Siete magistrados suplentes buscan ser reelegidos en Sala Constitucional

Siete de los 12 magistrados suplentes actuales aspiran a seguir cuatro años más en su cargo en la Sala Constitucional.

Se trata de Rosa Abdelnour, Ana María Picado, Ronald Salazar, Paulino Hernández, Aracelly Pacheco, Anamari Garro y Jorge Araya.

Así lo indica la lista de candidatos que la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa envió al Plenario, para que los diputados nombren antes del 16 de diciembre y eviten un cierre técnico de la Sala.

Un magistrado suplente es el que sustituye a un magistrado titular cuando este último se ausenta por vacaciones, viajes o cualquier motivo que le impida ver un caso.

Algunos de estos suplentes son funcionarios judiciales que se desempeñan como jueces, otros son abogados privados, que deben presentarse y sustituir a un magistrado titular, cuando sea necesario.

En la Sala Constitucional les corresponde ver casos de derechos fundamentales de los ciudadanos. Por ejemplo, si una persona necesita un tratamiento médico urgente en el seguro social, y no se lo dan, por medio de un recurso de amparo y una resolución de los magistrados de la Sala IV, puede obligar legalmente al Estado a su atención inmediata.

Los magistrados suplentes son elegidos por cuatro años, con posibilidad de reelección. Hay quienes llevan 14 años en el puesto de suplentes, como Rosa Abdelnour, quien fue elegida suplente en 2003 y hoy aspira a extender ese plazo hasta diciembre de 2021.

Los aspirantes son, en general, profesionales en derecho con un largo recorrido como jueces. Varios de ellos con maestrías y doctorados en universidades del exterior y otros con mayor experiencia en el sector privado. El promedio de edad ronda los 49 años.

¿Cómo llegaron?

Los magistrados suplentes son escogidos por concurso ante los diputados, sin embargo, antes de que los legisladores escojan a los magistrados suplentes, existe un proceso que nace en el seno de la misma Sala Constitucional, en donde se abre una convocatoria pública.

En ese llamado, la ley ya establece una serie de requisitos para cumplir por parte de los candidatos: ser costarricense o naturalizado con al menos 10 años de obtenida la nacionalidad, ciudadano en ejercicio, del estado seglar, mayor de 35 años y licenciado en Derecho, con al menos 10 años de ejercer la profesión o cinco años de práctica judicial.

Los magistrados también solicitan una declaración jurada en donde los aspirantes hagan constar que no tienen causas disciplinarias en su contra ni denuncias penales, o en dicho caso, que las justifiquen.

Tras esta convocatoria, los magistrados reciben las aplicaciones, hojas de vida y otros atestados. La Dirección de Gestión Humana revisa cada postulación y envía una lista con los nombres de quienes cumplieron con todos los requisitos.

Posteriormente, cada candidato es entrevistado por los tres magistrados a cargo del proceso. En este caso, Paul Rueda, Nancy Hernández y Luis Fernando Salazar.

Estas entrevistas son públicas y fueron anunciadas en la página de Facebook del Poder Judicial.

Si luego de las entrevistas los magistrados determinan que aún no hay al menos 24 candidatos para enviar a la Asamblea Legislativa o que no hay una proporción adecuada entre hombres y mujeres, pueden lanzar una segunda convocatoria, como se dio para este caso.

Después de las entrevistas, los tres magistrados que conducen el proceso se reúnen con los compañeros del Pleno de la Sala Constitucional para discutir sobre los antecedentes y calificaciones de los postulantes.

Una vez que se tiene esta discusión, se envía la lista a la Asamblea Legislativa, que realiza un proceso con sus propios requisitos y entrevistas.

“Recibimos una lista, llamamos a todos los 24, se les hace una entrevista, y una vez que se toman las declaraciones de las entrevistas, se realiza una sesión donde se vota. Conforme las personas van obteniendo mayor puntaje, se incluyen en la lista”, comentó Maureen Clarke, diputada y secretaria de la Comisión de Nombramientos.

Una vez que la lista se reduce a 12 nombres, se envía al Plenario, para que los diputados voten su nombramiento.

Discrecionalidad

A diferencia de la elección de jueces, la elaboración de la lista de magistrados suplentes que se envía a la Asamblea guarda importantes márgenes de discrecionalidad.

Por ejemplo, en la elección de jueces se realiza un examen, entrevista y se presentan los atestados académicos. El Consejo de la Judicatura, por medio de una tabla de valores, asigna un puntaje final a cada candidato, para que en el proceso final, el Consejo Superior deba votar por los tres candidatos con mejor puntaje.

Esto no obliga a los miembros del Consejo a elegir al aspirante con mejor puntaje, sino que su decisión queda a criterio propio, además, su voto es secreto. Sin embargo, el proceso que establece una terna final, se basa en criterios objetivos.

En el caso de la lista de magistrados suplentes que la Corte envía a la Asamblea Legislativa, una vez hecha la entrevista, no hay forma de saber las razones por las cuales se escoge a un candidato por encima de otro. Tampoco existe un sistema de puntuación estándar en donde, con base en criterios exclusivamente objetivos, se pueda tomar una decisión.

Ese es el caso de Ana Helena Ulloa, abogada, máster en Ciencias Penales y con especializaciones en las universidades de Pisa y Salamanca.

Ulloa participó en este concurso y realizó una entrevista de casi una hora el pasado 9 de junio, ante los tres magistrados que conducían las interrogaciones.

“Nosotros como postulantes no obtenemos una respuesta de por qué quedamos por fuera. Todos cumplimos una serie de objetivos y requisitos, a partir de ahí, nadie sabe qué pasa”, comentó la abogada.

A criterio de Ulloa, habría que idear otro mecanismo para la elección de la lista de magistrados suplentes que se envía al Congreso.

“En aras de la transparencia, por lo menos debería apreciarse un tipo de referente objetivo, sabiendo de antemano que hay una cuota de subjetividad necesaria, porque al fin y al cabo los magistrados de cada sala conocen mejor lo que necesitan, las limitaciones y los perfiles necesarios”, explicó.

Ulloa afirmó que en el pasado fue crítica con algunas resoluciones de la Sala Constitucional, sin embargo, aclaró que en la entrevista se le trató con respeto y con oportunidad para argumentar.

Algunos cambios se han implementado desde adentro, como lo hizo la magistrada Nancy Hernández, quien pidió que al menos una mujer fuera parte del proceso de entrevistas (es la única mujer en la Sala Constitucional) y que las listas finales se orientaran hacia una paridad de género.

La magistrada considera que la Asamblea Legislativa debería manejar su propia nómina de candidatos, es decir, una lista abierta que se complemente con la enviada por la Corte.

Como sucedió en el periodo anterior, los magistrados enviaron una nota a la Comisión de Nombramientos para pedirles a los diputados que hagan la votación antes de esa fecha, de lo contrario, la Sala Constitucional entraría en cierre técnico.

“Esto provocaría una situación dramática, ya que las personas no podrían presentar recursos de amparo, por ejemplo en materias tan sensibles como el derecho a la salud, de educación, vivienda o de protección de derechos esenciales como el medio ambiente, de los consumidores, de las personas con discapacidad, de los indígenas, personas menores de edad, adultos mayores y demás grupos vulnerables”, aseguraron los magistrados de la Sala Constitucional, en una misiva a los diputados.