Integrantes del Sindicato de Trabajadores de Acueductos y Alcantarillados (Sitraa) y la diputada del Frente Amplio, Rocío Alfaro, advirtieron hoy que la decisión de las autoridades del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) de cerrar la Unidad Ejecutora del Programa de Agua Potable y Saneamiento (PAPS), que ejecuta el proyecto de alcantarillado sanitario, generará más “cloacas a cielo abierto”.
Como informó UNIVERSIDAD el 28 de noviembre, el presidente ejecutivo de AyA, Juan Manuel Quesada, anunció el cierre de la unidad a partir del 1 de enero de 2025 argumentando “la obligación de hacer un uso adecuado de los recursos públicos” y que “en este momento no hay una justificación que nos permita ampliar el plazo de funcionamiento de esta unidad ejecutora”.
Se trata del proyecto mediante el cual se conectan las tuberías de las aguas negras de las viviendas del Gran Área Metropolitana (GAM) a la red de alcantarillado sanitario y esta se conecta a su vez a los colectores, para llevar estas aguas residuales a la Planta de Tratamiento de Los Tajos, donde es tratada antes de verterla a los ríos.
El sindicato ha alertado que si no se continúa con el proyecto, van a quedar obras enterradas sin ningún uso y usuarios sin poder conectarse al sistema de alcantarillado, además de que continuarán vertiéndose las aguas residuales a los ríos, los tanques sépticos contaminando las aguas subterráneas, y las conexiones ilegales al sistema seguirán desbordando por las calles al no tener salida.
En una conferencia de prensa realizada esta tarde en la Asamblea Legislativa, la diputada Rocío Alfaro dijo que ya “nuestro país tiene cloacas a cielo abierto” y que las aguas negras que no reciben un saneamiento adecuado “circularán a lo largo y ancho de nuestro país, porque aunque el problema se genera fundamentalmente en la GAM, esos ríos totalmente sucios, totalmente muertos, circulan por todas partes y llegan finalmente a nuestras costas”.
Alfaro destacó la importancia del proyecto para la salud pública de nuestro país. “Es un tema realmente urgente en un país que se precia de ser protector del ambiente” (…). No es posible que un país como el nuestro se de el lujo de perder una inversión y de desaparecer un programa por capricho, porque no hay razones técnicas, y de no darle seguimiento a acuerdos que están fundamentados y que permitirían todas esas interconexiones”.
Por su parte, el secretario general del Sitraa, Mario Rodríguez, explicó que fue la propia Sala Constitucional la que en su voto 5894-07, conocido como el “Voto Garabito”, declaró que el río Tárcoles era una “cloaca a cielo abierto”.
Rodríguez detalló que aún hay más de 50.000 abonados de AyA que no se han conectado a estas obras y advirtió que hay personas que se conectan ilegalmente o por desconocimiento al colector, en zonas donde las obras no están terminadas.
Mientras que Marianela Segura, del Sitraa, también resaltó el problema de salud pública para quienes viven cerca de las riberas de estos ríos contaminados que pasan por el centro de San José. “Vamos a tener un problema muy serio de salud pública, donde el dengue, la malaria y otras enfermedades se pueden dar por tanta contaminación”, dijo Segura, quien citó como posibles focos todos los cantones de la red de alcantarillado que aún no están conectados, como Guadalupe, Moravia, Desamparados, Coronado, Hatillo y Alajuelita.
AyA dice que ahora está buscando plata
El PAPS ha sido ejecutado con recursos del Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) (Ley 8559) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID (Ley 9167). Aún no se sabe si habrá consecuencias legales para el AyA y el Estado si el JICA o el BID determinan que no se han cumplido con los objetivos de las leyes que se constituyeron para este proyecto.
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El presidente ejecutivo de AyA comunicó que la Unidad Ejecutora del Programa de Agua Potable y Saneamiento (PAPS) se cerrará a partir del 1 de enero de 2025.
En un comunicado emitido antes de que iniciara la conferencia de prensa, AyA afirmó que desmentía categóricamente las afirmaciones sobre “cloacas a cielo abierto” y que reafirmaba “su compromiso por el tratamiento de aguas negras en el país”. Sin embargo, no desmintió el cierre de la unidad ejecutora PAPS y sólo anunció que está “gestionando el financiamiento para completar tres obras de alcantarillado en la GAM, cuyo monto podría rondar los $261 millones (¢140.940 millones)”.
Según la propia información del AyA, en diciembre de 2022 se determinó que faltaban $214.55 millones para terminar las obras y se autorizó al jerarca del AyA para que negociara y formalizara un crédito con el Banco Nacional de Costa Rica, por $140 millones y otro crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo BID) por $60 millones. En ese momento presidía el AyA Roberto Guzmán Gutiérrez, quien estuvo hasta febrero de 2023 al frente del AyA y luego lo sustituyó Alejandro Guillén Guardia, hasta febrero de 2024, cuando asumió Juan Manuel Quesada. Sin embargo, estos créditos nunca se formalizaron.
“Las obras están desfinanciadas porque la gerencia del AyA no acató dos resoluciones de la junta directiva del AyA donde se pedía que se retomara el tema del financiamiento con los bancos”, denunció Rodríguez.
En su comunicado de hoy, el AyA afirma que está ejecutando tres proyectos que conectarán las aguas negras de San José, Goicoechea, Montes de Oca, Vásquez de Coronado, Moravia, Desamparados, Alajuelita y Tibás a la red de alcantarillado y de tratamiento. No obstante, estas son las mismas obras de la unidad PAPS, que ya estaban encaminadas, confirmó Rodríguez.
“Son todas obras de PAPS, son obras que aún no están terminadas, por eso denunciamos que solo el 52% del proyecto está en obras operativas”, aclaró Rodríguez.
Segura subrayó que “esto nos va a afectar a todos, sin discriminar clase social. Ya la unidad está cerrada. De ahora en adelante ya no tendremos mas saneamiento. Nos vamos a quedar con equipo, vehículos, herramientas, ahí guardados porque no se van a usar más y estos son fondos públicos, de cada uno de los abonados de este país”.
El 26 de agosto pasado, el Sitraa interpuso un recurso de amparo ante la Sala Constitucional “por inoperancia, desidia y debilitamiento en la gestión, por parte de la presidencia ejecutiva y la gerencia general, en el mandato constitucional de alcantarillado sanitario y saneamiento del país correspondiente al AyA”. Este recurso aún se encuentra en trámite.
