Cecilia Sánchez: “Sé que es un tema violento”

No iba a dar más entrevistas a medios porque siente que no le entienden o no le quieren entender su política penitenciaria y que la discusión ya se tornó violenta, irracional.

Parece hastiada, pero después la ministra de Justicia, Cecilia Sánchez, piensa que bien vale un esfuerzo más y accede a hablar una hora sobre la política penitenciaria que ya le ha valido una avalancha de críticas y algún insulto. Y amenazas. Y cuestionamientos al gobierno de Luis Guillermo Solís como un todo.

Este es el extracto de la entrevista realizada el viernes por la mañana, tres días antes de que el Instituto Nacional de Criminología acordara suspender la circular 8-2016, una de las dos que promovían la reubicación de privados de libertad para reducir el hacinamiento en cárceles. Sí, esas a la que se achaca el supuesto envío de cientos de delincuentes a las calles.

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“Costa Rica en los últimos 10 años ha apostado por hacer de la cárcel la pena por excelencia ante conductas de escasa afectación. Un populismo punitivo, desconociendo que hay muchos factores y entre los principales está la inequidad social”.

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Sentada en su despacho horas después de saberse convocada para rendir cuentas ante los diputados, Sánchez admite que no pensó llegar a este incendio político. Se sigue considerando una técnica que aprovecha la oportunidad de aplicar sus teorías académicas e impopulares. Por eso sabe que nada le garantiza llegar en el cargo a mayo del 2018.

¿Estaba presupuestada esta controversia tan intensa?

• Sinceramente no, porque lo que ha habido es una respuesta desproporcionada a partir de una información inadecuada. Efectivamente, el Ministerio de Justicia toma una decisión que estaba pendiente. Se toma por el alto índice del hacinamiento carcelario y las condiciones humanas en los centros penitenciarios, con denuncias ante la Corte Interamericana y porque los Tribunales de Justicia me han ordenado cierres técnicos de las cárceles, lo que nos impide reubicar gente de un centro a otro. La Sala IV también nos ha dado esa orden.

¿Es sostenible?

• Tenemos una situación insostenible desde la política de represión del delito en este país. ¿Por qué están las cárceles saturadas? Bueno, porque la política criminal de los últimos tiempos ha criminalizado muchas conductas que bien podrían penalizarse de manera distinta a la prisión. Costa Rica en los últimos 10 años ha apostado por hacer de la cárcel la pena por excelencia ante conductas de escasa afectación. Un populismo punitivo, desconociendo que hay muchos factores y entre los principales está la inequidad social.

Este tema no fue parte de la propuesta de campaña del PAC ni de don Luis Guillermo. ¿Cómo es que ahora el gobierno, con usted como Ministra, empuja fuerte una política tan discutible?

• Frente a una oferta político-electoral que dice que el PAC defiende los derechos humanos, tengo que ser consecuente para que ese discurso de manifieste en las políticas penitenciarias.

Ni siquiera se tocó en campaña cuando se habló de seguridad.

• Lo que pasa es que hay una gran incomprensión de quienes creen que el tema de la seguridad es solo de policía, más patrullas, más armamento y criminalización de conductas. Se perdió de vista que el tema de la seguridad está ligado a la política penitenciaria. Si esta brindara herramientas de capacitación espiritual, laboral, académica, de deporte, podría devolver a la sociedad personas que no retornen a las carreras delictivas.

Para la mayoría, las cárceles son lugares que solo sirven para sacar de circulación a los criminales. Nadie espera otra cosa.

• Es que nunca se ha dado importancia a la ejecución de la pena. Lo que importaba era la condena y hasta luego, cuando más bien ahí empieza la parte más importante, la de la rehabilitación. Nosotros hemos apostado por una realidad de inserción social que, lo sabemos, es muy difícil de cumplir en las condiciones actuales de nuestras cárceles. Tenemos que preguntarnos para qué castiga un Estado ¿Para tener a medio mundo enjaulado e incrementando su bagaje de violencia? Está claro que quien cometió un hecho delictivo tiene que pagar con la pena correspondiente, pero esta misma pena tiene procesos para ejecutarse.

¿Cree que las críticas son genuinas?

• Dudo que alguien pueda pensar que las cárceles nuestras cumplan alguna función para que una persona se conmueva, reflexione y se redima. Basta visitarlas para ver que eso es imposible. Puede que los no formados en derecho piensen que ellos son vagabundos, que los estamos engordando o que están en hoteles de cinco estrellas, u otros prejuicios. Pero las personas que conocen saben que no es así. Algunos solo se sensibilizan con la situación cárcel cuando le toca a un pariente cercano.

¿Tiene conciencia del callejón sin salida en que está?

• Tengo muy claro que me tocó lidiar con un tema impopular, porque lo que vende es prometer encarcelamiento de todo el que comete un delito y sacar de circulación a los criminales. Yo estoy de acuerdo en que han subido ciertos hechos de violencia pero no podemos aplicar el parámetro de manera indiscriminada. Eso solo nos ha provocado que quienes ingresaron a la cárcel por un hecho delictivo de baja monta salen convertidos en criminales profesionales.

¿Cree que puede convencer al menos a un grupo de la población?

• Pese a toda la censura que tengo, es rescatable poner al menos en discusión el tema de las prisiones y sus finalidades. Creo que de alguna manera vamos ayudando a comprender, sobre todo a quienes visitan las cárceles. Es que eso es impactante. Es inaceptable que jueces que condenan a prisión no conozcan cómo es esa prisión. Yo invité a magistrados, pero solo nos acompañaron doña Nancy Hernández y Fernando Cruz.

¿No los acompañó don Carlos Chinchilla (presidente de la Sala de Casación Penal)?

• Yo le he pedido que vaya. Yo quiero dialogar y posicionar un tema. No quiero un pulso. Soy sumamente vehemente, con convicciones muy sólidas, creo en esto; demuéstrenme que no es justo ni lógico defender los derechos de los privados de libertad. En las cárceles ellos se enfrentan a privaciones de derechos humanos como el mismo derecho al amor, que es lo que los hace humanos.

Usted habla del “derecho al amor de los privados de libertad” en un contexto de enojo en que la gente la culpa de llenar de criminales las calles. Es difícil hacer que cuele. ¿No se está dando cabezazos contra el muro?

• Aunque me los diera, tengo que seguir. El derecho al amor es para toda la sociedad. La sociedad moderna privilegia lo que se tiene y no lo que se es; eso ha generado relaciones sociales que han hecho de las emociones y del afecto valores muy desconocidos. Un escritor colombiano (Luis Carlos Restrepo) habla del “derecho a la ternura” y todos estos valores los deberían tener los privados de libertad. Ellos han afectado los derechos de otras personas y hacemos esfuerzos para que ellos lo reconozcan y comprendan su error; pero para lograr ese objetivo no puedo seguir afectándoles sus derechos.

¿UNA POLÍTICA PAC?

 Usted habla con propiedad, pero cabe preguntarse si el Gobierno la respalda, el equipo de gobierno…

• Yo siempre expreso mis convicciones ante el señor Presidente en el Consejo de Gobierno y he sentido un gran respaldo. Estoy consciente de que el tema no es fácil y de que hay que aclarar cosas. Sé que este es un tema violento, políticamente violento.

Tampoco fue bandera de su antecesora en este gobierno, Cristina Ramírez.

• Cristina tenía una visión un poco distinta sobre las respuestas. Nosotros también estamos aumentando espacios carcelarios, con la meta de 3.800 nuevos al finalizar esta administración, pero no basta con eso si no hay cambios de enfoque. Yo quiero comprometer a los privados de libertad y por eso me dirijo a ellos directamente, hasta con cartas. Sé que he sido objeto de burla, pero quiero hacerlos comprender que hay un esfuerzo del Ministerio por posibilitar su reubicación, pero yo necesito el compromiso de ustedes de aprovechar esa oportunidad, que si ustedes fallan impiden a otros disfrutar de esa oportunidad.

Un 2%, la tasa de reincidencia en quienes obtiene el beneficio de reubicación.

• Sí, es un 1,9% de los beneficiados con las dos circulares que son extraordinarias, no permanentes, y que mantiene la potestad del Instituto Nacional de Criminología de revisar los casos, que es el órgano técnico de Justicia. Además siempre se han hecho valoraciones ordinarias; usted sabe que Justicia reubica gente desde hace años pero resulta que ahora todo el mundo se sorprende. Siempre se ha hecho; si no el sistema penitenciario hubiera colapsado. ¡Es que hay 7.000 ingresos al año entre indiciados y condenados!

Le entendí que no tiene certeza del respaldo de todo el gobierno.

• Yo diría que sí me siento acompañada, pero sin duda tengo que aclarar las cosas bien para que haya comprensión.

Al ministro de Seguridad, por ejemplo.

• Con don Gustavo Mata… él ha expresado públicamente que no está muy de acuerdo con las decisiones, pero que él las respeta y no hemos tenido enfrentamiento.

El OIJ reclamó que Justicia no comparte las listas de los candidatos a beneficios.

• Bueno, hicimos un acuerdo aunque a don Wálter Espinoza (director del OIJ) no le gusta llamarlo así, porque dice que no fue nada formal. (…) ¿Entonces no quiere coordinar? ¿O es que le preocupa compartir críticas de la ciudadanía aunque se haga lo correcto? Yo respeto que no quieran el costo político, pero entonces no exijan compartir las listas. Yo a él le dije que lo lamento.

Hagamos un repaso. El presidente de la Sala de Casación Penal, el fiscal general Jorge Chavarría, el director del OIJ, el ministro de Seguridad, líderes de opinión conocidos, como el abogado Juan Diego Castro, personas y personajes en redes sociales… Son muchos los flancos desde donde la critican a usted y al presidente Solís. ¿Es sostenible esta situación?

• Mire, yo me sostendré hasta donde el presidente me sostenga. Para mí es muy desgastante. Yo asumí el reto porque toda mi vida la dediqué a estudiar e investigar y se me da la posibilidad de tener incidencia sobre un tema en el que he llamado la atención. Ahora traigo la teoría a la práctica, pero el desgaste deriva de que tenemos que estar pendientes de la noticia de si alguien cometió un delito porque de una vez lo asocian con las reubicaciones. Para mí es de un desgaste enorme, las amenazas, la violencia…

¿Cuál sería el punto límite?

• Todo tiene su momento y su racionalidad. Yo hoy puedo asegurarle que me puedo sostener, pero eso no significa… quiero que quede claro: mi mayor preocupación es que estas decisiones generen la posibilidad de golpear de manera grosera al Gobierno o hasta pedir hasta la cabeza del Presidente.

El presidente dijo lo de “una golondrina no hace verano” y acabó en chota. ¿Cree que han defendido bien el tema?

• El problema es que a veces es un diálogo de sordos. Nosotros decimos las cosas, pero lo que se publica es otra cosa. Hemos pasado de un populismo punitivo a un patanismo punitivo, porque se nos responde con argumentos groseros y cuestionando nuestra propia integridad personal. Todo lo que se diga se toma en otro sentido.

¿Sí lo comprende al menos don Celso Gamboa, su hijo y nuevo magistrado de la Sala de lo Penal?

• Es difícil. Celso es mi hijo y opinar sobre él es complicado. Puede ser él, pero también el magistrado (Manuel) Arroyo.

Ni siquiera tiene la defensa de todos los diputados del PAC y otras figuras del partido.

• Entiendo eso. Hay figuras a quienes no conozco. El PAC es heterogéneo y algunos no están tan involucrados en estos temas. Pero yo soy técnica y no política. Yo camino por donde creo correcto en materia de principios y de lealtad a la ley y al Presidente de la República (a quien conoce desde años atrás por vínculos universitarios). Mientras él me respalde, yo me mantengo.

¿No será que usted trata de implementar políticas que serían buenas, pero para otros países?

• No puede ser inadecuada en Costa Rica una política de derechos humanos. Ese es el tema central y le compete a cualquier país, desarrollado o no. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos me solicitó ir a exponer estos procesos, porque el secretario general, James Cavallaro, siempre ha expresado su complacencia por las decisiones de este Ministerio.

Por las circulares de reubicación o por la política en general.

• En general nos han preguntado por el proyecto aprobado que cambia el funcionamiento del registro judicial de delincuentes. Es que además de las reubicaciones impulsamos construcción de espacios carcelarios y proyectos legislativos para reducir el hacinamiento, como el de proporcionalidad en la pena de los delitos a cargo de las diputadas Karla Prendas y Silvia Sánchez (PLN), además de un plan para regular el trabajo de los privados de libertad como pena. También el proyecto de ejecución de la pena para que la resuelvan los jueces. La Sala Constitucional obligó a aprobar esta ley y ha llamado a hacer un abordaje integral.

Es curioso que la Sala Constitucional sea la instancia judicial sobre la cual sustente sus políticas y en cambio la Penal…

• Es porque en el fondo hablamos de Derechos Humanos, de los cuales la garante es la Sala Constitucional. Caramba, ¿qué hago yo? ¿Desobedecerle para no ser impopular?

FRENO A LOS BRAZALETES

 Pero se pregunta uno si se preparó el terreno con planes como el de los brazaletes electrónicos.

• Esa es una de las herramientas que menos contribuiría a bajar el hacinamiento, porque la ley de brazaletes restringió el ámbito de posibles personas para usar ese dispositivo. A ese sujeto habría que hacerle proceso para definirle a dónde puede ir o no, para que no se salga de cobertura, además con un diseño tecnológico muy costoso. Estamos valorando la posibilidad de una contratación de otro tipo con empresas públicas, porque esa es sumamente cara y los dineros del empréstito del BID que eran para brazaletes los estamos redireccionando para construcción, $1,5 millones.

Esto usted hasta ahora no lo había dicho.

• No, porque estamos en el proceso de establecer las condiciones para un marco legal que permita contratar una empresa del Estado.

¿Ya no habrá brazaletes, entonces?

• Sí, pero en un proyecto piloto más pequeño. Estamos pensando en 100 unidades. Los países que tienen ese dispositivo han pasado años implementándolo; Uruguay pasó cuatro años para tener 200… El proceso no es de corto plazo.

Hemos pasado varios años hablando de los brazaletes como una solución parcial y ahora resulta que tampoco son útiles.

• Son muy útiles en violencia contra las mujeres, aunque eso implica un dispositivo para el agresor y un dispositivo para la víctima, para monitorear si se acercan. Esto no es tan fácil. Estamos trabajando un proyecto de ley de mejora de lo aprobado con estos dispositivos. Yo no desprecio este recurso, pero creo que la expectativa había superado la realidad (…) Eso no le impide a nadie robar. El dispositivo permite controlar la ubicación de la persona, no sus actos.

Un debate con insultos y amenazas

 Álvaro Murillo

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Dos días antes de que un hombre la insultara de frente en un centro comercial, la ministra de Justicia, Cecilia Sánchez, advirtió sobre el clima hostil que gira en torno suyo por las políticas penitenciarias que impulsa.

Sánchez, que ocupa por primera vez un cargo de carácter político, asumió la cartera en agosto de 2015 y desde entonces decidió poner en práctica sus estudios sobre política penitenciaria, los cuales se han recibido con críticas de un sector de la población y de las autoridades.

O más que enojo, violencia y amenazas. “Me dicen que me van a violar, a asesinar a mí o a mi familia, que me van a robar… Es decir que de cualquier manera van a violentar mis derechos humanos”, contó la jerarca este viernes al mediodía.

“Las he recibido por muchas vías. Yo no quería reforzar seguridad porque la gente dice que claro, que la Ministra no tiene miedo porque anda superescoltada… No es cierto, pero evidentemente mi espacio personal se restringe porque siento que me siguen; hay seguimiento de mi persona y de mi entorno. Ahí es donde digo que la discusión pierde valor, pero tengo que soportarlo”.

Eso soportó el domingo cuando, según contó el viceministro Marco Feoli, en la cafetería Spoon del centro comercial Terramall se encontró con un hombre que la encaró y le soltó: “Usted es la roca que nos está llenando de delincuentes, debería darle vergüenza, vieja”. Y según Feoli la agresión hubiera seguido de no ser porque el acompañante del agresor lo detuvo.

Sánchez, sin embargo, advierte que tampoco está dispuesta a hacer de mártir. “Me preocupa poner en mayor cuestionamiento al Presidente, porque yo creo profundamente en él y recibo de él todo el respaldo, pero yo tengo que analizar si en determinado momento las decisiones del Ministerio de Justicia se vuelven un elemento que genera una mayor agresión contra el gobierno de la República. Tengo que tener conciencia de que lo mío es un pequeño espacio y el Gobierno tiene un área más amplia. No quiero afectar al Gobierno”.