Seduce la idea de crear un sistema de formación dual, que combina el estudio en las aulas con la práctica en las empresas, para abrir oportunidades de empleo a los jóvenes marginados.
El problema es que se quiera trasplantar un sistema desarrollado en Alemania, con una realidad productiva y social distinta, y que se quiera hacer sin una previa preparación para aclimatarlo a la realidad de Costa Rica.
Así se podría resumir el alegato de los sectores que se han manifestado en contra del proyecto de ley de educación dual que se tramita en la Asamblea Legislativa y que podría salir próximamente con dictamen favorable, para ser votado en el Plenario con apoyo de las diferentes bancadas, salvo la del Frente Amplio (FA), que tiene objeciones.
Los diputados del FA no son los únicos que encuentran inconvenientes del proyecto que se tramita en la Comisión Permanente Especial de Ciencia, Tecnología y Educación −“Ley para la regulación de la educación o formación profesional-técnica en la modalidad dual en Costa Rica− (Expediente 19.019).
Sus objeciones se hermanan en parte con las manifestadas por gremios magisteriales y la Universidad de Costa Rica (UCR), que se manifestaron en contra del texto en discusión, mientras que el sector empresarial lo apoya.
Aunque los diputados incorporaron en el texto sustitutivo que ahora están discutiendo algunas de las observaciones que se les hicieron, aún hay aspectos que preocupan, opinó Yamileth Angulo, directora del Consejo Universitario de la UCR.
Dicho órgano, tras un análisis que hizo una comisión de especialistas, recomendó no aprobar el proyecto (ver recuadro).
Según se lee en la motivación del proyecto de ley, el principal objetivo es que las personas estudiantes adquieran las competencias necesarias que les permitan ejercer ocupaciones que presenten una alta demanda en los sectores más dinámicos de la economía.
Podrán optar por este tipo de enseñanza jóvenes con 15 años cumplidos y con el sexto grado de escuela aprobado, y se aplica tanto para instituciones públicas como privadas y empresas que deseen implementar esta modalidad en forma voluntaria (ver recuadro).
El diputado Carlos Hernández dijo que las objeciones que tiene el FA son muchas, y han sido planteadas por entidades que han sido consultadas, y tienen que ver con aspectos tales como que la población meta del proyecto no está claramente definida.
Preocupa que esta ley, tal y como se propone, pueda ser un incentivo para la deserción estudiantil en la enseñanza pública, ya de por sí alta, y que muchachos de 15 años o más puedan verse tentados a dejar el colegio, para quedarse en un trabajo y así recibir un ingreso económico, aunque sea pequeño.
“Detrás del proyecto hay una buena intención de generar empleo y oportunidades a la gente, y que exista el equipo técnico para que puedan practicar lo aprendido. El problema es que por tratar de generarles un beneficio y oportunidades a los jóvenes, podríamos generar algo similar al desorden que provocó el arrastre y adelantamiento de materias en el sistema educativo. Esta puede ser otra de las ocurrencias con que se ha venido trabajando en la educación costarricense desde hace tiempo”, advirtió el legislador Hernández, quien además es educador.
Entre las críticas del FA al proyecto –que es impulsado por el diputado liberacionista Ronny Monge con apoyo de las otras bancadas– está la de que entraña un retroceso en derechos laborales de los jóvenes aprendices.
Actualmente existen los llamados “contratos de aprendizaje”, que son una modalidad dual regida por Ley de Aprendizaje de 1971.
Y de acuerdo con sentencias de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, ese contrato no puede utilizarse para reducir los derechos laborales de los colaboradores, por lo que tendrían los mismos derechos que un trabajador común, con todos los derechos irrenunciables, como salario mínimo y aguinaldo. Estos derechos no existirían con la nueva modalidad que se está proponiendo, donde lo que hay de por medio es un contrato civil, no una relación laboral, y el joven lo que recibe es una beca o estipendio menor que el salario, advierte un análisis del FA tras preguntarse ¿a quién beneficia el proyecto?
Representantes del sector empresarial han defendido la propuesta de modalidad dual diciendo que es necesaria para regular este tipo de formación, y para abrir oportunidades a los jóvenes, y que se incorporen con mayor facilidad al mercado laboral en los puestos que las empresas demandan.
Sin embargo, los sindicatos del Magisterio expresaron opinión contraria, por considerar que detrás hay intención de contratar mano de obra barata y que además existe el riesgo de propiciar la deserción estudiantil, entre otros inconvenientes.
Edgardo Morales, secretario general del Sindicato de Educadores Costarricenses (SEC), dijo que la organización se pronunció en el sentido de que ya existe educación dual en el país con la creación de los colegios vocacionales y los técnicos, y lo que habría que hacer es fortalecerlos en lugar de crear otra estructura.
“Nuestro punto de vista es que si se va a invertir en educación dual, mejor tomemos ese dinero, fortalezcamos los colegios técnico-profesionales del Ministerio de Educación (MEP) o al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), para poder comprar más equipo, hacer mejores talleres, crear becas para que los estudiantes no tengan que salir expulsados del sistema educativo y puedan formarse en el ámbito técnico-profesional. Existiendo ya 128 colegios técnico-profesionales ¿por qué no aprovechar ese dinero fortaleciendo estos colegios?”, argumentó Morales.
Llama la atención que se dice que se va a destinar el equivalente al 0,005 del presupuesto de MEP para financiar el Consejo Nacional de Educación Dual que se crearía, pues eso iría en detrimento del dinero que se le podría estar invirtiendo a los colegios, señaló Morales.
El diputado Javier Cambronero, del Partido Acción Ciudadana, minimizó las críticas. Muchas de las objeciones que se hacen giran en torno a un texto inicial que hace rato fue superado por uno nuevo y sobre el que debe hacerse una lectura reposada para analizarlo bien, alegó.
“Con esta ley damos oportunidad a la población de los ninis (jóvenes que ni estudian ni trabajan), pero también un nuevo escenario para el desarrollo de capacidades emprendedoras de la juventud costarricense, como lo están haciendo muchos países en América Latina, Ecuador, por ejemplo. Es una gran oportunidad de innovar en el campo de la formación técnica”, sostiene Cambronero, para quien el proyecto está “tropicalizado” para la realidad de Costa Rica.
Mientras tanto, el diputado Ronny Monge descartó que se incentive la deserción académica, ya que la iniciativa es para los jóvenes que ya están fuera del sistema educativo.
Por otro lado, rechazó que el proyecto provenga de personas sin conocimiento de cómo funciona la formación dual, dado que recoge las propuestas de varios proyectos de ley que se han discutido desde hace años, y fue impulsado por personas calificadas, como el anterior presidente ejecutivo del INA, Olman Segura.
Preocupaciones
Para la directora del Consejo Universitario de la UCR, Yamileth Angulo, el objetivo del proyecto de educación dual es bueno; el problema es la redacción.
Una comisión de especialistas de esta Universidad lo estudió y el Consejo recomendó no aprobarlo. Los diputados incorporaron algunas observaciones, pero aún quedan preocupaciones, señaló.
“Creo que el proyecto puede arreglarse; el problema es que si se aprueba un proyecto de ley donde hay contradicciones y ambigüedades, cuando empiece a aplicarse es donde comienzan los problemas operativos que entorpecen sus objetivos”.
Por ejemplo, no está bien claro cuál es la población que va a recibir los beneficios, ni cuáles son las obligaciones de la empresa con el estudiante que están establecidas en el Código de Niñez y Adolescencia, porque aquí se está hablando de adolescentes involucrados como fuerza laboral.
Otra de las inquietudes es que no está clara la duración de las carreras, ni cuáles van a ser estas. Tampoco se ha llevado a cabo un análisis de cuáles carreras técnicas se requieren en el país.
También preocupa que se involucre a las universidades públicas, y estas no imparten formación técnica del tipo que trata este proyecto. Aunque la UCR desde hace mucho tiempo forma algunos técnicos de laboratorio y en odontología, entre otros, lo hace a partir de necesidades de instituciones como la Caja Costarricense de Seguro Social. Estos programas responden a requerimientos de educación de otra índole, no tan operativas como las que persigue el mencionado proyecto.
Otro motivo de preocupación –agregó Angulo– es que se toca la autonomía universitaria, porque al meter a las universidades en el mismo saco de las instituciones públicas e involucrarlas en el proyecto, es como indicarles indirectamente que sus planes de estudios tienen que ser modificados y eso va en contra de dicha autonomía.
A su parecer, el espíritu del proyecto es bueno en muchos sentidos, porque se da énfasis a los jóvenes desempleados y que no han estudiado, pero si bien la idea es darles una solución, preocupa mucho que esta ley se vaya a constituir en un incentivo para que los jóvenes abandonen el estudio en la secundaria.
“¿Qué pasa si un muchacho pierde el sétimo año y su familia insiste que tiene que repetirlo porque sin estudios no va a hacer nada, pero el muchacho tiene la otra opción, y decide que para qué repetir si puede meterse a educación dual? Es otro de los peligros que vemos en este proyecto”, expuso Angulo.
Al revés
Hace 25 años se empezó un programa de formación técnica dual en el INA con la colaboración alemana, y Leonel Vega Aguirre es el único miembro de ese equipo que queda en la institución.
El programa era exitoso, pero llegó a dirigirlo “gente que no conocía absolutamente nada de formación dual” y lo desmantelaron en 1994, aunque en algunas técnicas como artes gráficas se mantiene la formación, que tiene una aceptación de un 94% en el mercado laboral, apuntó Vega.
Concuerda en que el proyecto de formación dual que se estudia actualmente en la Asamblea Legislativa tiene un fin bueno, pero asegura que los que elaboraron en este y otros proyectos que se han discutido anteriormente, tienen un desconocimiento total de lo que es formación dual.
Para Vega, quien tuvo oportunidad de estudiar al detalle la formación dual en Alemania −donde obtuvo un doctorado−, es errónea la manera como se está procediendo con el proyecto de ley en discusión.
Con una ley no se construye un sistema de formación dual. Primero habría que empezar por un diálogo social, en el que participen empleadores, trabajadores con sus organizaciones y el Estado, para ir construyendo el esquema de acuerdo con la realidad productiva del país, advierte el experto.
En otras partes –añade−, lo que ha pasado es que se deja que mediante el diálogo social el modelo vaya desarrollándose, que tome cuerpo y después se hace una ley, pero no es al revés.
Considera que hace falta definir primero el modelo que necesita el país y si el alemán es el más idóneo para la realidad económica local. No se puede implantar un modelo alemán que tiene cientos de años, desde la Edad Media, a una realidad como la costarricense.
En Alemania la formación dual no es una modalidad, es un “sistema dual”. Está integrado el trabajo en primer lugar, las organizaciones empresariales y las organizaciones de trabajadores.
En opinión de Vega, la formación dual se está presentando como una panacea para combatir el desempleo juvenil, pero no alcanza para eso. “Hasta que no se resuelva cómo solucionar el desempleo juvenil en este país, la formación dual y otros programas no van funcionar; pueden funcionar para unos cuantos, pero no resuelven el problema”, afirmó.
