El dirigente sindical Sergio Ortiz Pérez expuso en un video que el padre del presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, “intentó obtener una pensión privilegiada o de lujo” bajo el régimen del Ministerio de Hacienda, “un régimen de privilegios”, como los que el mandatario criticó esta semana durante la conferencia de prensa en la que presentó un proyecto de ley para poner un tope a las pensiones millonarias.
En un video que difundió en redes sociales, Sergio Ortiz Pérez, presidente de la Asociación Sindical Costarricense de Telecomunicaciones (Acotel), expuso que Rodrigo Chaves Arguedas, padre del mandatario, en 1991 “intentó obtener una pensión privilegiada o de lujo” bajo el régimen del Ministerio de Hacienda, ante el Juzgado Superior de Trabajo y luego ante la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia.
Chaves Arguedas fue gerente general del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) -hoy Instituto de Desarrollo Rural (Inder) – entre 1982 y 1990 y desde agosto de 1990 recibió una pensión de vejez, por el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), según consta en documentos judiciales.
Sin embargo, también solicitó una pensión de Hacienda en los términos de la Ley 7013 de 18 de noviembre de 1985, la cual le fue rechazada, por lo que Chaves Arguedas demandó al Estado ante el Juzgado de Trabajo. Como se le rechazó la demanda, apeló al Juzgado Superior de Trabajo y el caso se dirimió en la Sala Segunda.
Ortiz explicó que el régimen jubilatorio de Hacienda se creó por medio de la ley 7013 de 1985; pero fue derogado mediante la ley 7268 de 1991 y declarada inconstitucional mediante el voto de la Sala Constitucional 1633-93.
Dicho régimen, señaló, fue declarado inconstitucional porque el texto final de la ley nunca le fue consultado a la Caja, como se debía haber hecho y afectaba negativamente sus finanzas, recordó Ortiz.
En ese voto se plantea que la Ley 7013 vulnera el principio de igualdad pues extiende a todos los servidores públicos los beneficios jubilatorios de la ley de Pensiones de Hacienda y establece un régimen de privilegios -contrario a aquel principio constitucional- a favor de dichos servidores, según el texto.
“Además, creaba un régimen de privilegios, ya que las personas que se acogían a él, se podían pensionar sin haber cotizado lo suficiente para ese régimen y se pensionaban con los últimos salarios devengados; es decir, una pensión más alta que las demás. Asimismo, los pensionados podían heredar la pensión a los cónyuges sobrevivientes de los funcionarios y también a las hijas no casadas o inválidas; es decir, todo lo que el presidente ayer criticó en la conferencia de prensa”, señaló Ortiz.
Esa pensión le fue rechazada definitivamente a Chaves Arguedas el 4 de mayo de 1995 por medio de la resolución 0064-1995 de la Sala Segunda.
Este texto indica que “como consta en el expediente, el señor Chaves Arguedas, eligió pensionarse en el Régimen de Vejez de la Caja Costarricense de Seguro Social a partir del catorce de agosto de mil novecientos noventa (ver certificación de folio 38 vuelto) y, de esa manera, por voluntad propia, quedó excluido de la posible aplicación de los beneficios de la Ley en que apoya su pretensión, porque tal y como se ha reiterado, de acuerdo con el citado artículo 16, los servidores sólo pueden acogerse a los mismos cuando todavía no gocen de la respectiva pensión o jubilación, lo que no sucede con el actor”.
Ortiz destacó que “lo curioso de esto es que entre los magistrados que firmaron esa resolución estaban Zarella Villanueva Monge, pensionada de lujo que salió en la conferencia de prensa, y Orlando Aguirre Gómez, actual presidente de la Corte Suprema de Justicia. “Curioso, no? ¿Venganza tal vez?”.
El pasado 22 de enero, el Gobierno presentó el proyecto de ley “Luchando por la Justicia del Sistema de Pensiones del Sector Público” (Expediente 24.786), que pondría un tope de las pensiones de entre ¢3 millones y ¢15 millones con cargo al Presupuesto Nacional (Régimen Transitorio de Reparto y Dirección Nacional de Pensiones) y el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial. La iniciativa establece que la pensión más alta sea de ¢1.765.859, para lo cual hará reducciones progresivamente en un plazo de seis meses, según informó el Gobierno.
Ese día, el presidente declaró: “Yo comparto y compartí desde la campaña política el repudio a esos robos legalizados que dieron los diputados de asambleas legislativas anteriores durante el bipartidismo a costarricenses con corona”.
UNIVERSIDAD solicitó una reacción a Presidencia sobre las declaraciones de Ortiz; pero no se obtuvo respuesta antes de la hora de cierre.
