El sistema educativo opera actualmente ‘a ciegas’ debido a la falta de evaluación de los estudiantes durante la pandemia, ese es uno de los hallazgos del octavo informe del Estado de la Educación publicado este miércoles.
Con la suspensión de las clases presenciales por el COVID-19, en el 2020, el Ministerio de Educación Pública (MEP) hizo una apuesta por las Guías de Trabajo Autónomo (GTA), los recursos digitales en diferentes plataformas, así como un sinnúmero de programas de radio y televisión; sin embargo, la institución no realizó medición.
“En ninguno de los casos tenemos datos para saber si esto sirvió, cuánta gente vio el programa de radio o televisión, eso no está medido. Tampoco está medido si las Guías de Trabajo Autónomo funcionaron para cumplir los objetivos de aprendizaje”, indicó la investigadora del Informe del Estado de la Educación, Jennyfer León.
Estas guías incluso asumen que hay condiciones similares para todos los estudiantes en el hogar en términos de recursos, material y apoyo en casa, pero esto no es cierto.
La investigadora agregó que uno de los grandes vacíos el año pasado fue el no contar con evaluaciones para dar seguimiento a los aprendizajes de los estudiantes, pues la evaluación de aula no se sistematizó y las pruebas nacionales FARO fueron suspendidas.
“Desde 2019, el sistema no tiene datos para dar seguimiento a trayectorias educativas de los estudiantes. Es un sistema que opera a ciegas y que regresó a las aulas este año sin saber en qué niveles estaban estudiantes en diferentes asignaturas”, señaló León.
Rezago de un año
El Estado de la Educación señaló también en su último informe que debido a las constantes interrupciones del ciclo lectivo, en total el país acumula un año de rezago desde el 2018.
Para el 2018 el país afrontó una huelga indefinida de educadores en oposición al proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (4 meses), y un año después se presentó la huelga intermitente de Sindicatos APSE y ANDE y protestas estudiantiles MEDSE, quienes se oponían a los proyectos de Ley de Declaratoria de Servicio Esencial, Educación Dual y a las pruebas FARO, cuya duración fue de 2 meses.
A esto se suma la suspensión nacional de lecciones presenciales por casi todo el 2020 y la suspensión del curso lectivo durante un mes y medio del 2021 debido al impacto del COVID-19 sobre el país.
En esta línea, los investigadores destacaron que el cierre prolongado de los centros educativos por la pandemia generó una situación inédita, pues 1.200.000 estudiantes fueron enviados a casa durante casi todo el 2020. Este es uno de los cierres más grandes de los países de la OCDE.
En el 2020, apenas un 13% de las lecciones se dieron de forma presencial, lo que tiene afectación en perdida de aprendizaje, y mayor repercusión en poblaciones vulnerables.
De acuerdo con los investigadores, la pandemia agudizó las brechas en poblaciones vulnerables, lo cual se evidencia en la falta de conectividad o baja conectividad de miles de estudiantes, quienes vieron limitado su derecho a una educación de calidad debido a las pocas condiciones que tenían para acceder a una educación remota que fue la que prevaleció durante el 2020.
“La pandemia nos cae en un momento donde ningún actor educativo estaba preparado para enfrentarlo. Estudiantes y docentes con baja capacidades digitales y padres y madres de familia que de acuerdo con la modalidad adoptada por el MEP de educación remota, desempeñaban el rol protagónico para brindar apoyo a sus hijos”, externó la investigadora del Estado de la Educación, Katherine Barquero.
En una encuesta realizada por el Estado de la Educación un 60% de los padres de familia encuestados contestó que se sentían algo o nada preparados para apoyar a sus hijos.
“La probabilidad de sentirse preparado para apoyar a sus hijos estaba concentrado en hogares con climas educativos altos, los que han terminado secundaria o tienen más”, indicó la investigadora.
Crisis requiere de Acuerdo Nacional para la Educación
En términos generales, el octavo informe del Estado de la Educación expone que el sistema educativo afronta una grave crisis, un apagón educativo, el cual es el resultado de rezagos y problemas históricos no resueltos antes de la pandemia, a los cuales se les suman los efectos de la emergencia sanitaria y las rigideces institucionales para responder a la afectación.
De acuerdo con la coordinadora del Informe, Isabel Román, esta crisis educativa es la peor en varias décadas, y necesita de la respuesta de todo el país.
“La gravedad de la situación amerita que el país ejecute una hoja de ruta estratégica a partir de un acuerdo nacional para la educación”, mencionó Román.
En esta línea el Informe propone medidas inmediatas (2021-2022) como lo es poner fin al estado de excepción en educación y proponer planes de nivelación. Según el investigador, Dagoberto Murillo, la evidencia muestra que el cierre de centros educativos no ha sumado o restado en la cantidad de casos.
“Con el avance en la vacunación, creemos que podríamos poner fin al estado de excepción y volver a las clases presenciales principalmente atendiendo a los grupos más vulnerables y proponiendo planes de nivelación”, indicó Murillo.
A corto plazo (2022-2024), por su parte, los investigadores plantean avanzar en ambientes conectados y mejorar la calidad docente.
Finalmente, a mediano plazo (del 2024 en adelante) el Estado de la Educación propone poner a funcionar la escuela del Siglo XXI, lo cual implica potenciar el liderazgo pedagógico, que las aulas sean laboratorios de innovación y nuevos enfoques de enseñanza.
“No podemos volver y hacer borrón y cuenta nueva. El tema es enfocarnos en que tenemos que hacer cambios. Si no se logran estos cambios será muy difícil para el apagón educativo en el cual nos encontramos”, finalizó Murillo.
