Más puntos en común de los esperados encontraron los representantes de diversos sectores invitados a un foro celebrado la semana pasada en la Asamblea Legislativa sobre la sostenibilidad del régimen de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Propuestas como mejorar la evaluación actuarial y de los procesos, la posibilidad de separar la administración del régimen de pensiones de invalidez, vejez y muerte (IVM), medidas para facilitar los emprendimientos, generar empleo e incorporar como contribuyentes del régimen a cientos de miles de trabajadores independientes y de la economía informal que no cotizan para ese fondo de pensiones administrados por la CCSS, fueron algunos de los temas coincidentes en las intervenciones de los participantes.
Auspiciado por el diputado Gerardo Vargas, jefe de bancada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), el encuentro realizado el pasado 16 de febrero en la sala de expresidentes de la Asamblea Legislativa permitió escuchar las posiciones de los sectores de cara al informe actuarial sobre el IVM recientemente realizado por la Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica (UCR) y el diálogo que organiza la CCSS para discutir reformas al régimen.
El estudio encargado por la propia CCSS y la Superintendencia de Pensiones (Supen) urgió hacer reformas a la mayor brevedad para evitar un desequilibrio financiero del fondo de pensiones.
El actuario de la UCR Rodrigo Arias López hizo una presentación de los hallazgos y las conclusiones del estudio actuarial, y a continuación intervinieron el gerente de pensiones de la Caja, Jaime Barrantes; Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP); Franco Pacheco, presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep), y el diputado Gerardo Vargas.
Barrantes confirmó que se está organizando una mesa de diálogo a fin de discutir las medidas para la sostenibilidad del IVM en los próximos 40 o 50 años, a partir del análisis de la UCR y otras contribuciones que se presenten, además de asesorías que la institución está recibiendo de expertos y asesores internacionales.
Como lo indica el estudio de la UCR, existen soluciones para fortalecer el IVM y hay tiempo para hacer una reforma oportuna, destacó Barrantes, quien mencionó además que la junta directiva de la Caja ya aprobó una hoja de ruta para la reforma del IVM, que incluye medidas a corto plazo y otras de mayor alcance para fortalecer el régimen.
Por su parte, Albino Vargas, hablando a nombre de la Anep, se mostró partidario de acudir al diálogo social, aunque cuestionó que la directiva de la Caja tomara la decisión en días pasados de aumentar en 1% el aporte obrero para el IVM. Si esa decisión ya está tomada y no se va revertir, “uno se cuestiona para que vamos a ir a un diálogo si ya hay decisiones tomadas”, dijo.
Abogó por que se incorpore en el diálogo a la Defensoría de los Habitantes, al programa Estado de la Nación y a la Iglesia Católica, y propuso que antes de analizar cualquier cambio en los aspectos paramétricos (como cuota, beneficios y edad de retiro), deben analizarse otros aspectos no paramétricos para garantizar la sostenibilidad futura del IVM.
Por ejemplo, cuál ha sido el avance de lo acordado en la reforma de 2005 en lo relativo al fortalecimiento de la inspección para el control de la evasión, la morosidad y sub-declaración, o la naturaleza del incumplimiento del artículo 78 de la ley de protección al trabajador, que estableció una contribución de las empresas del Estado para el IVM, entre otros.
A su vez, el presidente de la Uccaep se pronunció de acuerdo con la conformación de una mesa de diálogo tripartida (CCSS-Gobierno, patronos y trabajadores) para discutir la reforma del IVM, pero solo si es con un plazo definido de no más de cuatro meses para tomar decisiones prontas y concretas.
“Hemos aprendido que las mesas de diálogo a veces se presentan como la salida politiquera para decir pasemos este tema y entonces lo vamos a meter en una mesa de diálogo, vamos a durar lo más que pueda metiendo a un montón de gente y al final todo se quedó en diálogo”, explicó Pacheco.
PILAR FUNDAMENTAL
Pacheco aseguró que su sector cree en el fortalecimiento de la seguridad social, pues la ve como un pilar fundamental para la estabilidad social y democrática de este país.
El desafío -apuntó- es garantizar el acceso a los servicios de salud para los asegurados y futuras generaciones mediante el impulso de acciones que cumplan con criterios de eficiencia y eficacia, que permitan al país contar con servicios de punta en materia de seguridad social para ampliar la base de asegurados.
En ese sentido expresó preocupación por que buena parte de la población económicamente activa en la informalidad no está contribuyendo a la seguridad social.
Para mejorar el IVM planteó que la Caja contrate una auditoria total de los procesos en la institución, mejore procesos, simplifique trámites, elimine duplicidades y aumente la eficiencia.
Asimismo, instó a la junta directiva a presionar para que las empresas públicas paguen la contribución para el IVM prevista en la ley de protección al trabajador del año 2000.
El diputado Gerardo Vargas abogó por buscar las soluciones óptimas que le aseguren el equilibrio financiero del IVM y den confianza a los costarricenses de que van a tener una pensión digna al final de su vida laboral.
Coincidió en que eso pasa por analizar la ampliación de la cobertura contributiva al régimen, poner topes al gasto administrativo conforme a los recursos que se manejan, discutir si el IVM debe ser administrado por una entidad independiente regulada por la Superintendencia de Pensiones (Supen), que lo gestione con criterios técnicos oportunos y no al influjo de los intereses de turno.
En esa línea propuso la creación de un pacto nacional con representatividad del Estado, Caja, patronos, trabajadores y partidos políticos, que de manera permanente dé seguimiento al régimen de pensiones y decida a tiempo las reformas que sean necesarias para la sostenibilidad del IVM.