Jorge Cartín, secretario general del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Poder Judicial (Sitrajud) por escrito comunicó a la Corte Suprema de Justicia un acuerdo de su junta directiva mediante el que se solicita se investigue a las cuatro salas que componen la Corte por atraso en la gestión de expedientes.
El acuerdo citado además expresa respaldo a la gestión de la jueza Silvia Arce respecto al atraso de expedientes en la Sala II.
Tal como informó UNIVERSIDAD, esa funcionaria pública hizo un amplio estudio mediante el que denunció la tardanza de muchos expedientes en la Sala II, por lo que solicitó a la Corte Plena que inicie una investigación disciplinaria contra los magistrados y magistradas integrantes de ese tribunal.
Jueza pide una investigación disciplinaria contra magistrados de Sala II por atraso de expedientes laborales y familiares
Algunos casos suman hasta mil días a la espera de ser resueltos ante ese tribunal, que ve temas laborales, de familia y civiles.
Oficialmente aún no se conoce pronunciamiento de Corte Plena respecto a la gestión de la jueza.
Mientras tanto, tras conocer la gestión de Arce, la junta directiva del Sitrajud trató el tema y acordó, como se dijo, además de respaldar la gestión de la jueza, que la investigación que ella solicitó se amplíe “para todos los procesos judiciales, que se encuentren en similares condiciones, en todas las salas que
integran la Corte Suprema de Justicia y que se encuentren asignados a magistrados y magistradas, sean propietarios o suplentes”.
En la misiva dirigida al magistrado Orlando Aguirre, presidente de la Corte, el Sitrajud señala que “uno de nuestros principios es velar por los intereses ciudadanos, realizando precisamente mecanismos de Control Ciudadano, para la rendición de cuentas; por esos motivos nos solidarizamos plenamente con la Jueza Arce Meneses”.
Añade que la gestión de esa funcionaria es un acto de defensa del principio de justicia pronta y cumplida, “el cual está garantizado en nuestra Constitución Política, como un derecho fundamental de las personas ciudadanas costarricenses, fundamental para el correcto ejercicio de la función judicial y garantizar los derechos de todas las partes involucradas en los procesos judiciales”.
Respecto a la “investigación exhaustiva” solicitada para que abarque “todos aquellos procesos que se encuentren para su resolución, fuera del plazo legal, en todas las Salas que conforman la Corte Plena”, la carta añade que es “de suma importancia, identificar las causas de estos atrasos y tomar las medidas necesarias, para remediar esta situación, garantizando así el acceso a una justicia pronta, imparcial y eficiente para todas y todos los ciudadanos”.
Concluye con la solicitud de que se abra “los procesos disciplinarios que correspondan” en caso de que se encuentre suficiente evidencia, de que se haya violentado ese principio de justicia pronta y cumplida.
