El Sindicato Nacional de Médicos Especialistas (Siname) pidió al Ministerio de Salud que elimine la obligatoriedad de la vacuna contra COVID-19 para los funcionarios de la salud.
En febrero del 2021, la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología aprobó la medida para estos trabajadores, tanto en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Ministerio de Salud, y quienes laboran en la red de servicios de atención directa en primera línea del Instituto Nacional de Seguros (INS),
El fundamento de la decisión tiene que ver con que se trata de personal que atiende directa o indirectamente pacientes con la enfermedad o personas de alto riesgo para enfermar y morir por este virus.
Vacuna contra COVID-19 será obligatoria para personal del sector salud
Según el gerente médico de la CCSS, Mario Ruiz, 309 funcionarios de la institución han rechazado aplicarse la inoculación.
“Es importante recordar que estamos ante una sustancia que se encuentra aún en fase de experimentación por lo que, aunque la finalidad de la aplicación de la vacuna sea buscar la protección o erradicación de la pandemia que afecta al mundo entero, la utilización de la vacuna debe ser autorizada por la persona que la va a recibir. Solicitamos, por tanto, el respeto a los funcionarios que se abstengan de consentir la colocación de la vacuna”, dijo Siname en una carta enviada a las autoridades.
El sindicato afirmó que los especialistas han recibido presiones para aplicarse las dosis, aún cuando no desean hacerlo, por lo que la norma van en contra de sus derechos.
“Este sindicato, con el objetivo de defender los derechos fundamentales de nuestros agremiados se encuentra preocupado ante las presiones psicológicas y laborales a las que se ha sometido a aquellos médicos que han decidido no vacunarse en un ejercicio pleno de su autonomía, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de un porcentaje bajísimo de la población total de médicos”, agregó.
Hasta febrero, al menos 374 trabajadores del sector salud en primera línea de atención de la pandemia habían rechazado aplicarse la vacuna contra la COVID-19. Las autoridades anunciaron que quienes se nieguen a recibir las dosis recibirán una nota de advertencia, una charla y un análisis de caso antes de que se abra un procedimiento disciplinario.
En marzo del 2021, la Sala Constitucional rechazó un recurso para eliminar la obligatoriedad, argumentando que dicha decisión le competía al Ministerio de Salud.
