Un 44% de las armas enviadas por el Ministerio Público al Arsenal Nacional, decomisadas por haber sido utilizadas para cometer algún delito, fueron registradas legalmente.
Esta cifra fue publicada esta mañana por el Ministerio de Seguridad Pública, que sigue ejerciendo presión al Congreso para reducir la cantidad de armas registrables por cada persona.
Esta presión llega en el marco de las reformas a la Ley de Armas y Explosivos que se tramitan en la corriente legislativa, las cuales llegarán a su etapa final esta semana.
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En total, el Departamento de Sistemas de la Dirección de Tecnologías analizó las 8.712 armas utilizadas para cometer delitos en custodia del Arsenal Nacional (hasta el 12 de octubre), de las cuales encontró que 3.820 estaban legalmente inscritas.
De ese grupo, 1.822 estaban registradas a nombre de personas jurídicas (como empresas de seguridad); mientras que otras 1.998 habían sido inscritas por personas físicas.
De las armas que pertenecían a personas físicas, sólo un 10,6% habían sido reportadas por robo.
El Ministerio de Seguridad además señaló la existencia de 1.376 armas con registros ‘no identificables’ (un 15,8% del total), así como otras 109 armas prohibidas.
Sobre la procedencia de todas las armas estudiadas, la oficina de Prensa de Seguridad aseguró que se trata de todas los dispositivos “vinculados con algún proceso judicial que el Ministerio Público ha enviado a la Dirección General de Armamento”, una cifra que probablemente aumentó en los últimos meses.
Ante estos resultados, el viceministro de Seguridad, Eduardo Solano, afirmó que “es importante seguir depurando los datos”, de modo que cada vez puedan tener más argumentos para convencer a los diputados de restringir todavía más el uso de estos dispositivos.
Actualmente, los diputados tramitan un par de reformas a la Ley de Armas, incluido el expediente 20.509, en el cual impulsan que se incluya una reducción a la cantidad máxima de armas que una persona puede tener (de tres a una).
Esta idea la defienden los diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC) en el Congreso, los cuales esperan conseguir el apoyo de otros legisladores.
Para realizar cualquier cambio a los proyectos de ley en este momento —ahora que ya salieron de la comisión dictaminadora— se requiere del apoyo de al menos 29 congresistas (mayoría simple).
Una discusión cerca de terminar
La discusión sobre armas está muy cerca de concluir en la Asamblea Legislativa.
Los proyectos de ley en la materia ya fueron dictaminados por la Comisión de Seguridad y ahora sólo podrán recibir nuevos cambios si la mayoría de los diputados totales en el Plenario deciden votar a favor de uno en específico.
El tiempo para realizar esos últimos cambios llegaría esta misma semana, y serían definitivos.
Por este motivo, Seguridad sigue intentando convencer a los legisladores a través de distintas acciones, sobre la necesidad de reducir el número de armas registrables por persona, una tarea que hasta ahora no ha logrado.
No obstante, las autoridades no cesan, y la semana anterior incluso exhibieron una destrucción de armas legalmente inscritas utilizadas para cometer delitos, justo en el bulevar del Congreso.
En esa actividad participaron diputados de seis fracciones legislativas (PAC, PLN, PRN, PUSC, FA e independientes), lo cual dejó un buen sabor a los jerarcas de la cartera.
Durante el proceso de esta reforma, la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, compuesta por nueve diputados, ya había aprobado en algún momento un texto que contenía la reducción en la cantidad de armas; sin embargo, un viraje en la posición de los diputados del PLN provocó que se restituyera el tope a tres por persona.
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No obstante, el jefe de fracción del PLN, Carlos Ricardo Benavides, señaló que su bancada sí estaría anuente a realizar una reducción más adelante, a pesar de que respetaba el trabajo de los tres diputados verdiblancos en comisión.
