Ante la emergencia por el COVID-19, el Ministerio de Trabajo aprobó una serie de medidas para promover que las relaciones laborales no se rompan durante este periodo, tales como la reducción de la jornada laboral o la suspensión de contratos.
Sin embargo, algunos empleados han reclamado que en sus trabajos se les redujo el salario, mas no la jornada. La ministra de Trabajo, Geannina Dinarte, aseguró que esto no es permitido por la ley.
“¿Cómo voy a reducir el salario y pretender que se trabaje lo mismo? Eso no está previsto en la ley y no puede aplicarse. Esto podría propiciar que los colaboradores de las empresas presenten denuncias ante el Ministerio y nosotros tengamos que actuar por estar transgrediendo el propósito de la ley”, afirmó.
Otra denuncia es la que han planteado las trabajadoras domésticas , quienes afirman que han sido despedidas sin justificación. Dinarte aseguró que las nuevas instancias no pueden usarse como excusa para realizar despidos sin responsabilidad patronal.
“Hemos recibido muchas denuncias de personas que nos dicen que los mandaron para la casa y que los jefes decidieron no pagarles; esto no funciona así. Si hay la posibilidad de mandarlos de vacaciones es muy importante para cuidar el ingreso, pero si se decide el despido, tiene que hacerse con la responsabilidad laboral, con todas las condiciones que la ley prevé”, explicó Duarte.
La ministra de Trabajo recordó que la protección de la ley se da incluso en los casos en los que no haya un contrato por escrito, ya que existe un contrato de realidad que implica el cumplimiento de un horario, la retribución salarial y una subordinación.
Las explicaciones de Dinarte se dieron este lunes en una transmisión de Facebook, junto con la ministra de Economía, Victoria Hernández, en la cual se refirieron a las medidas de protección del empleo durante la pandemia.
Reducciones pueden durar hasta nueve meses
La Ministra Dinarte indicó que la reducción de la jornada laboral y la suspensión de contratos son medidas excepcionales por la emergencia nacional y que están visualizadas para extenderse por tres meses. Sin embargo, según la realidad nacional es posible extenderlas.
“Mientras se mantenga el suceso provocador podría ser que se prorrogue hasta por dos periodos iguales, es decir, que nos podría llevar hasta nueve meses. La ley habilita hasta tres meses en primera instancia, por lo que las solicitudes de las empresas deberían ir en esta lógica, pero si el COVID-19 impide la actividad económica, puede extenderse”, afirmó.