En el marco de la Mesa Técnica de Escucha convocada por el Gobierno para oír criterios de organizaciones sociales sobre la implementación de la Ley Marco de Empleo Público, se presentó una propuesta para que se construyera de nuevo esta legislación, pero partiendo de un proceso de diálogo social.
Esta ponencia fue presentad por Manuel Hernández Venegas, quien asistió en representación de la Unión de Empleados de la Caja y la Seguridad Social y otros gremios de la salud.
“Solicitamos formalmente que se conforme una verdadera y real Mesa de Diálogo Social, que además de la necesaria exclusión de la Caja Costarricense de Seguro Social de la cobertura de Ley Marco de Empleo Público, se enfoque a construir una ley de carácter democrático, que desarrolle progresivamente los derechos fundamentales y fortalezca la prestación de los servicios públicos, que constituyen la infraestructura social de la democracia”, indicó la exposición de Hernández.
Para concretar este proceso, solicitan que se derogue la ley 10.159 de empleo público aprobada el 7 de marzo del 2022, firmada al día siguiente por el entonces presidente Carlos Alvarado. Fue presentada como un esfuerzo para mejorar las finanzas del Estado costarricense y para modernizar la gestión pública. Entre sus elementos, está el paso de un salario compuesto a un salario global, y reformas en el reclutamiento y evaluación del personal público.
La ponencia de Hernández afirma que la ley de Empleo Público, aunque recibió el aval de la Sala Constitucional, no respeta los convenios 98, 151 y 154 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) sobre el derecho a la convención colectiva, ni la opinión consultiva OC-27-2, del 21 de mayo de 2021 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, referida a la libertad sindical.
La postura del sindicato de salud no es la única. la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) también considera que la ley violentó disposiciones internacionales de derechos humanos, y disposiciones de la OIT sobre libertades sindicales y derechos a la negociación colectiva.
La solicitud no recibió respaldo en las autoridades del Gobierno encargadas de coordinar la Mesa Técnica de Escucha sobre la ley de Empleo Público. La ministra de Planificación Laura Fernández dejó claro que el proceso de negociación se había producido en la Asamblea Legislativa, y que el ejercicio coordinado por ella pretendía recabar inquietudes de las organizaciones sociales para las fases de reglamentación de la ley y para su implementación, prevista para marzo del 2023.
Al final de la Mesa Técnica de Escucha realizada en el Colegio de Abogados, la ministra Fernández insistió en que el diálogo es un elemento importante para la entrada en vigencia de la legislación de Empleo Público, pero que ya se tiene una ley aprobada y avalada por los magistrados de la Sala Constitucional.
Ante esta situación, la representación sindical manifestó que pondrá en marcha acciones para la protección de los derechos humanos, contemplados en el sistema interamericano.
