“Esas variaciones como las que se proponen hacen que la cúpula judicial esté más cerca de los vaivenes políticos. Si a usted lo ponen cinco años y además para que sea reelecto, requiere 38 votos afirmativos, por supuesto que la reelección será muy difícil con los apasionamientos que hay, especialmente cuando se trata de la Sala constitucional y la Sala Penal”.
Esas son las consideraciones del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, frente a una iniciativa de reforma constitucional que pretende reducir de ocho a cinco años el periodo de nombramiento de un magistrado y limitarlo a una única posibilidad de reelección que, además, dependería de que cuente con el aval de 38 de los 52 diputados.
Actualmente, la reelección de magistrados funciona en automático a menos que una mayoría calificada de legisladores decidan lo contrario. La reelección puede ser por periodos indefinidos.El plan para cambiar las reglas, que recientemente fue admitido para estudio con el voto de 29 diputados, genera recelo, preocupación y rechazo por parte de personas de la academia y del mismo Poder Judicial, incluido el presidente de la Corte.
“Yo vería jueces más vulnerables y más débiles frente a poderes tan fuertes políticamente en el diseño constitucional, como el Poder ejecutivo y el Parlamento”, expresó Cruz en entrevista con UNIVERSIDAD.
“Creo que ya de por sí tenemos una injerencia política inevitable, que puede ser variada, pero es inevitable como está el sistema: una elección por ocho años con reelección por ratificación. Pero, por supuesto, si usted cambia la regla y hace más breve el periodo, la incidencia de la voluntad política obviamente es más grande”.
“Muchas veces, desde el parlamento quieren que los jueces fallen de determinadas formas. Eso es muy difícil porque el juez muchas veces debe defender a minorías, discrepar de las voluntades de poder respecto de muchas decisiones.
Entonces, claro, si usted no le da una armazón o una estructura constitucional y legal que le asegura el juez estar a buen recaudo de esas corrientes o esas marejadas políticas, pues fácilmente usted tiene jueces muy vulnerables frente al poder”, agregó Cruz.
El presidente de la Corte pidió que en la discusión sobre este tema se realice una valoración histórica sobre las razones por las que el sistema se plasmó en la Constitución Política de 1949. “La característica del juez es la estabilidad, por eso es que la fórmula que votaron en la Constituyente del 49 fue esa”, dijo.
El magistrado calificó como “falaz” el argumento de que se requiere una renovación en el Poder Judicial, según han justificado quienes respaldan el cambio.
“Entonces, ¿cómo me explican que para los jueces ordinarios hay una permanencia en el nombramiento? Un juez ordinario, por carrera, tiene nombramiento vitalicio salvo mal desempeño o causas disciplinarias. Ahí puede haber intereses políticos distintos y eso es otra cosa, porque claro, yo sí creo que políticamente ha habido un problema y es que el parlamento cambió de un bipartidismo al multipartidismo y, por supuesto, cada uno de los partidos nuevos o fuerzas nuevas quieren elegir a alguien afín a su visión. Eso sí podría ser una buena razón, que no se dice por supuesto”, añadió.
La otra preocupación de Cruz, que coincide con la expresada por otros juristas, sería que exista cercanía entre el periodo electoral y el de elección de nombramiento de magistrados. “La razón de que se haya optado por ocho años con una reelección agravada en sentido positivo es, casualmente, para sustraer a los jueces de cúpula del tema de los periodos electorales”, advirtió.
“Cuando viene un período en que se abre la posibilidad de ratificar o no a magistrados, obviamente es muy fácil, muy porosa o muy vulnerable la posibilidad de que se cobren facturas por la forma en que piensa el juez o por la forma en que resulte un asunto concreto, eso puede pasar. Esta es la razón por la que la fórmula que el Constituyente ideó es para mantener alejado al Poder Judicial del embate vigoroso de la política o de la política partidista”,agregó.
A todo ello se une la opacidad con la que se realizan los nombramientos de magistrados, recordó Cruz, pues los legisladores deciden, por ejemplo, puntajes de la entrevista con criterios discrecionales sobre los cuales no están obligados a dar explicaciones, a pesar de las alertas que sobre esto han realizado agrupaciones como el Foro de la Justicia. Además, el plenario puede elegir o no de la terna propuesta por la Comisión de Nombramientos.
El presidente del Poder Judicial además se refirió a declaraciones del legislador Pedro Muñoz, uno de los que firmó la propuesta de reforma, quien dijo a UNIVERSIDAD que la “ultraindependencia del Poder Judicial ha hecho que pretendan que son unos dioses del Olimpo en un feudo aparte y que están por encima de la ley”.
Muñoz añadió que el Poder Judicial se “sale del saco” en temas como la aplicación de la Ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, porque la Corte decidió no ajustar el salario de sus empleados a las nuevas disposiciones sobre anualidades y otros incentivos y aplicarlas solo a los nuevos empleados.
“Yo no sé si dioses del Olimpo, pero me parece que un poder de la República puede disentir de las directrices que salen del Parlamento o del Poder Ejecutivo. Eso no sería dioses del Olimpo, es una decisión fundamentada, discutible (…) Esto quiere decir que don Pedro, con eso que usted me dice, lo que quiere es que sea más breve (el nombramiento de magistrados) para que sea un poder menos contestatario y que se adapte mejor a las directrices que salen del parlamento”.
“La idea será que un magistrado en cinco años, con una votación de reelección de 38 votos afirmativos, será un juez más humilde, menos contestatario y menos dios del Olimpo. Sí, creo que podría ser que esa propuesta es para que los ‘dioses del Olimpo’ dejen de serlo y pasen a ser más humanos, más condescendientes y que se adapten mejor a las directrices que salen del parlamento; sí, claro”, expresó el magistrado con ironía.
Añadió que la Corte está abierta a la rendición de cuentas, pero no sobre fallos judiciales porque eso sería “inconstitucional”.
El proyecto de ley 20.893 fue redactado por el diputado socialcristiano Rodolfo Peña, según detalló a este medio su compañero de fracción Pedro Muñoz.
UNIVERSIDAD intentó conversar con Peña pero no se encontraba disponible. En julio, este medio publicó que el legislador, quien formaba parte de la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa, negó tener una relación con una de las candidatas a magistradas, aunque en documentos oficiales ella había admitido que fueron novios años atrás.
Inicialmente, la propuesta de ley fue firmada por otros legisladores del PUSC: Óscar Cascante, María Inés Solís, Aracelly Salas, Shirley Díaz y María Vita Monge. También del PAC: Welmer Ramos, Nielsen Pérez, Enrique Sánchez y Laura Guido. Además, José María Villalta, del Frente Amplio (FA), el independiente Harllan Hoepelman (afín a la agrupación política Nueva República), y el también independiente Erick Rodríguez Steller.
Sin embargo, en la votación de la semana anterior, los 29 legisladores que la respaldaron son: del bloque Nueva República, Carmen Chan, Ignacio Alpízar, Nidia Céspedes, Hoepelman Harllan, Jonathan Prendas y Melvin Núñez; por el Partido Unidad Social Cristiana, María Vita Monge, Rodolfo Peña, Pedro Muñoz, Aracelly Salas y Shirley Díaz; de Restauración Nacional, Carlos Avendaño, Mileidy Alvarado, Giovanni Gómez y Xiomara Rodríguez; del Partido Integración Nacional, Wálter Muñoz y Sylvia Villegas. También, del Partido Liberación Nacional, Yorleny León, Jorge Fonseca, Luis Antonio Aiza, Paola Valladares, Luis Fernando Chacón, Daniel Ulate, Roberto Thompson, Wagner Jiménez, Silvia Hernández y Carlos Ricardo Benavides. Además, Dragos Dolanescu del Partido Republicano Social Cristiano, y el independiente Erick Rodríguez Steller.
El diputado Pedro Muñoz argumentó el proyecto en que el Poder Judicial ha tenido una “crisis de credibilidad. Dijo, además, que existen dos bandos dentro de la Corte y que esta debe “renovarse”.
Muñoz aseveró que, aunque firmó el proyecto, cree que el plazo que se estimó para los nombramientos puede discutirse. “Es una propuesta en construcción, como todas las propuestas legislativas”, dijo.
Jueces y exjueces ven amenaza de intromisión de política-electoral
La intención de un grupo de legisladores de acortar el tiempo en que los magistrados se mantienen en el cargo preocupa a jueces, exjueces y personas de la academia, quienes consideran que se debilitaría la independencia del Poder Judicial.
El magistrado Luis Guillermo Rivas, quien además coordina la comisión que hace recomendaciones para el nombramiento de magistrados, consideró que el plan “disminuye la estabilidad” de los altos jueces.
“Los periodos más cortos hacen más continua la necesidad de ir a solicitar el apoyo (a la Asamblea Legislativa)”, apuntó.
Para Rivas, sí hay una evidente necesidad de discutir la forma en que se eligen estos cargos, pero sin detrimento de la estabilidad. Incluso, esta comisión hizo recomendaciones como elevar la edad a la que se aspira al cargo, para que sea de 45 años y alargar los nombramientos. Incluso, propuso discutir si debía darse uno o más periodos de reelección; sin embargo, al Corte no ha discutido esas ideas.
Rosaura Chinchilla, jueza y coordinadora de la Maestría en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica (UCR), hizo alusión a que en la Constitución se estableció “un período lo suficientemente largo para que los nombramientos no estuvieran supeditados a los vaivenes políticos”.
“Eso hay que integrarlo con algunos pronunciamientos de organismos internacionales sobre tratados de Derechos Humanos, por ejemplo, la Convención y la Corte Interamericana respecto al tema de la independencia e imparcialidad. No exactamente para las altas cortes, pero en general para toda la judicatura, se ha establecido que un nombramiento a término, a plazo fijo, violenta la independencia y la imparcialidad judicial porque el funcionario está supeditado en que su nombramiento se prorroga o no en función de lo que resuelva. Entonces, tanto el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, como la Corte Interamericana, han propugnado la inamovilidad, salvo que haya razones para remover al funcionario o razones objetivas que se deben demostrar a través de un debido proceso”.
Chinchilla consideró que la propuesta de reforma choca con el espíritu del Constituyente e implica un riesgo que se ha visto en otros casos, como los intentos de destitución de magistrados como Fernando Cruz o Paul Rueda por sus resoluciones.
La jueza resaltó que puede haber reformas para regular los plazos con el fin de que no sean perpetuos, como puede ocurrir ahora, “por ejemplo aumentando la edad a la que se ingresa”.
La Maestría en Ciencias Penales de la UCR es parte del Foro de la Justicia, agrupación que ha hecho observaciones sobre falta de transparencia en los procesos de selección para la magistratura.
Precisamente, el proyecto de ley elaborado por el legislador sociacristiano Rodolfo Peña hace alusión a los cuestionamientos del Foro de la Justicia; no obstante, Chinchilla recalcó que ese plan de reforma constitucional no responde a las críticas ni propuestas elaboradas.
“Lamentablemente, en el país hemos tenido un fraude etiquetas desde hace mucho tiempo, se invocan criterios políticamente aceptables para generar una reforma contraria de lo que en realidad se pregona”, señaló.
De la misma manera, la presidenta de la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud), Adriana Orocú, consideró que la propuesta es regresiva. “Haría que los magistrados estén totalmente sujetos a las condiciones políticas que quieran darle los que estén de turno en la Asamblea Legislativa”, expresó.
Orocú comentó que en el último congreso de Acojud se aprobó que un periodo adecuado de nombramiento es de 12 años y que así no tienen que ir a “mendigar una relación a la Asamblea Legislativa”.
El exmagistrado José Manuel Arroyo también mencionó la intención de la Asamblea Constituyente, en la que algunos incluso propusieron que los nombramientos fuesen vitalicios, como funciona el sistema estadounidense.
“El sistema que tenemos le ha dado estabilidad a la Corte Suprema de Justicia por muchos años, para bien y para mal; no hay sistema perfecto pero ha sido una fórmula bastante adecuada. El juez en el 99% de los casos se da lugar sin temor a que se lo cobren, como se ha querido dar en los últimos tiempos, queriendo cobrar facturas ideológicas, y se inscribe en esa tendencia este nuevo proyecto. Sin duda, va a debilitar de manera grave, yo diría que definitiva, la independencia judicial”, manifestó.
Arroyo señaló que se usarían las plazas de la Corte como parte del “juego político coyuntural”, en el que cada grupo de diputados querrá tener su magistrado electo.
“En los tiempos que corren, con tanto caso de corrupción, la intención es precisamente tener a políticos nombrando a los jueces que los van eventualmente juzgar, porque la Sala Tercera juzga a los miembros de los supremos poderes”, resaltó.
El exjuez y director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UCR, Gustavo Chan, achacó este tipo de propuestas al debilitamiento de un Estado de Derecho y una construcción de un Estado neoliberal.
“Se está acercando un modelo de finca en el que el dueño de la hacienda quita y pone jueces según le sirvan a sus intereses. En los términos en que lo previó el Constituyente, justamente se trataba de evitar que los ciclos electorales influyeron en el proceso de selección de magistrados”.
“Justamente esa es una de las características más evidentes (en la propuesta de reforma), la elección de magistrados cerquísima de las elecciones (…) Para eso también mediante mecanismos internacionales se han sugerido tiempos adecuados de duración y lo que más se subraya es que eso no debe estar vinculados a los procesos de cambio electoral. Eso justamente es lo que están obviando ”, advirtió.
Chan considera que un tiempo adecuado de nombramiento son diez años con una única reelección de dos o cuatro años.
El exjuez mencionó como ejemplo de un sistema deficiente el caso de Guatemala, donde los nombramientos de los magistrados son por cinco años, con posibilidad de reelección; aunque eso casi nunca ocurre, y donde se observan altos niveles de corrupción judicial.
UNIVERSIDAD conversó con Jorge Haroldo Vásquez, presidente de la Asociación Guatemalteca de Jueces, quien explicó que en ese país las postulaciones para magistrados son realizadas por comisiones en las que participan representantes de universidades donde se imparte la carrera de Derecho y el Colegio de Abogados, y en las que hay mucha injerencia política.
Los nombres de personas candidatas se remiten al Congreso donde deben obtener al menos 105 votos, de un total de 158 legisladores.
El juez comentó que no existe carrera judicial para esos nombramientos y que estos “son eminentemente politizados y por un Congreso altamente cuestionado por actos de corrupción”. Aunque existe la posibilidad de reelección, en la práctica nunca ocurre.
“No existe una permanencia ni una estabilidad y, por lo tanto, tampoco hay políticas administrativas ni jurisdiccionales. No es un sistema adecuado”, consideró.
“Se presta a muchas cosas y la más afectada es la administración de Justicia. En los estándares internacionales, un juez debería tener estabilidad para sentirse cómodo y aquí se utiliza mucho el tema de que ya se van a ir y comienzan a someterlos a señalamientos, a injerencias, recordándoles que si no resuelven adecuadamente, entre paréntesis, entonces ya no van reelegirse; pero la verdad es que nadie se reelige”, apuntó.
“Acá se ha prestado para que cada gobierno, que cambia cada cuatro años, luego puede poner a un grupo de Corte Suprema de Justicia”, apuntó el juez guatemalteco.
