Se secan los fondos y Gobierno valora cerrar plataforma

Si no se aprueban recursos, 423 mil solicitantes se quedarán sin recibir el Bono

No se podrán depositar los recursos a 200 mil beneficiarios del bono, los cuales estaban incluidos en los presupuestos extraordinarios, recientemente rechazados por el Congreso.

Desde que empezó la emergencia, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) ha aprobado solicitudes de bonos Proteger para 955.608 personas, pero solo han recibido el dinero 532.901 de ellas, lo que pone en riesgo a las restantes 423 mil solicitudes por la falta de recursos para el  proyecto, que da respuesta a quienes se quedaron de la noche a la mañana sin ingresos por la pandemia.

Los recursos para ese primer desembolso han salido del propio MTSS, del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y el primer presupuesto extraordinario, lo cual asciende a ¢64.118 millones hasta ahora.

De estas 532.901 personas, 404.958 han recibido el primer y segundo depósito; mientras 127.943, únicamente el primero.

Esta ayuda económica temporal de tres meses se anunció el 9 de abril. Las personas despedidas, con contrato laboral suspendido, con jornada laboral reducida en un 50% o más, trabajadores independientes e informales reciben un bono de ¢125.000 por mes durante 3 meses; y quienes sufrieron una disminución de su jornada laboral en un 50% o menos el monto es de ¢62.500 por mes, por el mismo periodo.

El IMAS asumió una parte de estas personas que solicitaron el bono Proteger y giró ¢5.620 millones a 44.967 personas.

“Todas entran por la plataforma, pero el IMAS atiende a trabajadores independientes, temporales o informales, en condición de pobreza. A los más de 44 mil que cumplían esa condición, con los recursos que teníamos disponibles, ya se les giró el segundo pago en esta semana que concluye”, dijo el jerarca del IMAS, Juan Luis Bermúdez Madriz.

El Instituto Nacional de Seguros (INS) donó ¢75.000 millones de su patrimonio para financiar los bonos que faltan por depositar. Esto fue aprobado mediante ley y los recursos fueron transferidos al Ministerio de Hacienda el 14 de mayo.

Hacienda los incorporó al presupuesto extraordinario; pero como este fue rechazado por la Asamblea Legislativa, el Ministerio de Trabajo no puede disponer de los recursos. Estos ¢75.000 millones servirían para depositar bonos a 200.000 personas.

Según la ministra de Trabajo, Geannina Dinarte Romero, “sin estos recursos es materialmente imposible poder hacer nuevos depósitos, por lo cual estaremos presentando un nuevo presupuesto extraordinario en la espera de que sea aprobado a la mayor brevedad por los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa”. Tanto Dinarte como el ministro de Hacienda, Elián Villegas, han afirmado que presentarán un nuevo presupuesto extraordinario al legislativo.

Sin embargo, hay personas que incluso siguen intentando solicitar el bono. Aún cuando se puedan usar los dineros del INS, habría un faltante para al menos 200.000 solicitudes más, ya aprobadas.

Todavía al 8 de junio había al menos 406.000 solicitudes adicionales, bajo análisis de aprobación, las cuales se quedarían sin el bono por falta de fondos, aún y cuando califiquen.

Casi un 80% de las personas que han solicitado el bono reportan ingresos iguales o menores a ¢50 mil mensuales por afectación de la emergencia nacional COVID-19.

El ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto, señaló que el Gobierno tiene que considerar muy seriamente la posibilidad de cerrar la plataforma ya y no aceptar nuevas solicitudes, ya que no existe posibilidad de asignar más bonos por causa de que no hay recursos adicionales para el bono Proteger.

A pesar de esta situación crítica, la ministra Dinarte Romero firmó a mediados de junio una directriz (MTSS-DMT-CIR-5-2020) que permite a los patronos pedir una extensión en la medida de suspensión de contrato laboral, a causa de la pandemia por COVID-19.

De esta forma, les pueden extender el plazo inicial de tres meses hasta por un periodo igual adicional, siempre y cuando se mantenga la afectación en el giro económico de sus empresas.

En el caso de las reducciones de jornada laboral, la ley que las rige ya previó la extensión del plazo de acuerdo con las necesidades de las empresas.

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