Antes de que inicien las clases, es común escuchar que gran cantidad de profesores rechazan contratos ofrecidos por el MEP, e incluso, ya con el curso encima se conocen casos de estudiantes sin profesor. Esta situación se debe a los actuales mecanismos de contratación docente, que tienen efectos en la distribución de docentes en los colegios del país, y por ende, afectan la calidad en la educación de los jóvenes que residen en zonas vulnerables.
Este es uno de los principales hallazgos de los estudios hechos en el marco del séptimo Informe Estado de la Educación (2019), y realizados por la investigadora Valeria Lentini, con apoyo del Programa Estado de la Nación, el Colegio de Profesores y Licenciados (Colypro), Unimer, la Universidad de Costa Rica, y la Universidad de Zaragoza.
De acuerdo con el estudio, cada año los docentes nombrados desestiman contratos que inicialmente estaban dispuestos a aceptar, e incluso regresan a su puesto anterior. Ante esta situación el colegio y los estudiantes permanecen sin el educador por largo tiempo, mientras el MEP reinicia la búsqueda del candidato para ocupar la vacante.
Según el análisis, sobre contratos aceptados y desestimados por profesores de secundaria interinos y entrantes en 2018, existen condiciones que favorecen la aceptación del contrato por parte del docente, tales como ser nombrado en la provincia de nacimiento, que la asignatura sea básica, que los colegios sean grandes y que puedan tener numerosas lecciones.
Por otra parte, si la categoría profesional del docente aumenta, el colegio muestra una alta proporción de estudiantes reprobados, y si el distrito es pobre, el rechazo de contratos por parte de los docentes también aumenta.
“La identificación del vínculo entre pobreza y rechazo de los puestos tiene implicaciones con respecto a la distribución de los docentes. Esto es importante porque el profesorado cumple un papel fundamental para reducir las diferencias de resultados entre estudiantes de distintos niveles socioeconómicos. La variabilidad en el atractivo de los centros educativos para los docentes genera que aquellos colegios en desventaja, por localizarse en distritos más pobres, se segreguen geográficamente y perpetúen su situación”, se lee en el estudio.
El análisis también señala que el MEP y el Servicio Civil deben revisar este tema debido a que los esfuerzos de política para reducir la pobreza requieren de acciones para llevar docentes motivados a trabajar en dichos colegios.
El Ministerio de Educación Pública ofrece actualmente incentivos para atraer y retener docentes en colegios ubicados en distritos de bajo desarrollo social. Estos incentivos se pagan como un porcentaje (máximo 20%) sobre el salario base. Sin embargo, según la investigación, estos no tienen efecto sobre la aceptación y desestimación de contratos.
Un segundo estudio sugiere que el Ministerio de Educación Pública debe revisar no solo las políticas y mecanismos de contratación docente, sino también los incentivos.
“El hallazgo más relevante de esta segunda investigación fue que en la simulación de posibles paquetes de incentivos, la combinación de aquellos no monetarios con algunos monetarios menos onerosos motivaba a proporciones equivalentes de docentes a desplazarse, en comparación a los incentivos monetarios más altos”, apunta la investigación.
