País

Sindicatos y cámaras rechazan propuestas de negociación entre Gobierno y FMI

Grupos sindicales aseguran que acuerdo con el FMI era innecesario; uniones empresariales claman por enfocarse en el gasto público.

Las medidas presentadas por el Gobierno como parte de la negociación que mantendrá con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sigue cosechando críticas entre diferentes sectores.

A los cuestionamientos de diputados y políticos, se suman las de sindicatos y cámaras empresariales, las cuales rechazan los nuevos impuestos y la falta de incorporación de sugerencias provenientes de sus sectores.

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ANEP: Esperamos una movilización ciudadana gigante

El secretario de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Albino Vargas, rechazó la totalidad del acuerdo y aseguró que el país no necesita recurrir al FMI para paliar su situación fiscal.

«Hay alternativas, nosotros y otros grupos hemos dado iniciativas, pero desde la ortodoxia neoliberal que manda en este gobierno no están escuchando. Es un planteamiento muy cargado hacia los sectores medios, a golpear al agro, a golpear a los asalariados y continua con su senda del odio en contra del empleo público», dijo.

La medida más criticada por Vargas fue la del impuesto a las transacciones financieras, ya que, afirma, la propuesta fue «manipulada».

«La ANEP trajo esa idea en el 2011 y la hicimos de conocimiento del entonces presidente legislativo Juan Carlos Mendoza. Ahora el gobierno la manipula, la desnaturaliza, le ayuda al capital altamente concentrado y la convierte en un IVA camuflado. Preferimos seguirlo llamando ‘tasa Alvarado'», señaló.

El secretario de ANEP dijo que desde ya trabajan en una «movilización ciudadana gigante, superior a la que enfrentó el Combo Fiscal», por lo que en los próximos días podrían dar la convocatoria a dicho movimiento.

SEC: «Necesitamos unirnos todos los sectores»

El secretario general del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC), Gilbert Díaz, aseguró que el grupo rechaza totalmente las medidas presentadas por el Ejecutivo, ya que se alejan de una verdadera solución para los problemas del país.

«Esas políticas vienen a empobrecer más a la población costarricense y, principalmente, a contraer la economía en lugar de dinamizarla. Tenemos que unirnos todos los sectores, empresarios, academia, iglesia, sindicatos, medios de comunicación, para exigir un verdadero diálogo que nos lleve a una reforma del modelo económico que hemos tenido», dijo.

Consultado por UNIVERSIDAD sobre los foros de diálogo propuestos por Gobierno previo a la presentación de esta negociación, Díaz afirmó que ya esperaban que no se incorporaran sus sugerencias.

«Eso era un proceso no era el mejor para dialogar y efectivamente todos los que presentamos nuestras propuestas fuimos ignorados, porque se dejaron arrastrar por los intereses del FMI», criticó.

UCCAEP: No se habla de rebajar el gasto público

Por su parte, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), afirmó mediante un comunicado de prensa que «Costa Rica no debe, ni puede, permitirse más impuestos.

«Las medidas planteadas por el Poder Ejecutivo y el Banco Central van en dirección contraria de lo que se necesita para reactivar la economía, mantener y generar nuevos puestos de trabajo y reducir la informalidad que hoy no contribuye», dijeron.

En esta línea, desde UCCAEP consideran que el Gobierno debería primero pensar en reducir el gasto, antes de aplicar nuevos tributos.

«La retórica sobre un gasto público inflexible y con poco espacio de reducción se desgastó y no es sostenible. Es momento para el Gobierno de dar señales claras sobre su responsabilidad con el gasto público, cumplir con los compromisos adquiridos cuando se aprobó la Ley Fortalecimiento de las Finanzas Públicas,  y poner la ‘casa’ en
orden», sentenciaron.

Cámara de Industrias: Cerrar instituciones y vender empresas públicas

El presidente de la Cámara Costarricense de Industrias (CICR), Enrique Egloff, secundó las palabras de UCCAEP y, mediante un comunicado de prensa, aseguró que el Ejecutivo debería pensar en eliminar entidades.

«Las propuestas reducir el tamaño del estado, fusionando o cerrando instituciones, están prácticamente ausentes.  Es decir, no vemos realmente medidas estructurales de reforma del estado, en la dirección, por ejemplo, del proyecto de Ley CERRAR presentado hace algunos años por el entonces Diputado Ottón Solís», escribió.

En línea con esta propuesta, Egloff considera necesario la venta de empresas públicas de valor.

«También, como hemos señalado en otras oportunidades, es hora de plantearse en serio la venta de ciertas instituciones y empresas públicas, más allá de BICSA y FANAL, cuya venta además no tendrían un impacto significativo sobre el nivel de la deuda», indicó.

Cámara de Comercio: Eliminar privilegios

El presidente de la Cámara de Comercio, Julio Castilla Peláez, mostró su desacuerdo con la iniciativa del Gobierno de impulsar más impuestos y pidió voltear la mirada hacia el gasto público.

«Consideramos que se deben tomar acciones concretas y profundas en la reducción del gasto público, que permitan mejorar la competitividad del país. Para ello, se deben eliminar privilegios, así como simplificar el aparato estatal, conformado por más de 322 instituciones», explicó.

Según Castilla, los nuevos tributos frenarán la reactivación y el crecimiento económico que necesita el país.

«Aumentar la carga impositiva para el sector productivo y los consumidores, generaría un impacto negativo en la competitividad, la formalidad, la capacidad adquisitiva de las familias y el crecimiento económico de Costa Rica; por lo que el Gobierno debe apostar por crear mejores condiciones para dinamizar la economía y generar mayores empleos», dijo.

Cámara de Bancos: Impactará la bancarización

Por su parte, la directora de la Cámara de Bancos, Annabelle Ortega, dijo, mediante un video, que el el impuesto a las transacciones financieras causa preocupación entre la agrupación.

«Esta situación viene unida  a una serie de otras medidas, como la tasa de usura, las comisiones para los datáfonos, que va a encarecer al usuario de los servicios bancarios. Por muchos años se ha trabajado para promover la bancarización y esto la desestimula», aseguró.

Ortega agregó que este tributo propuesto por el Gobierno tendrá efectos negativos en el corto y mediano plazo.

«Es probable que la gente, para evitar este tipo de impuestos, vuelva al efectivo. Adicionalmente, el impuesto a las transacciones financieras aumentaría la informalidad y en un plazo muy corto también podría afectar la base contributiva de otros tributos en el país», afirmó.

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