El Ministerio de Seguridad Pública descarta que personas migrantes que ingresan al país todos los días por la frontera Sur estén siendo utilizadas para el tráfico internacional de drogas y afirma que desde que estalló la emergencia sólo se ha detectado a dos personas con antecedentes delictivos.
El ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, compareció ante la comisión legislativa de la provincia de Puntarenas junto a la vicepresidenta de la República y ministra de Salud, Mary Munive así como la directora de Migración y Extranjería, Marta Vindas; para explicar la situación en la zona Sur del país con respecto a los flujos migratorios que han crecido en tiempos recientes.
Munive explicó que estas personas, que vienen de Panamá y son mayormente de nacionalidad venezolana, tienen por objeto llegar a países del Norte y que Costa Rica lo que hace es garantizar un tránsito ordenado y seguro por el territorio nacional.
Ante una consulta del legislador liberacionista Francisco Nicolás, el ministro dijo que no existe evidencia de que las personas que transitan el país con rumbo al Norte estén siendo utilizadas para traficar drogas por ninguna de las bandas que operan en la zona y que están «bien identificadas».
Además explicó mediante los procesos de identificación que lleva a cabo Seguridad, sólo se han detectado dos personas con antecedentes delictivos (en ambos casos, señalamientos por supuesto terrorismo) y detalló que están detenidas en un centro de aprehensión.
Sobre los costos del proceso de atención y tránsito de las personas migrantes, Zamora dijo que “el grueso” de la inversión está siendo financiada por el Estado, incluyendo a instituciones y municipalidades, y dijo que “la corresponsabilidad internacional no se ha hecho presente aún en esta materia”.
Munive respaldó esta idea, incluso diciendo que algunas organizaciones no gubernamentales apoyaban ciertos procesos y que se habían recibido contribuciones en especie pero no en dinero. Poco después, sin embargo, se contradijo cuando explicó que las personas migrantes que deben ser atendidas por temas de salud, se les asegura mediante un convenio con la Caja Costarricense de Seguro Social que financia directamente el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
La legisladora Sonia Rojas preguntó a la ministra qué medidas se estaban tomando con las personas que en vez de continuar su tránsito se quedaban en territorio nacional y Munive empezó a responder que “se tenían identificadas”, pero ante una seña de Zamora, dejó de hablar.
Entonces, el ministro tomó la palabra y dijo que prefería que esa respuesta “no quedara en actas” por lo que sugirió un receso, que fue decretado y respondió a los diputados fuera de transmisión.
Hacia el final de la comparecencia, Zamora aprovechó para recordar que la migración no es un delito y que el país no detiene personas por el acto mismo de migrar, al tiempo que recordó que los Centros de Atención Temporal para Personas Migrantes son eso justamente y no, centros de detención, por lo que las autoridades no pueden obligar a las personas a estar allí.
Finalmente, hizo referencia a los presupuestos recientemente presentados por el ejecutivo y urgió a las diputaciones aprobarlos, pues sirven para financiar tanto temas de seguridad como estos procesos, que son más de corte humanitario pero requieren vigilancia.
