Hoy se suspendió la audiencia programada en el Juzgado Penal de hacienda por la denuncia que investiga el Ministerio Público contra 16 funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), por el presunto delito de influencia contra la Hacienda Pública, por supuestamente causar una crisis financiera en la institución, que habría tenido secuelas en la prestación de los servicios de salud.
La audiencia prevista para esta mañana es parte de la fase indagatoria de la causa 12-000046-0615-PE, enviada al Juzgado Penal de Hacienda el 13 de marzo de 2020 por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta). La audiencia estaba programada para iniciar hoy y extenderse hasta el 20 de agosto.
UNIVERSIDAD consultó al Poder Judicial por qué se suspendió la audiencia y para qué fecha se había reprogramado pero no se pudo obtener respuesta antes de la hora de cierre.
En 2012, el economista y funcionario de la CCSS, Daniel Muñoz Corea, interpuso una denuncia contra 16 altos mandos de la Caja por supuestas irregularidades en un proyecto de política salarial, en el cual habrían falseado datos que causaron una crisis financiera de la institución. Según Muñoz Corea, esto tuvo secuelas en la prestación de los servicios de salud que utiliza la población y en el régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
La denuncia hace una relación de hechos y pruebas documentales sobre presuntas omisiones, incumplimiento de funciones y hasta posible dolo de gerentes y jefes de la CCSS, que habrían llevado a que la junta directiva aprobara (en el periodo 2006 – 2010, bajo la presidencia ejecutiva de Eduardo Doryan), aumentos en remuneraciones al personal y otras decisiones tomadas sin el debido respaldo técnico.
En 2012, la “Comisión Especial Investigadora de las causas, responsabilidades y responsables de los problemas de la Caja”, en la Asamblea Legislativa analizó el caso (Expediente 18.201) y en 2016 la Comisión de Ingreso y Gasto Público también analizó la denuncia.
Ante esta última comisión legislativa, Muñoz Corea afirmó que los denunciados habían alterado informes financieros para que mostraran una holgura suficiente para ajustar la política salarial y elevar el tope de la cesantía de 12 a 20 años; pero que en poco tiempo, las medidas desequilibraron las finanzas de la institución, según reportó UNIVERSIDAD en ese momento.
De acuerdo con datos difundidos por el ciudadano Roberto Mora, “el Cobrador de la Caja”, en agosto de 2020 la Procuraduría General de la República informó que el daño social causado por los imputados en la causa se estimaba en ¢210.279 millones entre el 2006 y el 2010, según un peritaje realizado.
El actual gerente financiero de la institución, el economista Gustavo Picado Chacón, nombrado el pasado 22 de abril, es uno de los investigados en esta causa judicial.
