, garantizar la educación de esas familias, porque es un movilizador social. Lo que sacrificaría en primer nivel sería formación, capacitación y transferencias para ideas productivas.

En este momento no existe una directriz en esa dirección, sino de eliminar todo aquello que no sea necesario para que la institución avance naturalmente, la directriz nos hace un llamado a que los gastos administrativos de las instituciones por parejo los disminuyamos y justifiquemos esas disminuciones. Al día de hoy toda la oferta social que tiene el Estado costarricense está en el mismo nivel de prioridad y no hay ninguna orden de sacrificar ningún programa.

¿La decisión de que no se le aumente el presupuesto a ningún rubro que por ley lo requiera, afecta en algo a la oferta de programas sociales?

-No, porque la gran mayoría de los recursos que recibimos, más o menos un 75%, proviene de Fodesaf. Ese fondo se alimenta del Estado y del sector privado, dentro de la directriz no se ve afectado; entonces en buena teoría nosotros deberíamos recibir los recursos que nos corresponden según la proyección que ya nos dio Fodesaf y en ningún momento están afectando los programas sociales.

En conferencia de prensa del 29 de julio, el Subtesorero Nacional dijo que hay momentos durante el año en los que es normal que se presente un problema de liquidez, como diciembre, pero se presentó en julio. ¿Si la Asamblea Legislativa no aprueba una reforma fiscal, qué tan preocupado está por el futuro?

-No puedo tomar medidas presupuestarias más que disminuir el gasto administrativo de la institución, que además nosotros tenemos por ley la posibilidad de utilizar hasta el 30% del presupuesto en gastos administrativos y utilizamos menos.

Sin embargo, para el presupuesto del año entrante, de acuerdo con la directriz del Presidente estamos reduciendo al máximo los gastos administrativos, no estamos tocando la oferta programática, mantenemos la pensada para el 2018.

Por supuesto que, como cualquier jerarca, la preocupación es que el país no tenga claro el nivel de riesgo, que no se tomen las medidas necesarias para poder mitigarlo y que al posponer la aprobación de proyectos en la Asamblea, a mediano plazo efectivamente podríamos sufrir en el sector social un problema por tener menos recursos para enfrentar las necesidades y la lucha contra la pobreza.

Entonces, es un alto riesgo que no depende de la institución poderlo mitigar, sino que es externo. La preocupación mía es que el tema de disponibilidad de efectivo no lo puedo controlar. Tengo un presupuesto, pero la disponibilidad de efectivo en la Tesorería Nacional no la puedo controlar, porque le corresponde al sector económico del gobierno, no al sector social. No tengo ninguna potestad ni competencia para controlar el tema de la liquidez en la Tesorería Nacional.



Salud de Fodesaf es vital

Deudas de patronos superan los ¢169 mil millones.

Vinicio Chacón

vinicio.chacon@ucr.ac.cr

El Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) constituye la columna vertebral del financiamiento de los programas de ayuda social del país.

Tal como lo reconoció Emilio Arias, presidente ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), un 75% de los fondos con que esa institución atiende sus diferentes programas sociales proviene de ese Fondo.

La preocupación es que el país no tenga claro el nivel de riesgo.”

Emilio Arias, ministro de Desarrollo Humano

Por esa razón, el cumplimiento de los aportes patronales al Fodesaf es de gran importancia, sobre todo ante la realidad de la crisis de liquidez que atraviesa el gobierno.

De acuerdo al artículo 15 de la Ley 8783, los recursos del Fondo provienen en primer lugar de la asignación en el Presupuesto Ordinario de la República del equivalente a 593 mil salarios base utilizados por el Poder Judicial para fijar multas y penas por la comisión de diferentes infracciones, provenientes de la recaudación del Impuesto General Sobre las Ventas.

En segunda instancia, provienen del recargo del 5% sobre el total de sueldos y salarios que patronos públicos y privados pagan mensualmente a sus trabajadores.

Según el Plan de Inversión 2017 de la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Desaf), por el primer rubro corresponden ¢251.550.600.000, por el segundo la proyección alcanza ¢330.495.330.000. Es decir, el dinero a partir del cual el Fondo cubrirá su apoyo a diferentes programas sociales asciende a más de ¢582 mil millones.

Sin embargo, la proyección institucional para el 2017 también incluyó una perspectiva de recuperación de lo adeudado por patronos morosos de ¢4.500 millones y los intereses sobre saldo de cuentas corrientes en los bancos Nacional y de Costa Rica, por ¢900.000. Así, esa proyección alcanzó ¢586.546.830.000.

Ese dinero se reparte entre otros rubros al programa Avancemos (¢50.000 millones), al financiamiento de las pensiones de adultos mayores en condición de pobreza (¢68.628 millones), la Red de Cuido (¢23.461 millones), el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (¢5.386 millones), o el fondo de subsidio para la vivienda del Banco Hipotecario de la Vivienda (Bahnvi) (¢105.989 millones).

Evidentemente, el problema de la morosidad con el Fondo no ha sido superado. De acuerdo con la lista actualizada al 10 de agosto, el total adeudado por más de 20 mil patronos -tanto personas físicas como jurídicas, supera los ¢169 mil millones.

Entre los principales deudores figura en primer lugar y como lo ha sido durante años, la Embajada de Estados Unidos, con más de ¢3.600 millones; seguida por Confecciones Bor Kar, que mantiene una deuda por encima de los ¢1.200 millones (Ver cuadro Morosidad con Fodesaf).


MEP trabaja en replantear gastos

Desde el Ministerio de Educación Pública (MEP) se reconoció que ya se empezaron a girar órdenes para que se elabore el replanteamiento de los gastos.

La oficina de prensa institucional informó que se convocó “de manera urgente y obligatoria” a todas las jefaturas del programa presupuestario para informarles sobre “ el alcance de los lineamientos emitidos por el Señor Presidente y el Decreto Ejecutivo Nº 40540-H”.

También se revisan “exhaustivamente” los procesos de adquisición de bienes y servicios que ya iniciados pero cuyo trámite de contratación aún no haya derivado en compromiso adquirido con un tercero, con el fin de que considere la posibilidad de no contratar el bien o servicio correspondiente.

También se plantea la posibilidad de reprogramar o posponer eventos ministeriales.

Se inquirió si el tema de a falta de liquidez afecta al Ministerio de Justicia en los diferentes programas de inclusión social que se llevan a cabo en la atención de la población penitenciaria del país, así como en la inversión en mejoras de los centros de atención institucional y en los programas sociales de prevención de la violencia.

A través de la oficina de prensa institucional, el viceministro de Gestión Estratégica, Alejandro Redondo, informó que ese Ministerio “no tiene ninguna afectación” y que la operación y gestión en todas las instancias se mantiene con normalidad, “según lo programado para este periodo económico”.


 


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