La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca) presentó ante la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) un recurso de Nulidad del acuerdo tomado en mayo pasado para establecer un sistema de copago para que los asegurados (que tienen más de seis meses de espera) paguen por consultas externas y procedimientos quirúrgicos en clínicas y hospitales privados y luego la Caja les reintegre el 60% de ese costo, con el fin de reducir las listas de espera.
Como consta en el oficio SO-067-2023, del cual este Semanario tiene copia, la solicitud se basa en considerar que la iniciativa “Ruta para avanzar en la gestión de las listas de espera y del recurso humano especializado en salud”, que incluye el copago, va totalmente en contra de la ley que establece las competencias de la CCSS, basadas en un modelo de seguros sociales solidarios.
En el recurso presentado por Deivis Ovares Morales, secretario de Organización, y la delegada sindical Natalia Solís Rojas, ambos de Undeca, se establece que dicho acuerdo favorece la privatización y violenta la autonomía constitucionalmente conferida a la Caja, básicamente porque el esquema de copago estaría dejando por fuera a quienes no pueden costear ese servicio en el sector privado.
“Este acuerdo de copago fue aprobado por la Junta Directiva ilegítimamente colocada por el Consejo de Gobierno y el presidente Rodrigo Alberto Chaves Robles, quienes decidieron nombrar a un grupo de directivos sin seguir los lineamientos de la Ley Constitutiva de la CCSS, situación que se revirtió a través de la Sala IV”, señala el recurso.
Además, sostiene que la misma Sala Constitucional ha dicho que el derecho a la salud deriva del derecho a la vida y que este es inviolable, por lo tanto, dividir a la población, en los que tienen la posibilidad económica de acceder a recursos privados y los que no, atenta contra este derecho.
Los dirigentes instan en el recurso presentado que se inicie un plan remedial de la lista de espera que contemple el recurso humano e infraestructura propia de la CCSS, según lo establece la legislación y sin que eso implique la “privatización solapada de los servicios de salud”.
En paralelo, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) también ha emprendido acciones en contra de este acuerdo de la “ilegítima” junta directiva de la Caja que aprobó el copago, solicitando ante diversas instancias, como la gerencia Médica de la Institución, los criterios técnicos que dieron pie a su aprobación.
A su vez, dicha gerencia Médica ha trasladado la solicitud de los criterios técnicos a las gerencias Administrativa y Financiera, solicitándole llevar adelante una revisión técnica y el análisis de las observaciones que juzgue convenientes para modificar o mejorar la propuesta de copago.
Diversos expertos consultados con UNIVERSIDAD en publicaciones anteriores han confirmado que esta figura de copago sienta un precedente peligroso porque supone que la lista de espera no se irá resolviendo por un grado de urgencia, sino por la capacidad de pago.
