La Contraloría General de la República (CGR) presentó los resultados de una auditoría sobre la eficacia, eficiencia y economía en la implementación de compras sostenibles en el sector público costarricense, desde el año 2015 al 2020.
Dentro de las principales instituciones públicas señaladas en los informes, se encuentran los Ministerios de Hacienda, Trabajo y Seguridad Social y Ambiente y Energía. Así como también el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica y el Ministerio de Agricultura y Ganadería.
La gerente del Área de Fiscalización para el Desarrollo de las Finanzas Públicas de la CGR, Julissa Sáenz, fue enfática en que las compras públicas contribuyen al crecimiento económico, la protección del medio ambiente y la inclusión de poblaciones a situaciones de vulnerabilidad contribuyendo a disminuir situaciones de pobreza y desigualdad.
Sin embargo, la auditoría permitió determinar que el país presenta, al 31 de diciembre de 2020, un nivel de eficacia “incipiente” en materia de compras públicas sostenibles.
“En la auditoría se determinaron debilidades de coordinación, integración y coherencia en las acciones ejecutadas, así como un rezago en la transformación digital y modernización de procesos vinculado al uso de recursos presupuestarios”, comentó Sáenz.
Después del análisis realizado por la CGR, se emiten dos informes específicos. El primero es sobre la eficacia de la gobernanza en la implementación de las acciones de política pública y el segundo informe trata específicamente sobre la eficacia, eficiencia y economía de la implementación de las compras públicas sostenibles de bienes y servicios agropecuarios.
En cuanto a las acciones de política pública, el país ha alcanzado un nivel de eficacia de un 12% en el avance de la implementación de acciones de política orientadas a evaluar la gobernanza de las compras públicas sostenibles. Lo que representa un porcentaje negativo.
Debido a esto se disminuyó en un 6,73% el esfuerzo en adopción de medidas y mecanismos para integrar poblaciones vulnerables. Además, se disminuyó en un 9,89% en el involucramiento PYMES en actividades de compras públicas sostenibles.
En el segundo informe relacionado a bienes y servicios agropecuarios, se determinó la disminución de la participación de pequeñas y medianas empresas en procedimientos y montos adjudicados.
Se presenta, también, una baja participación de empresas que aplican ciertos criterios de sostenibilidad de producción de bienes y servicios sostenibles. Además no se aplica el enfoque de ciclo de vida de bienes y servicios afectando con ello posibilidades de mejora en procesos productivos para abastecer al Estado.
La CGR emitió en la auditoría disposiciones directas a María Pilar Garrido Gonzalo, Ministra de Planificación Nacional y Política Económica y a Silvia Lara Povedano, Ministra de Trabajo y Seguridad Social, para implementar procesos efectivos en las compras públicas sostenibles, de tal forma que aseguren la continuidad, integralidad y progreso gradual del desarrollo del país.
Por último, se señaló a Renato Alvarado Rivera en calidad de Ministro rector del Sector de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Rural y a Victoria Hernández Mora, Ministra de Economía, Industria y Comercio, como responsables de elaborar, aprobar e implementar, un diseño conceptual y metodológico para la integración de la información de los mercados de bienes y servicios agropecuarios.