Un colón “demasiado fuerte” (o un dólar que paga menos colones a quienes venden sus productos en dólares como las exportaciones y el turismo), la imposibilidad de adquirir agroquímicos más modernos que bajen la toxicidad y los costos de producción; una débil defensa comercial frente a las políticas de dumping a las que recurren otros países y, en general, la ausencia e inacción del Ministerio de Agricultura (MAG) en un sector que –aseguran– hoy es regido por el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).
Estos son algunos de los principales reclamos que la Alianza Nacional Agraria (ANA) hizo al Gobierno la semana anterior, en un tono abiertamente dirigido a comunicar su cansancio por la abundancia de reuniones y la ausencia de soluciones:
“El vaso se está llenando y se va a rebalsar si el Gobierno no toma acciones”, dijo Juan Rafael Lizano, presidente de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA).
La ANA está integrada por la Unión de Productores Agropecuarios (Upanacional), la Unión de Productores Independientes de Actividades Varias (Upiav), la Cámara Costarricense de Exportadores de Costa Rica (Cadexco) y la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA).
La demanda principal es que, debido a la falta de definición de lo que llamaron “una política de Estado”, el sector agropecuario no logra reactivarse como podría, dadas las circunstancias, esto es, cuando la economía del país lleva seis meses seguidos de crecimiento, lo cual indicaría que ya superó su momento más bajo.
En la víspera de las elecciones municipales del 2 de febrero, este reclamo sucede al realizado una semana antes por la Cámara Costarricense de la Construcción y parece enviar a los poderes públicos el mismo mensaje: ¡Despercúdanse!
Guido Vargas, secretario general de la Unión de Productores Agropecuarios (Upanacional) dio a conocer que, desde el 13 de junio del año pasado, entregaron en Casa Presidencial un documento con lo que llamó “una propuesta para reactivar el agro de manera sostenible, darle competitividad a la agricultura”.
Sin embargo, se quejó de que “hasta el día de hoy no recibimos una respuesta. Por eso hoy la propuesta se convierte en una demanda del sector productor”.
El también exdiputado reclamó que la ausencia de financiamiento “para la defensa del patrimonio fito y zoosanitario. Los países desarrollados tienen una chequera para atender esto, pero no Costa Rica. No hay acompañamiento al sector productivo. El Gobierno es un espectador. No se puede dejar solo al sector productivo”.
Puso como ejemplo las desventajas que enfrentan quienes producen caña de azúcar. “Hay una competencia dispareja. Importamos caña de Brasil vía Canadá a precios de dumping –es decir, con aranceles más bajos o sin aranceles– con respecto a lo que cuesta esa misma caña en Brasil”.
Debido a la falta de competitividad en que esto coloca al país, “los agricultores están endeudados, la maquinaria está vieja”, dijo.
También se quejó de las dificultades que encuentran quienes producen arroz, frijol, papa y cebolla, a pesar de las protecciones de que gozan en algunos casos.
Puso, nuevamente, el ejemplo de Brasil, haciendo lo que podría ser la primera petición indirecta para que se devalúe el colón: “Los productores brasileños, con una moneda devaluada, pueden hacer frente a la competencia; los costarricenses, no. No hay una política agropecuaria para Costa Rica que no sea una exposición a las fuerzas del mercado. La ANA demanda que verdaderamente funcione una política de Estado en la que se integren MAG, Comex, Economía, Ambiente. No es solo una responsabilidad de los agricultores que Costa Rica sea un país tan caro para producir”, dijo.
Luego, Luis Chacón, secretario General de la Unión de Productores Independientes de Actividades Varias (Upiav), continuó con el tema de la ausencia de una política de Estado, pero aseguró que quienes rigen las acciones en el sector agropecuario son “los ambientalistas” –entre los incluyó al Minae.
“Necesitamos un Estado que crea en la agricultura y en la seguridad alimentaria, que exista un registro de agroquímicos, de nuevas moléculas, esto abarataría los costos y los precios de los alimentos, pero no lo permiten las amenazas de los grupos ambientalistas que se oponen al Registro de Insumos Agropecuarios. El Minae también se opone”, se quejó.
Protestó porque –afirmó– no predominan los argumentos razonables. “No hay equilibrio emocional en los ambientalistas. Nos reunimos con ellos, pero tiene que haber un equilibrio: ¿qué contamina más, el ganado o los carros?”, preguntó.
“Por más de 15 años no se han podido registrar moléculas que, por otro lado, sí importan nuestros vecinos. Se produciría un 40% más de comida con esos insumos agropecuarios. Es muy lenta la acción estatal. Que el presidente articule bien las acciones de defensa comercial”, pidió (ver también la entrevista).
Además, reclamó que no reciben respuesta del Ministerio de Hacienda sobre su solicitud de mantener el año fiscal tradicional para el sector. “Cuando responden que sí a algo, no ponen la plata”.
Laura Bonilla, presidenta de Cadexco, se centró en la desventaja que enfrentan la agro exportación y el turismo debido a la apreciación del colón.
“El sector agropecuario ha sido un motor potente en la generación de empleo en zonas rurales, pero las trabas burocráticas y políticas no permiten que lo sea ahora”, adujo.
Recordó que recientemente la Promotora de Comercio Exterior dio a conocer que las exportaciones agropecuarias decrecieron en -10,5% y agregó que el tipo de cambio cayó -7%.
“Esto último representa 45 colones menos por dólar para poder pagar planillas y todo lo demás. El sector agropecuario y el turismo están afectados. Además, se incentivan las importaciones”, argumentó.
Ella también mencionó la necesidad de que el Poder Ejecutivo atienda “el problema de las tarifas de APM Terminals, pues significa un pago adicional de $100 millones por sobreprecio”, y demandó que se establezca una tarifa similar a la de los otros países.
A esto sumó la necesidad de atender la ampliación de la Ruta 32, de licitar el contrato para la ampliación de Puerto Caldera y criticó la “falta de flexibilidad y de modernización en la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS)”.
“Estamos afectando el empleo en las zonas rurales”, advirtió (ver la entrevista).
Finalmente, Juan Rafael Lizano, presidente de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA) aseguró que “el desempleo ha crecido cuatro o cinco veces en las zonas rurales. Se perdieron 20 mil empleos. Hay empresas y fincas cerrando”.
Agregó que, en el tema de defensa comercial, la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) no se reúne con la Liga Agrícola de la Caña para producir en Costa Rica el etanol con el que se planea sustituir la gasolina.
En el tema de la apreciación del colón, aclaró que “el tipo de cambio es restringido mientras se devalúa en Colombia y México, lo que nos hace menos competitivos”.
“Lo que reclamamos es que no hay políticas. Antes se congela el infierno. El ambiente domina lo que este Gobierno piensa”, criticó.
La reacción del ministro del MAG, Renato Alvarado, ese mismo día, fue la de afirmar que no es cierto que no atiendan al sector.
“Una vez al mes tenemos una reunión con ANA, donde están todas las agrupaciones, y les reiteramos que queremos seguir trabajando, que está la oportunidad de que nos podamos reunir la semana entrante para atender puntualmente los temas a los que se han referido para darles curso en mesas de trabajo que nos permitan resolver”, respondió.
Sin embargo, en entrevista con UNIVERSIDAD, también reconoció que su despacho se encuentra en un proceso para configurar una “nueva política de Estado” para el sector, la cual entrará en efecto en el año 2021 (ver la entrevista).
Laura Bonilla, de Cadexco:
“Pedimos un poco de flexibilidad”
María Flórez-Estrada Pimentel
¿Ustedes están pidiendo que se devalúe el colón para reactivar al sector?
—Estamos llamando la atención porque, mientras otros países ganan en competitividad por un mejor tipo de cambio, aquí el dólar ha bajado un -7% con respecto al colón. A esto hay que sumar otros factores como la infraestructura.
Es necesario atender el problema de los puertos, a esto le agregamos que no pasa el Registro de Agroquímicos, le agregamos una Caja que prácticamente es un aparato un poco tieso, donde no hay flexibilidad. ¡Qué difícil producir en Costa Rica bajo esas circunstancias!
¿A qué se refiere con que la CCSS debe ser más flexible?
—Jornadas flexibles. Que yo pueda contratar… Por decirle, ¡qué ideal sería que llamemos a las mujeres después de que dejan a sus hijos en la escuela y que vayan a una empresa a hacer tareas por cuatro horas! Hoy la ley no lo permite. Tienen que ser jornadas de ocho horas.
Hay productos que son de temporada alta, como exportar hojas de plátano. Sería ideal que nos permitieran contratar, ojalá mujeres, para que lleguen a limpiar las hojas de plátano los meses de temporada alta. Pero no, las leyes no lo permiten.
Luego, tienes que tener una base alta. Porque no nos piden una base mínima contributiva; no, nos piden el salario mínimo. Entonces, pedimos un poco de flexibilidad y con eso arreglamos la informalidad que hay en todo Costa Rica.
¿No han tenido reuniones con el presidente para hablar sobre esto?
—Sí, claro, claro. Y hemos hablado, pero en lo que estamos, incluso, con esta conferencia, es porque no sucede nada. No funcionó nada en el 2019. Lo único que sí, debo reconocer, que logramos, fue lo de la amnistía sobre el uso de los pozos de agua, porque debido al fenómeno del Niño, no teníamos agua, pero con un recurso de amparo, eso ya está detenido.
Debo reconocer que eso fue, pero ahora nos pararon con ese recurso de amparo. Porque, netamente, lo que hay es una burocracia en este país.
¿Es un tema de burocracia o un tema ideológico, como dijeron?
—Yo diría que es una combinación, más la falta de políticas públicas para el sector agropecuario.
Luis Chacón, de Upiav:
“El Minae habla de “agro-tóxicos”; nosotros, de “medicina”
María Flórez-Estrada Pimentel
Cuando ustedes hablan de poder importar nuevas moléculas para los agroquímicos ¿a qué se refieren?
—Las moléculas son nuevos insumos con menos toxicidad que las que hay hoy día. Por ejemplo, en banano. Cada diez días hay que aplicar una atomización. Con la nueva molécula vamos a atomizar 20 veces por año. Eso baja la incidencia que es necesaria para atomizar el banano. Y eso también bajaría los costos.
¿Las organizaciones ambientalistas se oponen a esto?
—Es que tenemos toda una resistencia a nivel de medio ambiente para el registro de estos insumos. Entonces, competencias del Ministerio de Agricultura las asume otro ministerio.
Lo que uno escucha del Minae es que incluso le dice “agrotóxicos”, nosotros le llamamos “medicina de las plantas”. Nosotros los humanos consumimos medicinas para controlar nuestras enfermedades. Una planta ocupa medicinas para controlar la parte de enfermedades que también son hongos, bacterias, etcétera, porque el mundo los está usando.
Es más, la exigencia internacional para comprar de Costa Rica productos de exportación nos obliga a que tenemos que ir quitando ya ciertos agroquímicos, entonces no podemos producir si no hay un apoyo.
¿Y usted afirma que estas mismas moléculas sí están presentes en alimentos que Costa Rica importa y consume?
—Es correcto. Costa Rica importa café, arroz, frijoles y todos estos productos vienen con esos insumos. Entonces ¿esa parte cómo la resolvemos? El productor nacional queda en desventaja total.
Renato Alvarado, ministro del MAG:
“La nueva política de Estado comenzará en el 2021”
María Flórez-Estrada Pimentel
Usted afirmó que se reúnen una vez al mes con la ANA, pero sus representantes dicen que ya se cansaron de reuniones y exigen acciones y la definición de una “política de Estado”. Aseguran que, si esto no ocurre, tomarán acciones de otro tipo. ¿Qué puede decir a esto?
—Efectivamente, nos reunimos una vez al mes con el objetivo de buscar y dar respuestas a los problemas puntuales del sector agropecuario, en ningún momento en el foro de ANA se ha planteado una política de Estado.
Además, quiero resaltar que en el sector agropecuario estamos trabajando, desde el año anterior, en una política de Estado que entraría en vigor a partir del 2021, año en que finaliza la vigencia de la actual “Política de Estado para el Sector Agroalimentario y el Desarrollo Rural Costarricense 2010-2021”.
Estas organizaciones afirman que la política agropecuaria la dirige el Minae, no el MAG. ¿Qué puede decir a esto?
—Esto no es correcto. No obstante, hay que decir que cada vez más los sectores tienen mayor interdependencia y esto es lo que sucede con agricultura y ambiente.
En esta administración, hemos procurado trabajar con el Minae en la construcción de una agenda agroambiental que permita el desarrollo sostenible del sector agropecuario.
Además, debemos ser conscientes que hoy día el sector ambiente y el sector agrícola no son excluyentes entre sí.
Otro reclamo es que en el manejo del tipo de cambio se tome en cuenta la falta de competitividad en que cae este sector, cuando en países como Brasil, Colombia y México se deprecian sus monedas. ¿Van a discutir esto con el Banco Central de Costa Rica de cara a la política cambiaria?
—Este tema está fuera del resorte de esta rectoría y le compete a la política monetaria que desarrollan en el Banco Central.
¿Cómo puede garantizar a la ANA que pasarán de las reuniones a la concreción de acciones? ¿Establecerán plazos?
—En anteriores ocasiones le he planteado a la ANA establecer matrices de trabajo en las cuales se establezcan plazos que permitan medir los avances en los diversos temas, sin embargo, no lo hemos logrado. Y este es uno de los puntos que vamos a fortalecer para continuar avanzando en los principales temas de la agenda agro-productiva.
