Por las ventanas superiores y opacas del salón más grande de la Casa Arzobispal no se notaba, pero afuera ya caía la primera luz del sábado, casi en la jornada 20 de la huelga de funcionarios públicos contra el plan fiscal.
Eran las 4:45 a.m. y los representantes del Gobierno y los sindicatos anunciaban con cara de trasnochados el arribo a una propuesta de acuerdo destinada a morir en pocas horas porque los líderes sindicales no representan enteramente el sentimiento de las bases o porque negociaron para no negociar, pero en ese momento parecía que en efecto los halos luminosos simbolizaban un arreglo.
“Había una sensación de optimismo”, dijo después el sacerdote Edwin Aguiluz, miembro de la comitiva de la Iglesia Católica que hizo de mediadora durante las jornadas de diálogo supuestamente preliminares. “Aunque no se puede saber qué pasaba en cada mente, sí sentíamos optimismo porque había costado mucho confeccionar ese documento”.
El Gobierno se preparaba para culminar tres semanas de dolores de cabeza y de críticas por su permisividad, a pesar de que logró evitar que los sindicatos tuvieran el control del pulso. El retiro de la reforma fiscal ha sido innegociable y el documento lo reiteraba.
La huelga que nació con el propósito de paralizar el país y de liquidar el plan fiscal no lograba lo uno ni lo otro, pero al amanecer del sábado se iluminaba un camino para acabar el movimiento sin que los sindicatos se sintieran enteramente derrotados. O eso creían algunos.
Si el Gobierno había accedido a negociar en paralelo a la huelga (aunque seguirá negándolo), los dirigentes sindicales habían cedido mucho más. Apenas lograban el compromiso de crear una comisión aparte de la Asamblea Legislativa (donde el plan fiscal entraba a una semana clave) y la promesa del Gobierno de no tomar represalias contra los huelguistas, aunque la frase “conforme al ordenamiento jurídico” no dejaba las cosas tan claras.
El gobierno de Carlos Alvarado pensaba que era cuestión de horas para apagar la huelga y que no habría cuarta semana, que salía entero y casi sin despeinarse gracias a su estrategia de resistir, apoyado por sectores que no son necesariamente sus amigos naturales.
La cúpula de la Iglesia Católica también creía haber obrado una especie de milagro. Su labor como mediadora, sin ser expertos en negociación, había cuajado en un documento. Finalmente un documento.
Humo blanco parecía. Pero un ratico después, casi a las 8 a.m., una dirigente sindical de maestros en provincia de Alajuela escribía a los suyos por WhatsApp: “las noticias no son buenas para nosotros, compañeros, pero son peores para los que creen que de verdad nos vamos para las casas así tan fácil”. El humo no era blanco.
Pasadas las horas, ese mensaje iba a cobrar sentido. La mayoría de las asambleas sindicales rechazaría el acuerdo y quienes lo comunicarían al público serían algunos dirigentes que habían participado en la redacción del documento de acuerdo.
¿Falta de representatividad? Puede ser. ¿Táctica para alargarle la vida a una huelga menguante? Eso opinan algunos críticos de la huelga y temen dentro del Gobierno.
Los miembros de la Conferencia Episcopal anunciaron la posible firma del documento para el día siguiente a las 3 de la tarde (hora simbólica), pero antes el documento debía recibir la bendición de las bases sindicales, que fue exactamente lo que no ocurrió. O sí, pero solo en parte.
Prometieron manejar el documento con discreción pero eso se cumplió tanto como la promesa de forzar el retiro de la reforma fiscal o la del Gobierno de no negociar mientras estuviera en pie la huelga.
El mismo sábado todo el que quiso pudo conocer en Internet y en las noticias la propuesta de acuerdo. Las bases sindicales también lo hicieron y no gustó. “Son migajas”, dice un joven huelguista en un video que circuló en redes sociales, antes de llamar a reconocer que el pulso estaba casi perdido y cuestionar a los dirigentes mayores.
Lo decía en una reunión ante compañeros trabajadores de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), donde la huelga sería declarada “ilegal” dos días después y donde las autoridades anunciaron una afectación menor al 10% este martes.
Los sindicatos de funcionarios de la CCSS, sin embargo, aprobaron el documento inicialmente, el mismo sábado, pero después prefirieron mantener vigente la unión sindical que lograron en esta ocasión; todo un logro si se considera lo que ha pasado en los últimos años.
Al día siguiente, el domingo, el documento redactado quedaría valiendo nada. La Conferencia Episcopal dio por cumplida su parte y el Gobierno más bien volvió a abogar por la reforma fiscal.
“El sector sindical cometió yerros que le costaron el movimiento y dieron al traste con la legitimidad de la huelga”, escribió el politólogo Gustavo Araya en alusión a métodos como el desabastecimiento de combustibles, los bloqueos en calles y la distorsión en servicios de salud.
“Además se cometió el error estratégico de instrumentalizar la huelga como un objetivo en sí mismo, como el uso de la fuerza y sostenerlo en el tiempo, restando validez a la disposición de negociar, al menos en el discurso”, agregó Araya.
Fue lo que dijo el presidente Alvarado, quien criticó a ciertos dirigentes que evitan los acuerdos “a toda costa”. Lo pronunció en Puntarenas, donde celebró una sesión especial de Consejo de Gobierno en medio de un estricto operativo policial, como también han sesionado los diputados en los últimos días.
Menos noticias ha habido en los últimos días sobre los ministros Rodolfo Piza y Rocío Aguilar, objeto de las críticas de los líderes de la huelga y quienes la han apoyado.
El Gobierno dio esta semana de tiempo para que los sindicados firmen el documento y acepten el levantamiento de la huelga. Fuentes internas consultadas en la noche de este martes dijeron que esperaban la rúbrica de los sindicatos de la CCSS, una de las cinco instituciones que han soportado el 99% de la huelga, según registros en Zapote.
Los reportes de las autoridades indican que el apoyo al movimiento de huelga provino de funcionarios de la CCSS, del Ministerio de Educación Pública (MEP), del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), de la Refinería Costarricense de Petróleo (Recope) y de la Junta de Administración Portuaria de y Desarrollo Económico de Vertiente Atlántica (Japdeva), aunque el mayor impacto se ha dado en escuelas, colegios y hospitales.
En el Gobierno ponen en entredicho el carácter nacional de la huelga, aunque las manifestaciones de protesta sí se han registrado en distintos puntos del territorio nacional como recoge un informe del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Universidad de Costa Rica (UCR).
En total se registraron 243 acciones, con un promedio diario de 17,4, según el monitoreo hecho entre el 10 de setiembre (cuando empezó la huelga) y el 23 de ese mes. El método más utilizado ha sido el bloqueo de calles (137), seguido de marchas (42) y declaraciones públicas (22), según el informe del IIS basado en publicaciones en la prensa.
El reporte agrega la distribución geográfica. Puntarenas fue la provincia con más protestas (51) en esas dos semanas, seguida de San José (48) y Limón (41). En cantones, destacan las cabeceras provinciales como San José, Limón, Puntarenas y Cartago.
Los datos de la tercera semana no están aún, pero hay una tendencia a reducción de las manifestaciones, explicó el investigador Alejandro Alvarado Alcázar antes de advertir que eso no significa necesariamente una declinación del movimiento, pues puede haber otras actividades menos visibles.
En los diarios, al menos, sí se notaba menos actividad de huelga en sus jornadas número 22 y 23. Hasta este martes 3 de octubre, solo uno de los fallos judiciales ha resultado positivo para la huelga, frente a 11 que la califican como “ilegal” en ese número de instituciones públicas.
No están en firme, pero esas no son buenas noticias para los dirigentes, que temen una tendencia parecida en otros 20 casos.
“Yo no me la juego más. Uno no sabe si van a estrenar la Reforma Procesal Laboral con nosotros y las posibilidades de lograr algo son muy bajas, aunque sigo pensando que tenemos razón”, decía este martes a la 1 p.m. una empleada del hospital Calderón Guardia, en la rampa cercana a Farmacia. Se identificó como Laura Bonilla y no quiso decir su cargo. “No, no, después me reclaman a mí y salgo rascando”, se justificó.
La huelga superó en duración a la del “combo del ICE” (marzo del 2000), pero las condiciones han resultado muy distintas y los resultados también, aunque al cierre de esta edición nada estaba consumado.
En la Iglesia lo manejan. “No creo prudente hablar sobre el proceso entre Gobierno y sindicatos, porque no podemos saber si volveremos a servir. Nosotros no hemos tirado la toalla, como dijeron, porque estamos por si nos necesitan para lograr una salida”, decía el sacerdote Aguiluz.
Podría ser, por ejemplo, que algunos de los sindicatos grandes decidiera romper el bloque y firmar el documento, como preveían (o esperaban) en el Gobierno; aunque los dirigentes no daban el brazo a torcer, al menos en su discurso.
