Podrán tener diferencias en el accionar sindical, pero en lo que sí coinciden este domingo las organizaciones gremiales de la Caja Costarricense (CCSS) es que, si se retrotrae el reajuste salarial de 2019, correspondiente a los ₡7.500 colones, se daría una intromisión sin precedentes del Poder Ejecutivo en la autónoma institución estatal.
Por eso desde ya señalan que la destitución hecha por el Presidente de la República, Rodrigo Chaves, este sábado al presidente ejecutivo de la CCSS, Álvaro Ramos, es una violación a esa autonomía establecida con la creación de la institución hace 80 años, y que se mantuvo con la fundación de la Segunda República, en 1949, para evitar la concentración de poder en la figura del Ejecutivo.
“Es una destitución a lo (Nayib) Bukele”, dijo Albino Vargas, secretario general de la Asociación de Empleados Públicos y Privados (Anep), en clara alusión al mandatario salvadoreño, cuando se refería a la salida de Ramos, a quien considera una figura de prestigio internacional.
“Sería un acto sin precedentes porque sería entregar a la Caja al Poder Ejecutivo y muy cruel en el 80 aniversario”, comentó Vargas.
A esta crítica se une Lenin Hernández del Sindicato Nacional de Enfermería y Afines (Sinae), quien defiende también la solidez profesional de Ramos y añade que “no hay precedente alguno de violación a la institucionalidad, si echa marcha atrás el acuerdo”.
Hernández recuerda que la Caja goza de autonomía administrativa tanto en materia de seguros de salud como en seguro de pensiones, por lo que estima que sería gravísimo si la ministra de Trabajo, Marta Esquivel —nombrada temporalmente como presidenta ejecutiva de la institución— promueve una moción que suspenda el alza.
Igual de grave es para Juan Carlos Durán Castro del Sindicato de Funcionarios Públicos de Costa Rica (SIFUPCR), quien no duda que la ministra Esquivel está designada con el objetivo de revertir el acuerdo ya en firme, lo cual “coloca a la junta directiva en un predicado riesgoso e histórico”, además de ser “un acto dictatorial”.
Y más peligroso, considera Durán, sería si se cumplen las advertencias del presidente, Rodrigo Chaves, que podrían desembocar en la destitución de los otros dos representantes del Estado ante la junta directiva de la institución, porque dejaría acéfala y en clara intervención estatal a la CCSS.
La junta directiva de la Caja es tripartita y la integran nueve personas repartidas equitativamente entre patronos, trabajadores y empresarios.
¿Qué está en juego?
Para Vargas de la Anep lo que está en juego es un reajuste salarial pendiente, que también abrazaría a maestros y policías, el cual se encuentra judicializado, por una demanda de infracciones a las leyes de trabajo, desde agosto de 2021, señaló.
Añadió que le tocará ahora al ministro de Hacienda, Nogui Acosta, y a la de Planificación, Laura Fernández, responder por esa alza que se dio en el seno de la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público, el 17 de diciembre de 2019, y que no fue aplicada.
Por eso, el también dirigente Lenin Hernández insiste en que se trata de un ajuste pendiente, que se han ganado los empleados de la Caja desde antes de la pandemia, y que por su labor contra el virus del COVID-19 se justica con creces.
Hernández se abalanza contra el alza decretada a favor de los ministros y añade: “¿Con qué moral? Cuando les aumentó el 100%”.
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Inicialmente en la propuesta se incluyó dinero para el PANI, Seguridad y Educación, pero el ejecutivo tuvo – por presión de la comisión – que presentar por aparte un presupuesto solo con esos recursos urgentes, porque a causa de los aumentos de los jerarcas, no avanzaba.
Al entrar en vigencia la Ley de Finanzas Públicas en enero de 2020, por la relación entre deuda y Producto Interno Bruto (PIB), no fue aplicado el incremento. Pero Hernández recordó que esa ley no es retroactiva y que el ajuste salarial sí se le dio a los empleados de la Contraloría General de la República en el 2021.
“Los trabajadores de la institución (CCSS) demostraron su valía en el cuido de salud durante dos años de pandemia y, como hoy, en eventos como el ocurrido en Cambronero, en donde 50 funcionarios fuera de su jornada laboral se hicieron presentes centros de trabajo, sin cobrar tiempo extraordinario, esa es la mística, el valor”.