Las organizaciones sindicales integrantes de la Mesa de Diálogo de Seguridad presentaron una recomendación que contiene 14 propuestas para solventar la situación financiera de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y enfrentar la crisis del COVID-19.
Dichas propuestas están divididas en subtemas, según sus características, algunas están dirigidas a la protección de la Seguridad Social; otras serían medidas extraordinarias y temporales, para incrementar los recursos de la CCSS; y otras funcionarían como un apoyo para los patronos y trabajadores independientes.
Entre las alternativas planteadas destaca reorientar durante el período de un año el 4,25% del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) a la Caja, así como utilizar los recursos acumulados de la Ley del Tabaco.
Según los miembros de la Mesa de Seguridad con la utilización de estos recursos se generarían unos ¢350.000 millones, sin necesidad de establecer nuevos impuestos a los costarricenses.
“Planteamos la necesidad de diseñar un sistema de mono tributo, de manera que los trabajadores independientes y pequeñas empresas contribuyan bajo un régimen tributario integrado y simplificado, tanto en el registro como en la recaudación, lo cual permitiría el pago de una sola cuota mensual en sus obligaciones tributarias como de la Seguridad Social”, confirmó Lenín Hernández Navas, presidente de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum y el Sindicato Nacional de Enfermería.
Hernández aseguró que es necesario crear un fondo que atienda el retiro anticipado porque muchos trabajadores que estaban por pensionarse se han visto afectados ahora por el desempleo.
“Se puede usar por una única vez las reservas técnicas del Instituto Nacional de Seguros de los seguros del Riesgo del Trabajo (RT) y del Seguro Obligatorio de Automóvil (SOA) porque al final de agotada las pólizas la atención al trabajador corre por parte de la CCSS, detalló el vocero.
Otra iniciativa está dirigida a crear una modalidad de Seguro de Salud temporal -con cobertura por 6 meses por parte del Estado- y que beneficiarían las personas que incluidas en el Plan PROTEGER, esto debido a la pérdida de empleo o reducción de ingresos de estos sectores.
Adicionalmente proponen crear, por única vez, una contribución solidaria calculada sobre los montos acumulados en el Fondo de Capitalización Laboral que se entregarán en abril de 2021.
“También hemos planteado que se suscriba un convenio de pago con el ministerio de Hacienda por una fracción de la deuda total que tiene el Estado con la Caja y cuyo financiamiento se haría a través de un préstamo con algún organismo internacional y negociar con el Banco Mundial y el Hacienda el desembolso de los recursos pendientes del Programa por Resultados para el Fortalecimiento del Seguro Universal, el cual asciende a los ¢135 millones.
Las propuestas incluyen la acción de excluir durante 12 meses la obligación de los patronos morosos de pagar en su totalidad los aportes correspondientes a la Ley de Protección al Trabajador, dirigidos al ROP y al FCL, como condición esencial para suscribir cualquier arreglo o convenio con la Caja, entre otras.
“La idea es que la gente aporte según sus posibilidades, aplicando la lógica de razonabilidad y proporcionalidad, porque en medio de la pandemia debe ser así. Todos nos tenemos que dar la mano y aportar a la Caja, la respuesta debe orientarse desde el punto de vista de salud, económico y social”, concluyó Hernández.
