La confianza de los costarricenses en el Poder Judicial está en su punto más bajo de los últimos seis años. Así consta en la última encuesta de opinión realizada por el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR).
La encuesta, por medio de llamadas a teléfonos celulares, se realizó a 720 adultos, representativos de todo el país, entre el 13 y 16 de agosto.
El estudio encontró que, en una escala del 1 al 10, los costarricenses califican con 5,9 al Poder Judicial, una nota inferior a los 6,7 puntos que prevalecieron en marzo pasado y en julio de 2017.
Además, un 63% de los encuestados opina que la administración de la justicia en el país está peor que hace dos años, una tesis que es más común escuchar en mujeres entre los 18 y 34 años, con estudios de secundaria o universitarios, y residentes de Heredia, Alajuela y Limón.
La reprobación se da en medio de la crisis del Poder Judicial, que, en menos de seis meses, vivió la destitución del exmagistrado Celso Gamboa y la suspensión de los miembros de la Sala III por cerrar la investigación del “Cementazo”. La sanción llevó al expresidente de la Corte, Carlos Chinchilla, a acogerse a su jubilación, mismo camino que tomó la exmagistrada Doris Arias.
A eso se le suma que en primera instancia las sanciones a los integrantes de la Sala III fueron modificadas, cuando en un inicio apenas se trataron de amonestaciones escritas. Además, el secretismo en torno a las decisiones disciplinarias de los miembros de la Corte generó un ambiente de rechazo por parte de la población.
Mora judicial
De acuerdo con la encuesta, un 60% de los costarricenses considera que los procesos judiciales tardan tanto tiempo que es mejor evitar llegar a un juicio. Esta idea se acentúa en hombres menores de 34 años y con educación universitaria.
Los habitantes de Cartago, San José y Alajuela están, en mayor medida, de acuerdo con esta afirmación. Sin embargo, en provincias como Heredia y Limón, el descontento con la mora judicial es menor, aunque prevalece la tesis de evitar llegar a los estrados.
“El gran problema del Poder Judicial es que tiene mediciones por fragmentos del proceso. No puede dar una medición de todo el proceso desde una primera instancia hasta la última y tampoco puede dar mediciones por tipos de casos. Las duraciones que tienen son promedios genéricos que invisibilizan la variación que hay por cada tipo de delito. No se le puede enseñar a la gente cuál es el indicador ni se pueden demostrar avances en ese tema, pese a las inversiones tecnológicas”, comentó Evelyn Villarreal, coordinadora del informe de Estado de la Justicia, el único estudio que tomó el pulso a la mora judicial y otros asuntos del Poder Judicial.
De acuerdo con este estudio, no hubo mayores cambios o reducciones en la duración de los juicios. El tiempo que toma la resolución de una denuncia en materia laboral apenas tuvo una leve reducción en 2015, con respecto a los dos años anteriores.
En ese año, en los juzgados de menor cuantía la duración promedio fue de ocho meses y dos semanas, mientras que en los de mayor cuantía se reportó una duración de 22 meses y dos semanas.
En el mismo año, se reportó que los juicios en segunda instancia toman unos siete meses, mientras que en casación alrededor de tres meses y tres semanas. El informe también destacó que no hubo mayor cambio en la duración de los juicios por pensiones en 2015, pues este proceso toma alrededor de 17 meses y dos semanas. Ese año se dictaron unas 2.113 sentencias relativas a ese tema.
Independencia de jueces
Otra de las alertas que enciende la encuesta se relaciona con el apartado de independencia judicial. Se consultó a los costarricenses si consideran que los jueces actúan con total independencia a la hora de dictar sus sentencias. Una mayoría (52%) afirmó que no es así, mientras que solo tres de cada diez costarricenses confían que los fallos judiciales se hacen con total independencia.
“Los acontecimientos nos hacen ver que se perdió la independencia externa, desde la intención de destituir a Fernando Cruz hasta la forma en que se eligen magistrados. Todo eso irradia hacia lo interno. Algunos jueces, por conservar su puesto, aplican el criterio de sus superiores. La percepción no es antojadiza, quizás el porcentaje es un poco exagerado”, comentó la jueza penal Rosaura Chinchilla.
“Existe una carrera judicial para el juez y le da estabilidad en su cargo; además, se elige por méritos. Todo lo que usted obtenga en una carrera judicial se mide por criterios objetivos, por lo que habría que ahondar en qué sentido sienten que los jueces no son independientes”, comentó Fernando Cruz, quien hizo hincapié en la diferencia de la elección de jueces y magistrados.
Mientras que los jueces ordinarios se eligen tras un análisis de atestados, donde solo se puede escoger a uno de los primeros tres con mejores calificaciones, el caso de la elección de magistrados queda a completa discrecionalidad del diputado de turno.
Ante esta situación, la actual comisión de nombramientos estableció una nueva metodología para elegir magistrados, donde se propone una revisión de atestados más exhaustiva y la escogencia de una lista de candidatos que hayan tenido una nota mínima, que estará conformada en un 60% por sus cualidades profesionales y en un 40% por la entrevista que le realicen los diputados. Eso sí, los legisladores del Plenario aún podrán ignorar la recomendación de la comisión y escoger a dedo a su candidato de preferencia.
Costos y eficiencia
Otro de los obstáculos para acceder a la justicia es el costo. Seis de cada diez costarricenses (61%) afirmaron que los costos legales para defenderse en los tribunales son un impedimento para acceder a la justicia. Esta opinión se acentúa en mujeres de todas las edades, con estudios universitarios y, mayoritariamente, residentes de Alajuela y San José.
No obstante, cuando se trata de evaluar la efectividad de las sanciones al comprobarse un delito, hay opiniones divididas. Mientras un 48% de los costarricenses considera que, una vez comprobado un crimen, los tribunales sancionan con efectividad, un 37% opina que el castigo no es efectivo.
Sala Constitucional
El principal tribunal de derechos humanos también sufre el descrédito de la población. La Sala IV recibió la calificación más baja (5,6) desde que el CIEP calibra la confianza de los ciudadanos.
Tras el fallo más polémico de los últimos años, la Sala encabezó titulares en los medios de comunicación y recibió la reprimenda de los activistas en favor del matrimonio igualitario, así como de quienes lo adversan. En una sentencia histórica, la Sala anuló las normas que impiden el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero las dejó vigentes por 18 meses, con el fin de que los diputados diseñen un marco que regule estas uniones.
Para el presidente de la Corte y magistrado de la Sala IV, Fernando Cruz, hay una relación entre esa caída y la sentencia del matrimonio igualitario. “Al resolver un tema tan polémico, no hay duda de que eso polariza la opinión pública; también creo que incide. Hay una relación porque esa encuesta se hizo cuatro o cinco días después del fallo de la Sala; esas opiniones negativas pueden ser por eso”, dijo Cruz, quien alegó que las decisiones de la Sala IV no se toman con base en la popularidad.
