La solicitud que hizo el presidente Carlos Alvarado a la Asamblea Legislativa para que se aprueba la Ley de empleo público causó molestia y rechazo entre grupos sindicales, quienes pusieron en duda que el proyecto tenga «estándares internacionales», como lo afirmó el mandatario.
Para el representante del Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (Bussco), Jorge Coronado, la propuesta del Ejecutivo no es lo que el mandatario quiso hacer ver y, por el contrario, incumple otras normativas nacionales.
«Es muy grave que el presidente diga que cumple estándares internacionales cuando es un proyecto que tiene serias violaciones a leyes, a la Constitución, que violenta el derecho a la convención colectiva, que precariza y congela salarios; eso no es ningún estándar internacional, estándares internacionales quién sabe de dónde», dijo.
Coronado aseguró que la estrategia es «repetir lo que dijo el FMI», el cual, a su criterio, también desconoce el modelo internacional de la ley de empleo público que busca Casa Presidencial.
«Cuando nosotros le planteamos a la jefa de la misión del Fondo cuáles eran esos estándares no supo argumentar. Le insistimos que el proyecto de empleo público, al precarizar las condiciones laborales y salariales de la clase trabajadora, tiene un impacto directo en la calidad del servicio público que brinda el estado costarricense. Es una medida que, lejos de ayudar a resolver el tema de las finanzas públicas, lo que va a provocar es a acentuar la precarización en calidad, en acceso en cobertura de servicios públicos fundamentales, que tienen que ver con los derechos humanos», afirmó.
Por su parte, el secretario general del Sindicato de Enfermería (Sinae), Lenin Hernández, respaldó la posición de Coronado y señaló que el FMI no reveló los estándares internacionales a los que se refirió la delegación.
«Es un tremendo error querer aprobar este proyecto de ley de manera tan atropellada, siendo que hay falencias importantes en el proyecto. Estuve reunido con el FMI el viernes y efectivamente se habló que, en forma general, el proyecto cumple con estándares internacionales, pero fue una reunión en general y no dijeron a cuáles se refieren», dijo.
Hernández agregó que, según la delegación del Fondo, no se han pedido medidas específicas como condición para aprobar un préstamo, tal y como se especuló al iniciar las negociaciones.
«Lo que destacó la jefa es que el FMI no está imponiendo ninguna política fiscal, venta de activos, alguna agenda legislativa, sino que se basa en un estudio técnico y económico con el cual el Ejecutivo le presenta el programa y ellos evalúan si cumple con los requisitos y respaldo para el préstamo. Hay inconsistencia y falta de transparencia de parte del Ejecutivo», expresó.
El secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Albino Vargas, criticó al presidente Alvarado, a través de un mensaje en sus redes sociales.
«Alvarado, obligado, cambia su discurso sobre la aprobación del proyecto de empleo público (…) Ahora pide a la Asamblea que lo apruebe pues el proyecto cumple con ‘estándares internacionales» que nadie sabe cuáles son’, escribió.
En esta línea, ANEP envió una carta a la delegación negociadora del FMI, para solicitar una segunda reunión con los grupos sindicales, argumentando que existen aún aspectos por aclarar.
«Lo de los ‘estándares internacionales’, como nueva muletilla presidencial a favor del cuestionado proyecto, es algo peculiarmente ‘novedoso’, sobre lo cual es urgente clarificar su relación con un país como Costa Rica. Pensamos en ANEP que es imposible para conformarse un criterio justo y equilibrado por parte del FMI, que no se considere la amplia vastedad de planteamientos alternativos, formulados de manera responsable con relación al planteamiento gubernamental», dice la misiva.
