La Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) emitió la resolución RES-459-2019 del 19 de febrero, a las 7 a.m., que otorgó “viabilidad ambiental potencial (VAP)” al proyecto Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Río Tempisque y Comunidades Costeras (Paacume), tras evaluar el estudio de impacto ambiental (EsIA).
Cinco minutos más tarde, una nueva resolución -la RES-460-2019-, apuntó más de 90 observaciones que incluyen serios cuestionamientos al polémico proyecto que, entre otras cosas, pretende cercenar 113 hectáreas de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal (RBLB), la cual junto con el Parque Nacional Palo Verde constituye un humedal declarado sitio Ramsar internacional.
La figura de la VAP aparece en el artículo 3 del Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), Decreto 39419 MINAE-MOPT-MAG-MEIC. Es definida como “el visto bueno ambiental, de tipo temporal”, que otorga la Setena a las actividades, obras o proyectos que realizan una evaluación ambiental inicial, pero que “todavía requieren de la presentación de otros documentos” de EIA para lograr viabilidad definitiva.
Ambas resoluciones llevan la firma de la viceministra de Gestión Ambiental, Celeste López, como secretaria general ad hoc de Setena.
El Paacume incluye la construcción de un embalse sobre el río Piedras, con un espejo de agua de 850 hectáreas para lo cual se requirió cercenar las 113 hectáreas de la RBLB. También, una planta hidroeléctrica, un canal de 55 kilómetros para trasladar el agua desde el embalse hasta Palmira –donde atravesaría el río Tempisque– y una red de conducción y distribución “a más de 1.000 propietarios de unas 17 mil hectáreas, en los cantones de Carrillo, Santa Cruz y Nicoya”, según la información oficial.
La polémica alrededor del proyecto también tiene que ver con el modelo de consumo de agua en Guanacaste, en el que grandes agroindustrias consumen más recurso hídrico que el resto de la provincia.
De agroquímicos a cocodrilos en sitio Ramsar
A través de la oficina de prensa institucional, López detalló que esa VAP “es una especie de “venia” que se otorga para que el desarrollador continúe los trámites requeridos” y enfatizó que la misma resolución RES-459-2019 dice que se debe “cumplir con los señalamientos que Setena le realice luego”, así como el hecho de que “la resolución inmediatamente posterior les dice los 91 puntos que deben solucionar”.
Añadió que esos “trámites requeridos” son los que el desarrollador, en este caso el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara), tenga que hacer ante otras instituciones ya sea por permisos o financiamiento.
La funcionaria recalcó que se trata de “un acto intermedio para que se puedan hacer trámites ante otras instituciones” y aseguró que la respuesta dada por Setena sobre el Paacume demuestra su “enorme compromiso” con mantenerse al día con las solicitudes de EIA y de ser “efectivos en la forma que estamos haciendo las consideraciones de los posibles impactos que puede generar el sector productivo hacia los recursos naturales”.
Sin embargo, las implicaciones de las 91 observaciones señaladas en la segunda resolución van mucho más allá de simplemente cumplir con presentar documentos o formularios.
Tras calificar la emisión de ambas resoluciones como “muy desconcertantes”, Henry Picado, presidente de la Federación Costarricense por la Conservación del Ambiente (Fecon), declaró sobre los cuestionamientos de la segunda resolución que “lo más evidente es que el Paacume es un proyecto hecho de forma desordenada sin tener una planificación adecuada y que intenta retorcer las regulaciones ambientales”.
Aseveró que la prueba más importante de esto es el punto 23, el cual pide “un análisis del alcance de la Ley” que permite la modificación de los límites de la RBLB, así como “de la conveniencia nacional para la intervención de las zonas de protección y Patrimonio Natural del Estado”.
Picado observó que ello se refiere al decreto de conveniencia nacional para el Programa Integral de Abastecimiento de Agua para Guanacaste (Piaag), iniciativa general que incluye al Paacume y que se incluyó en el expediente en Setena de este proyecto. Detalló que una declaratoria de conveniencia nacional es necesaria por la desafectación de las más de 100 hectáreas de la RBLB y que por lo tanto se requiere de un decreto específico y justificado para el Paacume.
Al cierre de edición el activista informó que presentó recursos de revocatoria contra las dos resoluciones.
Otros señalamientos contenidos en la RES-460-2019 tienen que ver con que la zona del canal de conducción de agua es propensa a inundaciones según la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), y que en el Paacume “no se toma en cuenta la amenaza de inundación bajo las condiciones generadas durante la operación del embalse”, sobre todo en época lluviosa. Añade que ello “aumentará significativamente la amenaza de inundación y no se establecen medidas de prevención o mitigación”.
Además, Setena le ordena al Senara “indicar el área total de bosque primario que se perdería producto del llenado del embalse e intervención de zonas de protección”, sin considerar lo ya existente en la RBLB. Este es un tema básico, pues ese tipo de bosque que crece a lo largo de los ríos es de gran importancia.
Tras apuntar que el EsIA no incluyó “las medidas de mitigación a la contaminación por agroquímicos del agua en los canales de distribución”, esa resolución cita el criterio de que al igual que la RBLB, el Parque Nacional Palo Verde constituye un humedal sitio Ramsar internacional; “por tanto, este proyecto tiene repercusiones sobre dos (17 %) de los 12 sitios Ramsar del país. A pesar de ello, la evaluación de los impactos y de las medidas de mitigación sobre estos sitios es vaga”.
Esto es más grave a la luz de otro señalamiento que tiene que ver con que “no se indica cómo se va a controlar (disminuir) la mortalidad de la fauna acuática” durante la ejecución del proyecto. En ese sentido, subraya que el plan de rescate y reubicación de fauna para el proceso de construcción del Paacume “contempla básicamente fauna terrestre y no la fauna acuática”.
El embalse, además, sería construido en “un área típica de distribución de cocodrilos (Crocodylus acutus)” y que “no se toman en cuenta medidas de mitigación o disminución de las interacciones humano-cocodrilo, no se evalúa la afectación por parte de estos reptiles a actividades productivas como la acuicultura”.