El Sindicato de la Defensa Pública (SINDEPU), el Sindicato de la Judicatura (SINDIJUD), el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Poder Judicial (SITRAJUD) y el Sindicato Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística (ANIC) pidieron a la Corte Suprema de Justicia declarar nulo el nombramiento de la magistrada Patricia Solano como presidenta de la Sala de Casación Penal.
Los sindicatos objetaron el procedimiento seguido para la elección de Solano, ya que consideran es contraria a la Constitución Política.
“El articulo 52 de la Ley Orgánica es una norma que no solo es anterior a la reforma constitucional que invocamos irrespetada en este caso, sino que, además, contiene un rango normativo inferior a la norma fundamental, respecto de la cual no se puede alegar costumbre en contrario, tal y como lo dispone el artículo 129 de la Carta Magna”, comunicó el grupo mediante una carta a la Corte Plena.
Además, las agrupaciones consideran contraproducente que Solano ejerza cuatro cargos diferentes al mismo tiempo: magistrada, vicepresidenta, presidenta del Consejo Superior y ahora Presidenta de la Sala de Casación Penal.
“Es una discusión institucional que se debe dar en el seno de éste órgano de dirección de la institución, si es conveniente o no ese tipo de concentración de poder y dicha discusión solo sería posible si se respetan las vías constitucionales que confieren a esta Corte Suprema de Justicia, como el máximo jerarca institucional, la designación por nombramiento de las presidencias de la Salas que la componen”, afirmaron.
Los sindicatos señalaron que en su momento también se opusieron a la designación del magistrado Jesús Ramírez Quirós para el cargo de presidente de la Sala de Casación Penal y que “lamentablemente el tiempo dio la razón a esa gestión”.
